Veintiocho años después de los hechos, y a poco más de un año de que se declare inconstitucional, y por ende quede derogada, la ley que concede la amnistía a los crímenes cometidos antes de enero de 1992, fecha del acuerdo de paz con la guerrilla, la masacre de los jesuitas salvadoreños, ocurrida en noviembre de 1989, volvió del limbo al que había sido confinada. O por lo menos eso es lo que solicitan las autoridades de la Universidad donde se cometieron los asesinatos, “ante la pasividad de los distintos órganos del Estado” – afirma el último editorial de la revista del ateneo – e hicieron saber que habían presentado una solicitud ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador “para que se reabra el Caso Jesuitas a fin de reanudar el proceso judicial contra los autores intelectuales del crimen”.
Los responsables de esta iniciativa son el jesuita Andreu Oliva, rector de la UCA, el director del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) de la misma Universidad, padre José María Tojeira, y el abogado del Idhuca Arnau Baulenas. Este último explicó que el juicio que se pide reabrir “es el que se truncó en el año 2000, cuando se sobreseyó el caso, a pesar de tratarse de un crimen de lesa humanidad”. Baulenas aclaró que en el escrito que acaba de presentar no se dan nombres. “Al reabrirse el caso, se procedería a presentar las pruebas documentales, testimoniales y periciales pertinentes, para corroborar y hacer efectiva la acción judicial contra quienes planificaron y ordenaron el asesinato de Elba y Celina Ramos y los seis jesuitas”.
Como es sabido, la masacre ocurrió en las primeras horas del día 16 de noviembre de 1989, cuando un comando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas penetró en el campus de la Universidad y asesinó al rector, el español Ignacio Ellacuría, junto con otras siete personas. El “escuadrón de la muerte” irrumpió en el Centro pastoral del ateneo, rastrilló a todos los que se encontraban allí en aquel momento y los fusiló acostados boca abajo en el piso, sin dejar testigos. Los otros cinco sacerdotes asesinados eran los españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López. Mataron también a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina de 16 años, ambas salvadoreñas.
El padre José María Tojeira, jesuita y ex rector de la UCA, explicó por su parte que en esta presentación se excluyeron los autores materiales, porque si bien fueron procesados en “una farsa de juicio”, considera que en ese caso “sí hubo verdad, y, de alguna manera, justicia”. En efecto, es sabido que la matanza la llevó a cabo un comando de militares del batallón antiguerrillero Atlacatl y que la razón por la cual se había tomado esa decisión era eliminar las presuntas mentes pensantes del movimiento insurreccional que se estaba preparando. Por los asesinatos de la UCA, un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados fueron procesados en 1991, siete de ellos resultaron absueltos y los dos condenados quedaron en libertad cuando se aprobó la ley de amnistía, poco tiempo después.
No ocurrió lo mismo con los autores intelectuales, que en opinión de José María Tojeira “siguen siendo encubiertos”.
“Sencillamente todavía no conocemos toda la verdad”, insiste a Tierras de América el rector actual de la UCA, Andreu Oliva. “Todavía queda una nebulosa que cubre los hechos. Quién dio la orden, por qué lo hizo, cómo se planificó el asesinato. Resulta muy evidente que toda la operación estuvo muy bien planificada y organizada. Tenemos elementos suficientes para saber que varios grupos del Ejército dieron cobertura a la ejecución de la masacre formando círculos concéntricos alrededor de la Universidad, para que no pudiera entrar o salir alguien que no debía entrar o salir”.
En diversas oportunidades Andreu Oliva se refirió también al perdón para los autores en nombre de sus hermanos jesuitas y de toda la Universidad Centroamericana. “Justicia y misericordia no se contradicen. La justicia es que se conozca la verdad de los hechos y que civilmente se pueda aplicar a los responsables lo que establecen las leyes. El perdón se da explícitamente si uno sabe a quién está perdonando y por qué. No hay ningún rencor en nosotros, nosotros hemos perdonado, no tenemos ningún deseo de venganza. Queremos saber quiénes son los responsables de la muerte de nuestros hermanos y por qué los mataron de la manera como lo hicieron. En estos años hubo investigaciones formales e informales, y una abundante acumulación de elementos. Lo único que hace falta es un juez que vaya hasta el fondo. Y tal vez los mismos autores de la masacre tengan el coraje de contar cómo fue y de pedir perdón a la Iglesia, a la sociedad y al mundo”.