Desde que en 2003 el entonces arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, lo nombró Vice Canciller del arzobispado más grande y más importante de Chile, y uno de los más relevantes de América Latina, el padre Oscar Muñoz Toledo siempre fue un sacerdote silencioso, discreto y tranquilo (sus amigos solían decir “es tan sigiloso y felino que a veces parece que no existiera realmente”). O por lo menos así era hasta el 5 de enero de 2018, vale decir tres días después de la autodenuncia por haber cometido abusos sexuales contra un menor de su familia.
Muñoz Toledo fue también un sacerdote con muchísimo poder, de él se hablaba casi con reverencia, y para el clero de la arquidiócesis estaba fuera de su alcance, tal era el aura de poder y reserva que lo envolvía. Otros subrayan que el sacerdote no tenía gran poder de decisión, de tipo ejecutivo, aunque por sus manos pasaba toda la información más importante del arzobispado: denuncias de todo tipo, contratos y licitaciones, movimientos financieros, nombramientos, traslados, recompensas y castigos. Como “notario” de la arquidiócesis el padre Muñoz Toledo debía estar presente en todas las reuniones importantes, preparar síntesis y certificar numerosos actos, incluso los del arzobispo. En otras palabras, este cargo de Canciller, aparentemente burocrático, convertía a su titular en una persona de total y absoluta confianza del obispo ordinario diocesano. Por eso, en junio de 2012 el nuevo arzobispo, cardenal Ricardo Ezzati, nombró canciller al padre Muñoz Toledo. Vale decir que como Vice Canciller primero (2003-2011) y luego como Canciller (2011-2018) el sacerdote fue durante 15 años el hombre de confianza de dos cardenales, así como custodio de todos los secretos más relevantes de ese período, entre otros el caso del sacerdote pedófilo serial Fernando Karadima.
Precisamente sobre las conexiones entre el caso Karadima y la biografía y personalidad del Canciller se ha empezado a indagar en profundidad. Algunos investigadores consideran que existen fundadas sospechas de que el Canciller, cuando se llevaban a cabo las investigaciones, haya negado u ocultado a la justicia ordinaria civil mucha información sobre Karadima y su Pía Unión Sacerdotal. Cabe recordar que el juicio civil contra Karadima se cerró hace varios años sin ninguna sentencia, por prescripción de los delitos. Ahora, por cuanto declara el cardenal Ezzati (en una Nota oficial escrita el 14 de julio), se sabe que el sacerdote, en fecha 2 de enero de 2018, 13 días antes de la llegada del Papa a Chile, presentó a la Opade (Oficina Pastoral de Denuncias del arzobispado) una autodenuncia, atribuyéndose la culpa de haber violado hace años a un menor de su familia. Se verifica así un extraño caso de conflicto: Muñoz Toledo es al mismo tiempo el denunciante que se autodenuncia y el Canciller de la arquidiócesis encargado de recibir el documento de la Opade para transmitirlo al arzobispo.
El 4 de enero de 2018, dice Ezzati de manera genérica, “en el Arzobispado de Santiago se recibe el acta de la autodenuncia”. ¿Pero quién recibe el documento?, ¿él, su secretario u otro funcionario? No se sabe, y el cardenal Ezzati no aclara ese punto. Al día siguiente, explica el purpurado, comenzó la investigación previa y al mismo tiempo se decretan las siguientes medidas cautelares para Muñoz Toledo: a) Restricción absoluta del ejercicio público del ministerio sacerdotal; b) Cese inmediato del oficio de párroco; c) Cese inmediato del oficio de Canciller; d) Se le fija una residencia obligatoria donde debe esperar instrucciones.
Pasados 26 días, concluye la investigación previa y el veredicto es claro: los hechos autodenunciados son verosímiles y hay testimonio de otros delitos sexuales dentro del mismo ambiente familiar. El 1º de febrero, dado que en la investigación previa se ha confirmado que en los delitos del sacerdote se ven involucrados menores de edad, el arzobispo Ezzati envía el expediente a la Congregación para la Doctrina de la Fe (como estipula el documento “Delicta Graviora” , cuyas normas establecen que “los delitos más graves” están reservados específicamente a esta Congregación). Posteriormente, el 1º de junio pasado, la Opade recibe una nueva denuncia contra el padre Muñoz Toledo de abuso sexual de un menor de edad; los documentos se envían de inmediato al Vaticano y el 6 de julio el arzobispo R. Ezzati recibe de la Congregación para la Doctrina de la Fe una carta que ordena al cardenal que dé inicio a un proceso administrativo penal contra el ex Canciller. Ese mismo día el obispo ordinario de la diócesis “decreta un proceso administrativo penal a tenor del canon 1720 del Código de Derecho Canónico”.
