El gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidente, comunicó oficialmente por escrito que acepta las 4 condiciones que la Iglesia de Nicaragua había planteado como indispensables para poner en marcha, como Mediadora y Testigo la “Mesa para el diálogo nacional, la verdad y la reconciliación”, en razón de las protestas sociales y políticas que en las últimas semanas han causado no menos de 68 muertos. El Episcopado nicaragüense había aceptado el 24 de abril un posible rol de mediación solicitado por varias partes, incluyendo el mismo presidente Ortega.
Tras varias reuniones, los obispos comunicaron al Gobierno de Managua las 4 premisas que requerían para encabezar esta Mesa. Hace unas horas Daniel Ortega, con una carta al Episcopado, confirmó que había aceptado esas 4 condiciones. “Estamos de acuerdo en trabajar cada uno de los puntos allí planteados”, dice la carta, y agrega: si estamos todos de acuerdo y preparados para participar en la convocatoria al diálogo, sería bueno actuar lo antes posible.
En consecuencia, tal como había escrito la Conferencia episcopal, este diálogo – si las cosas no cambian – debería ponerse en marcha, como máximo “antes del mediodía del próximo lunes 14 de mayo”. El primero de estos requisitos y condiciones es “permitir en el menor tiempo posible el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar y aclarar las muertes, y las desapariciones de nicaragüenses” en las últimas semanas. En consecuencia, se debería proceder desde ya a la inmediata supresión de “los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque que intimidan, coaccionan y agreden a los ciudadanos, así como a no usar a la Policía Nacional para ningún tipo de acción represiva”. Los obispos solicitaron además, en tercer lugar, “detener de inmediato y de modo absoluto todo tipo de represión frente a grupos civiles que protestan pacíficamente y asegurar la integridad física de los estudiantes universitarios, los diversos miembros activos que conforman la mesa del diálogo nacional y de cada uno de los ciudadanos”. Por último, la cuarta condición consiste en que las partes, y sobre todo el gobierno de Ortega, deben “dar signos creíbles de su voluntad de diálogo y paz respetando la dignidad y la libertad de las personas así como todos los derechos humanos de los trabajadores, particularmente de los empleados públicos”, convocando a todos – como buenos ciudadanos – a no paralizar de ninguna manera las actividades estratégicas del país.
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