La justicia divina llegó antes que la humana, arrancando de la cárcel y del tribunal que todavía lo estaba juzgando por violación de los derechos humanos al dictador de Guatemala Efraín Ríos Montt. Ríos Montt, acusado de una de las peores masacres contra las poblaciones indígenas de América Latina, murió el Domingo de Pascua, a los 91 años, mientras se estaba realizando el segundo juicio por genocidio, en el cual afrontaba el cargo de haber dado muerte a miles de indígenas durante su régimen entre 1982 y 1983.
Un infarto puso fin a su vida, a un segundo proceso en su contra, al cumplimiento de la primera condena a 80 años de cárcel, a la demencia senil que en los últimos años había prácticamente anulado su mente, a la revisión del pasado que había involucrado a toda Guatemala a raíz del debate planteado y por lo que estaba saliendo a la luz sobre el pasado reciente del país.
Ríos Montt es considerado uno de los peores dictadores del siglo pasado porque en los pocos años que duró su régimen se destruyeron numerosos poblados indígenas y fueron fusilados diversos adversarios. En aquel breve pero inexorable período que va de marzo de 1982 hasta agosto de 1983, Ríos Montt se convirtió en un símbolo de la fase más violenta de los 36 años de guerra civil guatemalteca (1960-1996).
En abril de 2013, el primer juicio por genocidio contra Ríos Montt tuvo un fuerte impacto en toda Guatemala y atrajo la atención de la comunidad internacional sobre los graves problemas de una sociedad en la cual el racismo, las desigualdades y la marginación de los indígenas cedía lentamente el paso a un tipo distinto de nacionalismo que se proponía nuevos niveles de justicia y reconciliación. En el aula del tribunal que juzgaba al dictador los indios Ixil estaban en primera fila y con su sola presencia acusaban al hombre que 30 años atrás había sido el más poderoso de Guatemala y el artífice de una dura represión sufrida en carne propia. Frente a ellos Efraín Ríos Montt afrontaba el proceso con impecable traje oscuro, prolijos bigotes y cabellos grises peinados con gomina. Usó anteojos y audífono en todo momento para escuchar mejor.
El tribunal lo condenó finalmente a 80 años de cárcel por genocidio, considerándolo responsable de la masacre de 1.771 indígenas Ixil en el departamento de Quiché (al norte de Guatemala) durante los meses de su gobierno de facto.
En el contexto de las operaciones de contra insurrección, su régimen puso en práctica una política de “tierra quemada” con las poblaciones indígenas del norte y noroeste del país, acusándolas de apoyar a los guerrilleros. Un informe de la ONU de 1999, presentado por la Oficina del Procurador durante el proceso en Guatemala, documentó 626 masacres – 500 poblados atacados – y lo reconoció culpable de “genocidio”. Documentó también que entre 1978 y 1984 se verificó el 91% de las violaciones de derechos humanos en la región.
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