Producen impresión los números que difundió hace pocos días el Centro Nacional de memoria histórica (CNMH) de Colombia, instituido después de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc para determinar con precisión las dimensiones y las responsabilidades de medio siglo de violencia e indemnizar a las víctimas que sufrieron sus efectos. El informe que acaba de ser publicado documenta que hubo más de 262.000 muertos en los últimos sesenta años, un promedio de un delito fatal cada dos horas, y 80.514 desaparecidos, casi cuatro por día. Otras 37.094 personas fueron víctimas de secuestro y los actores del conflicto – paramilitares, guerrilleros, agentes del Estado – cometieron 15. 687 ataques sexuales. En el mismo período se produjeron 4.222 masacres con 24.518 víctimas. De los 262.000 muertos registrados durante el conflicto armado, el 43% se atribuye a los paramilitares de derecha y el 16% a los guerrilleros.
Las cifras de la violencia en México no son muy diferentes. Desde que el entonces presidente Felipe Calderón decretó la guerra contra el tráfico de drogas en diciembre de 2006, hasta el pasado mes de junio, vale decir un total de 11 años y medio, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha contabilizado 257.555 homicidios, uno cada 25 minutos. El saldo de las víctimas en la presidencia de Calderón asciende a 121.613 muertos y 24.956 desaparecidos, pero Peña Nieto logró algo que parecía imposible: superar a su antecesor del Partido de Acción Nacional.
El total de 519.753 muertos en Colombia y México, que equivale a la población de una gran ciudad o a un escenario de guerra abierta entre dos o más naciones del planeta, resultaría increíble si no estuviera documentado. Las dos situaciones tienen en común un mismo actor que concentra la principal responsabilidad de la violencia: la producción y tráfico de droga destinada a los mercados estadounidense y europeo. Las diferencias entre los dos países, obviamente, son varias. En primer lugar, las cifras de Colombia corresponden a un conflicto armado interno que involucra guerrilleros, paramilitares, Ejército y otros sujetos relacionados con matrices delictivas o ideológicas que han aprovechado la situación. Las cifras de México, en cambio, son fruto de una guerra entre el crimen organizado y el Estado, no siempre transparente. Aunque hay que tener presente que México tiene una población 2,6 veces mayor que Colombia y que los datos de víctimas fatales en Colombia comprenden un período de 60 años, entre 1958 y julio de 2018, mientras las de México abarcan solo 11 años y medio, los seis años de la presidencia de Calderón y lo que lleva la presidencia de Peña Nieto, quien no pudo o no quiso cambiar la fallida estrategia de seguridad de su antecesor. Bajo el mandato de Calderón (2006-2012), los homicidios aumentaron un 102% con relación al de su predecesor, Vicente Fox, y los cárteles alcanzaron un control territorial sin precedentes, lo que abrió el camino a la formación de grupos de autodefensa en los estados de Michoacán y Guerrero. También hay que recordar masacres como la de 2011 en San Fernando, estado de Tamaulipas, donde se encontraron fosas clandestinas con unos 200 cadáveres de inmigrantes centroamericanos, y la del Casino Royale de Monterrey, que dejó 53 muertos en un solo episodio.
A diferencia de México, donde la guerra contra los grupos armados ilegales no se puede decir que haya tocado fondo, en Colombia se registra una declinación sensible y continuada de la violencia. Las muertes selectivas alcanzaron su punto más crítico en 2002, cuando se registraron 16.393 víctimas, mientras el año pasado se registraron menos de 100. Los homicidios bajaron en 2017 a un mínimo histórico: 11.718 casos, que equivale a 24 por cada 100.000 habitantes, el índice más bajo de los últimos 42 años.
En la medida en que el nuevo gobierno del presidente Iván Duque cumpla con los compromisos asumidos por el Estado colombiano y apacigüe al sector más radical de su partido, el Centro Democrático que ha prometido “hacer trizas” los acuerdos con las Farc, la violencia en Colombia seguirá en descenso. En México habrá que ver si la nueva estrategia propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador es capaz de romper el ciclo de violencia que comenzó con la guerra que declaró Calderón al narcotráfico.
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