Miguel Gerardo Flores Hernández, sacerdote Misionero de la Sagrada Familia quien realizaba sus actividades apostólicas en el Estado de Michoacán, desapareció el 18 de agosto. Una semana después, sin tener pista o rastro alguno de su paradero, la Iglesia de la Arquidiócesis de Morelia expresó su “preocupación” solicitando oraciones por la aparición y bienestar del ministro; sin embargo, el caso del padre Flores Hernández es tan solo uno más en la dramática situación de los miles desaparecidos en el país: nada se sabe de ellos…
En abril de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. El amplísimo documento, fruto de 102 propuestas para la atención integral del problema de la desaparición de personas, fue dirigido a diversos secretarios de la Administración Pública Federal, además de titulares de otros Poderes de la Unión, gobernadores de los Estados, diversas autoridades de distintos niveles de gobierno y titulares de las fiscalías generales y procuradurías estatales, e indican las alarmantes cifras sobre desapariciones desde 2009 hasta 2017.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), no se sabía del paradero de aproximadamente 30 mil personas: “28.937 del fuero común y 966 del fuero federal, concentrándose el 82.71% de los casos en 11 estados y en la última década se advierte un incremento en las cifras de personas desaparecidas”. Para la CNDH es preocupante el “aumento de hallazgos de fosas clandestinas y el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumados, derivado de la violencia provocada por la delincuencia organizada”.
¿Por qué se ha llegado a este estado de cosas? Los organismos y defensores de los derechos humanos coinciden en señalar que el factor de la descomposición está en la impunidad y corrupción; sin embargo, otro elemento parece determinar esta grave condición. El mismo informe de la CNDH es tajante: “la falta de procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono…”
La situación de los familiares de los desaparecidos parece, entonces, estar en un callejón sin salida en este país, cuando ya recurren a organismos e instancias internacionales para obtener lo que aquí les ha sido negado. La presión tuvo una válvula de escape cuando en los foros de escucha para trazar la pacificación del país y la reconciliación nacional del próximo gobierno 2018-2024, las víctimas han expuesto sus reclamos exhibiendo el penoso drama y el dolor, reclamando justicia y conocimiento de la verdad. Por años, su voz y lucha han sido acalladas e ignoradas ante la falta de compromiso, promesas frustradas y ausencia de resultados contundentes, mientras las disputas entre cárteles y grupos delincuenciales afectan amplios sectores impactando especialmente en la población joven. Según el RNPED, hay cerca de 17 mil personas menores de 29 años desaparecidas o extraviadas.
Para enfrentar esta situación, se ha propuesto la integración de Comisiones de la Verdad que intenten aportar elementos para saber dónde están todas las personas desaparecidas y, sobre todo, conocer quiénes han sido los responsables de estos casos indignantes; sin embargo, cualquier foro de escucha o comisiones creadas para estos propósitos no serán realmente efectivos si las próximas autoridades evaden la aplicación de medidas reales y contundentes para acabar con la impunidad, a la vez de realizar reformas que modernicen corporaciones policiales, autoridades ministeriales y la procuración de la justicia a la que todos tenemos derecho. Debe, por lo tanto, implantarse un profundo cambio de mentalidad para abatir el sistema corrupto y decadente.
Para resolver las desapariciones, el Episcopado Mexicano ha manifestado que no bastan las buenas intenciones. Los obispos manifiestan “que la incertidumbre que acompaña a los familiares no desaparecerá de sus vidas sino hasta que den con el paradero de sus desaparecidos… Y aquellos que están viviendo esta experiencia, esperan un pronunciamiento que los acompañe en su indignación”.
***
Al cierre de este artículo editorial, el Centro Católico Multimedial tuvo conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida del sacerdote desaparecido. Expresamos nuestra profunda indignación y nos unimos a la oración de la Iglesia del Estado de Michoacán para ver el fin de la “grave situación de violencia en nuestros pueblos”. Descanse en paz, Miguel Gerardo Flores Hernández, presbítero (1970-2018).
*Observatorio sobre la situación de los derechos humanos fundado por la Iglesia de Ciudad de México
ametalli@gmail.com
