En el estado de Rondônia, al norte de Brasil, los extractivistas Éder Chaves Dias y João Coelho intentan defender la Selva Amazónica impidiendo el paso de los invasores al Valle del Javari. Están destinados a perder la vida. Como ellos, hay otros cientos de personas en la lista del crimen organizado que avanza por las tierras de la Unión en dirección a la Amazonia, la mayor reserva tropical del planeta. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el 57% de los conflictos en el campo se producen en Amazonia, pese a que en esa región vive solo el 12% de la población brasileña. La situación también es crítica en El Cerrado, la región donde se encuentra el 24,1% del total de las localidades afectadas por el conflicto, pero donde vive solamente el 14,9 por ciento de la población rural del país. Cuando realizó el relevamiento de la posesión ilegal de tierras en siete estados del norte y del centro-oeste del país, la CPT identificó 482 focos de tensión y violencia en 143 municipios. Hay otras regiones del país que padecen el mismo problema, pero en menor medida. A principios de agosto, en Bahía, ocho trabajadores rurales fueron asesinados en un quilombo, comunidad constituida por descendientes de ex esclavos fugitivos.
Lo cierto es que los conflictos agrarios en Brasil se han incrementado y 2017 promete ser uno de los años más violentos en el campo de los últimos tiempos: hasta agosto, 55 personas perdieron la vida en conflictos agrarios. El año pasado se registrron 61 muertes y fue el número más alto en 25 años. Si el ritmo continúa, sin duda este año el número será mayor.
La Comisión Pastoral de la Tierra registra que los homicidios en conflictos rurales se producen por las tierras y por la madera, generalmente en zonas aisladas donde no hay protección institucional o apoyo de la red de abogados especializados en estos temas. Las víctimas son principalmente pequeños agricultores e indígenas, pero también fazendeiros, guardias de seguridad y pistoleros. Los responsables de una gran parte de los homicidios son los ocupantes ilegales (grileiros) y los grandes terratenientes. Los datos demuestran que el 97% de los muertos son campesinos e indígenas. La CPT registra, además de las muertes, todo un universo de violencia que incluye tortura, incineración de cadáveres, ataques contra mujeres e indígenas, venta de permisos fraudulentos, sicarios y ataques masivos de mercenarios. Valdir Aparecido Seza, representante de la CPT, afirma que la mayoría de las denuncias de trabajo esclavo y de maltrato de pequeños agricultores no se formaliza. “De seis casos, solamente uno llega a conocimiento de la gente”, estima.
Mafia verde. La destrucción de la selva y la presión implacable de los grileiros en las tierras de la región centro-oeste y del norte de Brasil han dado origen al nacimiento de territorios con una dinámica propia. En la ingeniería financiera de los crímenes en el campo, el comercio de la violencia estipula tablas de precios para la vida de hombres y de árboles, poniendo de manifiesto un reguero de prejuicios sociales y ambientales. Desde la tala de árboles hasta el loteo ilegal de las tierras, las huellas digitales de la mafia verde se pueden ver a simple vista. Según la Comisión de Pastoral de la Tierra, la orden de matar a una persona no difiere mucho del precio que se cobra por dos o tres metros cúbicos de ipê, que hoy se extrae de la selva por aproximadamente mil quinientos reales (468 dólares). En Rondônia, un pistolero profesional cobra entre 5 y 10 mil reales (1.562 y 3.125 dólares) para realizar un servicio, dependiendo de la “importancia” del que debe desaparecer. Término medio, acostumbra ir al campo por mucho menos que eso.
Una jerarquía bien estructurada de agentes criminales ha tomado posesión de una parte de la Selva Amazónica, cuenta Valdir. En esa cadena, el maderero es el protagonista. Financia las operaciones, recibe los pedidos – muchas veces desde metrópolis distantes como San Pablo – y se pone en movimiento para hacer la entrega. Su objetivo son las maderas nobles, el oro de la selva. La búsqueda está en manos de los toreiros, hombres enviados a la selva para contabilizar los árboles y calcular el costo de apertura de los carreadores, senderos que se abren a partir de los caminos de tierra. La inversión es elevada. En la frontera de Rondônia con el estado de Pará, una operación coordenada que involucra el trabajo de diez hombres cuesta aproximadamente 240 mil reales (75 mil dólares). Con este dinero se pueden contratar dos máquinas, sierras y espías y abrir un paso de entre cinco y diez kilómetros en la selva virgen.
En las unidades de conservación, las puertas de entrada de los criminales son normalmente las áreas localizadas en torno a la selva protegida. Valdir Seza afirma que en Rondônia los terratenientes abren los portones para que los madereros invadan la selva por cerca de 7 mil reales (2.187 dólares) por semana. Por lo general el derribamiento se realiza con un tractor skidder, prácticamente un tanque de guerra capaz de pasar por encima de todo lo que encuentra delante. El progreso promedio del avance es de un kilómetro por día. Un skidder puede derribar sin dificultad cerca de 150 metros cúbicos de madera por día. Solo en una semana, quedan arrasadas 40 hectáreas, el equivalente a 40 canchas de fútbol.
