En una declaración de doce puntos, la Conferencia Episcopal de Venezuela rechaza el resultado de las recientes elecciones regionales (del pasado 15 de octubre, con una amplia victoria del presidente Maduro, de las fuerzas del “chavismo” y sus pequeños aliados), esgrimiendo diferentes argumentos. Escriben los religiosos: «Vemos con preocupación que estas elecciones, aunque contaron con la participación de una buena parte del electorado, lejos de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática a través del voto libre, universal e imparcial, han hecho más difícil aún la solución consensuada de los problemas que nos aquejan, han generado nuevas dudas e interrogantes y han abierto la puerta a mayores tensiones y conflictos de cara al futuro de nuestro país».
Los obispos afirman que hicieron pública esta declaración porque sintieron la necesidad de enviar «un mensaje de cercanía y solidaridad a todo el pueblo venezolano. Con él compartimos cotidianamente alegrías y tristezas, y sufrimos las dramáticas consecuencias que genera la profunda crisis ética, política, social y económica que afecta a todos, pero particularmente a los más pobres». El episcopado garantiza al pueblo de Venezuela «nuestra oración y el compromiso de seguir contribuyendo, desde nuestra misión de pastores del Pueblo de Dios, al bien común de nuestra nación».
Los obispos venezolanos recuerdan, al analizar la situación, los puntos más importantes de la crisis del país, así como la opinión pública mundial los ha ido conociendo durante el último año, y subrayan las razones por las que han apoyado la participación del pueblo en las elecciones organizadas por un gobierno desde hace tiempo considerado ilegal: «Ante esa conflictiva realidad la realización de las elecciones de Gobernadores del 15 de Octubre, a pesar de la desconfianza que ellas generaban en algunos sectores, constituía para muchos una luz en el camino y un motivo para la esperanza».
Queda claro, al leer el análisis de los religiosos, que no todo acabó como ellos y los partidos creían, por lo que el resultado final (17/18 gobernadores para el gobierno y 5/6 para las oposiciones) de alguna manera sorprendió y paralizó a las organizaciones sociales y políticas que están en contra del régimen cívico-militar venezolano. Está claro que las oposiciones no se esperaban estos resultados, sino todo lo contrario. La reacción, no reconocer la legitimidad y la regularidad democrática de la votación, es comprensible, pero hay que decir que hasta este momento la oposición no ha presentado pruebas claras y convincentes sobre el fraude de Maduro, y no será nada fácil que lo hagan. En realidad, el error de la oposición fue el de participar en elecciones en las que era evidente que no había que participar, puesto que desde su convocatoria se percibía el fraude.
Los obispos critican al Consejo Nacional Electoral, pues se ha «mostrado una vez más como un árbitro parcializado, al servicio del Partido oficial», y también afirmaron que «son múltiples las irregularidades cometidas en la implementación del proceso electoral: el impedir que las organizaciones políticas pudieran sustituir los candidatos tal como está previsto en la ley, la migración a última hora de electores hacia otros centros de votación, la falta de una observación internacional plural, los abusos en el voto inducido».
«El cúmulo de irregularidades», concluye el documento de la Conferencia Episcopal, y, en particular, «el uso de medios y recursos del Estado para hacer propaganda y, en una palabra, el ventajismo oficial no debe llevarnos a la pérdida de la credibilidad y confianza en el poder del voto como vía de solución pacífica y democrática para los cambios urgentes y trascendentales que requiere el país. No se puede prescindir de la vía electoral ¡No nos dejemos robar la esperanza!».
Por ello el llamado final a las autoridades civiles y militares para que «pongan todo su empeño en devolverle al pueblo soberano el ejercicio libre y justo del voto y asegurarle la total transparencia en el proceso, desde su convocatoria hasta la publicación de sus resultados».
Después de que el episcopado expresara esta postura, el gobierno venezolano, mediante las autoridades de la asamblea constituyente, pidió que los cinco gobernadores que vencieron con el apoyo de la oposición se presentaran para prestar juramento en este órgano que, obviamente, ellos no reconocen. Los nuevos gobernadores no se presentaron ya en dos ocasiones, por lo que el gobierno, ayer, amenazó con declarar como «decaída» su elección. Julio Borges, presidente del Parlamento o Asamblea Nacional, organismo que Maduro no reconoce, declaró que los elegidos de la oposición no aceptan ningún ultimátum por parte de ningún poder ilegal e ilegítimo como la Asamblea constituyente.
Y así, nos encontramos nuevamente, como ya había pasado decenas de veces en el pasado, en el punto inicial… Todo se bloquea y se cierran todas las vías. Si los gobernadores de la oposición no aceptan prestar juramento frente a la Constituyente, no podrán asumir su encargo, por lo que el gobierno nombrará a sus sustitutos, aunque ilegalmente. En ese momento, las oposiciones, que ya rechazan las regionales del 15 de octubre pasado, le quitarán la poca legitimidad que le quede al proceso electoral, que se había concebido como una base para un posible diálogo.
Tal vez sea cierto lo que nos confesó un obispo venezolano hace algunos días: «¡La de Venezuela no es una crisis, es una maldición!».
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