Con respecto a Oscar Muñoz Toledo, que en la prensa chilena de ayer algunos recuerdan como una persona agradable y amistosa, aunque discreta, destacan que ha tenido una carrera fulminante aunque no tenía ninguna preparación específica y especializada, como podría ser un buen nivel de estudios canónicos. Se dice también que el sacerdote, con su acceso a todos los secretos más importantes de la diócesis, tenía en definitiva el mismo peso que el propio arzobispo.
La suya fue una vocación adulta. Entró al seminario a los 28 años después de haber trabajado en un banco y en instituciones financieras. Muchos otros sacerdotes que fueron sus compañeros y algunos obispos lo recuerdan como una persona muy conservadora, que a menudo se definía a sí mismo como de derecha. Un testimonio particular recuerda que Muñoz Toledo, cuando todavía no era sacerdote, festejó ruidosamente el cierre de una revista, “Época”, contraria a la dictadura de Pinochet.
El 2 de junio de 2000, a los 38 años, fue ordenado presbítero por el cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzobispo de Santiago. Como diácono trabajó en la parroquia “Transfiguración del Señor” y posteriormente fue párroco en “Inmaculada Concepción” (Maipú) y “Jesús de Nazareth”. La prensa chilena está convencida de que el caso del padre Muñoz Toledo podría resultar un gigantesco golpe de escena para desarticular muchas complicidades, resistencias y secretos que todavía cubren la historia de Karadima, epicentro de la crisis del catolicismo chileno. Todavía queda mucho por saber, indagar y profundizar.
Entre los fiscales que investigan el caso existe la impresión de estar ante la punta de un iceberg: la parte que se ha visto hasta el momento es un porcentaje mínimo de la historia completa, y queda mucho por investigar sobre la parte oculta. Con respecto a las investigaciones, la noticia de una serie de allanamientos (incluyendo uno de la oficina privada del cardenal Ezzati, hasta ayer desconocido, que fue informado por “La Tercera”), podría estar anticipando la revelación de nuevos detalles en esta complicada historia. Pero es fundamental proceder con calma, discreción y astucia, dicen los investigadores. Que toda la estructura del arzobispado podría estar podrida pero conservar intacta su capacidad de reaccionar con buena potencia de fuego, quedaría demostrado por el hecho de que, cinco meses atrás, Mons. Charles Scicluna recibió directamente en su oficina de La Valleta (Malta) numerosas denuncias de abusos sexuales y comportamientos sexuales ilícitos cometidos, en el ámbito de la Iglesia, por algunos sacerdotes. Llama la atención la forma como se hicieron llegar dichos documentos. ¿Por qué fueron enviados directamente a Mons. Scicluna fuera de Chile y no al arzobispado de Santiago? ¿El remitente temía que desaparecieran los documentos o, peor aún, que fueran interceptados por alguien que los destruyera?
Dice la prensa chilena: «esto demuestra que ya hace tiempo se había perdido la confianza en el Canciller y en la estructura arzobispal». En este contexto se dice también que tal vez en las oficinas del ex canciller fue donde se destruyeron documentos, hecho denunciado por el Papa Francisco en la carta que entregó el 15 de mayo a los obispos chilenos en el Vaticano, para “meditación y oración”. En la nota a pie de página Nº24, el Santo Padre dice: “Otra circunstancia análoga que me ha causado perplejidad y vergüenza ha sido la lectura de las declaraciones que certifican presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos, evidenciando así una absoluta falta de respeto por el procedimiento canónico y, más aún, unas prácticas reprobables que deberán ser evitadas en el futuro.
Esta denuncia del Papa, por otra parte, fue uno de los aspectos más comentados por algunos obispos chilenos, declarando a la prensa que nunca supieron nada al respecto y no estaban en condiciones de identificar ni comprender bien a qué se refería el Santo Padre.
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