El retiro de los materiales también requiere ciertos cuidados. El representante de la Comisión Pastoral de la Tierra explica que se realiza de noche, cuando se retiran los controles. Antes de enviar la orden a los madereros, se despachan exploradores en moro para controlar que el camino esté libre. La información se transmite por radio. Finalmente, para camuflar el material, se colocan etiquetas en los troncos para indicar que esa madera fue talada de un área legal, donde la explotación forestal está permitida. Es una operación fácil, considerando que no hay controles sobre las áreas y sobre el origen real del material. La extracción de las especies más caras es suficiente para garantizar la ganancia del maderero, pagar los empleados y las máquinas y financiar las siguientes operaciones de devastación. Valdir Seza explica que después de abrir los pasos en la selva, viene el segundo, tercero y cuarto ciclo de robo de madera. En esas etapas se abrir las explanadas, terrenos laterales donde los toreiros talan las variedades de menos valor. La operación termina con el ingreso de los lasqueiros que buscan material para la construcción de cercados. Una vez que se ha agotado toda la madera de interés comerciaol, se quema el resto. A partir de allí, el terreno está listo para las “correrias pelas terras”, las disputas que deciden lo que queda como pastura y lo que será apropiado por ocupantes ilegales.
En Amazonia la eliminación de agricultores y de indios que se oponen a lo que está ocurriendo se verifica en un territorio que ha perdido hasta el momento el 20% de la cobertura natural. Datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) muestran que la Amazonia legal ha perdido un área total de 762.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 17 veces el estado de Río de Janeiro. Se estima que se han talado 42.000 millones de árboles adultos. Un estudio realizado por técnicos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, con la disminución de la selva el crimen organizado mueve 3.000 millones de reales (937.500 millones de dólares) por año, considerando solamente la fase en la que el tronco deja la selva. Después, comienza la cadena de mejoramiento de la madera, que tendrá una fuerte incidencia en la actividad. Son montos de dinero más que suficiente para financiar campañas políticas en municipios y Estados y patrocinar la expansión de la ocupación ilegal de tierras y, si es necesario, eliminar a los que se opongan.
Factores de la violencia. Según los especialistas, hay cuatro factores que hacen que la violencia en el campo esté lejos de disminuir: la falta de una reforma agraria consistente, la ausencia de una política pública de regularización de la tierra y la falta de fiscalización y la incapacidad del Poder Judicial para castigar a los criminales.
Marco Apolo Santana Leão, abogado de la Sociedad de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), considera que “actualmente hay un vaciamiento de la política de reforma agraria, una extinción del Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y una falta de recursos”. Para Marco Antonio Delfino de Almeida, Procurador de la República y coordinador del grupo de trabajo sobre tierras públicas, “falta una política estable de regularización de la tierras. Hasta que no la tengamos, los conflictos van a continuar”. En los años ’70 los gobiernos militares alentaron la ocupación de la Amazonia, pero hasta la actualidad una gran parte de las áreas ocupadas en esta región sigue perteneciendo a la Unión o a los Estados. Son terrenos públicos que no fueron transferidos oficialmente a un propietario, lo que agudiza ulteriormente las disputas por las tierras. Almeida afirma que “la mayor parte de los muertos son personas que luchaban por la repartición de la tierra en áreas de tierra pública ocupadas en el pasado por grandes fazendeiros”.
Otro factor es la dificultad para proporcionar seguridad en el campo debido a la escasa capacidad de los organismos públicos para controlar. En Ibama, por ejemplo, no hay reposición de los funcionarios públicos ni de la infraestructura para llevar a cabo el trabajo. En 2008, el organismo federal tenía mil seiscientos funcionarios. Hoy son 900. Hay seis helicópteros y 400 vehículos para cuidar todo el país. Para mantener un control mínimamente razonable en Amazonia sería necesario contratar más de mil personas. El progresivo vaciamiento debido a la jubilación de los funcionarios se ha acelerado por el despido de funcionarios corruptos. Entre 2014 y 2015 las autoridades de Ibama despidieron 60 empleados por irregularidades y fraudes.
La impunidad en los procesos judiciales es el cuarto factor que contribuye a incrementar los crímenes en el campo. “El pistolero que mata a un campesino siguiendo órdenes, cobra por hacerlo y no recibe ningún castigo, estará siempre en busca de nuevas órdenes, es un empleado de la muerte”, afirma Leão. “Del mismo modo, el mandante seguirá resolviendo el problema del conflicto con este método, porque tiene la seguridad de que la ley no va a tocarlo”. “En el caso de que haya un juicio”, sigue diciendo el abogado, “generalmente se castiga a los pistoleros y los intermediarios; difícilmente la investigación llega a los verdaderos responsables que financian estas muertes”. Los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra lo confirman. Desde 1985 hubo 1387 homicidios en el campo. De estos, solo 112 casos llegaron a juicio, con 31 mandantes condenados y 14 absueltos. De los ejecutores, apenas 92 recibieron condena.
Iglesia. En una nota que recientemente hizo pública la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la Iglesia “pide con urgencia un proyecto de reforma agraria y una política agrícola que respete las diversidades regionales y los biomas”, y subraya que no se puede aceptar que se imponga la “ley del más fuerte”, en una clara referencia a los madereros y ocupantes ilegales. El arzobispo de Brasilia y presidente de la CNBB, dom Sérgio da Rocha, en una entrevista al diario Folha de San Pablo, afirmó que el gobierno debería tomar medidas preventivas para evitar que haya más muertes. Afirma además que las autoridades competentes estaban al tanto de las amenazas y que hicieron muy poco para proteger a estas personas. El obispo declaró que “la CNBB exige un inmediato esclarecimiento de los hechos y la condena de los culpables, así como la protección de los representantes campesinos amenazados de muerte. Interrogado en forma directa si considera que hubo negligencia de parte del Estado, monseñor Rocha prefirió responder que “las medidas se toman solo cuando ocurren muertes y la CNBB quiere llamar la atención sobre estas dolorosa situación”.
ametalli@gmail.com
