La violencia rampante en México puede imputarse a causas concretas que la mantienen desatada en regiones pobres, grandes ciudades y puntos fronterizos que representan polos económicos importantes de desarrollo. Nada nuevo se descubre cuando, detrás de esos índices, está el comercio de las drogas y sustancias ilícitas, que afectan particularmente a los más jóvenes, presas fáciles de esta vorágine de destrucción a la que no se ve solución efectiva e inmediata alguna.
El 28 de noviembre pasado fue presentada la edición completa de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, instrumento de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que reveló datos preocupantes y nada alentadores sobre esta realidad del consumo de drogas, particularmente entre jóvenes y adolescentes. Llama la atención que autoridades de los Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida – acuerdo firmado entre México y los Estados Unidos en diciembre de 2008 para el “reconocimiento de las responsabilidades compartidas de ambas naciones, con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”– concedieron financiamiento para la elaboración de la ENCODAT que se aplicó a cerca de 6 mil personas.
Los tres gruesos volúmenes consignan un estudio detallado de las principales adicciones como problema de salud pública y de seguridad nacional. Mariguana, solventes e inhalantes, cocaína y metanfetaminas son las drogas más consumidas. La población juvenil, entre 12 y 17 años, reportó un aumento en el uso de drogas, pasando de 1.3% en 2002 a 2.9% en 2011. Los estados con mayor consumo de mariguana y cocaína son Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Estado de México.
Aunque las conclusiones del estudio manifiestan un ilusorio optimismo sobre el “crecimiento estable” en el consumo de drogas, no deja de reconocer que en los grupos de población, entre los 12 y 65 años, se ha mantenido el crecimiento sostenido en el consumo; es decir, prácticamente la población en general económicamente activa, niños, jóvenes y personas en la tercera edad. El informe así lo reconoce cuando concluye que “es relevante trabajar más con la población en general para que perciba el consumo de drogas como un problema de salud y no como un acto delictivo…”
Esta realidad activa focos rojos que se suman a los otros ya encendidos en materia económica, social y de justicia. La ayuda financiera de un gobierno extranjero en la elaboración de esta Encuesta, nos advierte del serio problema que apenas se vislumbra con todas sus consecuencias. Ahora es cuestión de seguridad.
Sin embargo, las consecuencias van más allá del consumo y de las adicciones. Casi a la par de la liberación de la ENCODAT, y en la celebración del Foro Internacional sobre Delincuencia Juvenil efectuado por la Procuraduría General de la República a finales del mes de noviembre, se conocieron datos estremecedores sobre el reclutamiento de niños y adolescentes por el crimen organizado para ser halcones o escudos humanos por 15 mil pesos, en lugares pobres donde esa cantidad es cuatro veces superior a los ingresos ordinarios de sus familias. En otras palabras, la delincuencia halló una veta de mano de obra barata, contratando a jóvenes de zonas marginadas y de grupos vulnerables como los miembros de pueblos y comunidades indígenas.
El panorama es desolador. Mientras millones de pesos se van por el caño de procesos electorales y partidos políticos; no hay programas efectivos de prevención, de salud pública y de rehabilitación a fin de crear buenas fuentes de empleo para jóvenes en franca situación de riesgo. México necesita dar soluciones puntuales y reales al problema que está exterminando a su juventud.
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