Parece increíble. Pero tan solo veinticinco días después que el presidente Michel Temer había garantizado que no reduciría la Selva Nacional de Jamanxim, en el Estado de Pará y había vetado una polémica Medida Provisoria con dicha finalidad, el gobierno volvió atrás y propuso al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir la selva. El nuevo texto prevé una reducción de 349.046 hectáreas, equivalente al 27% de la superficie actual de máxima protección. Esta área pasará a ser un Área de Protección Ambiental, un nivel menos restrictivo de conservación, y la selva pasará a tener un total de 953.613 hectáreas.
El proyecto de ley fue presentado a raíz de fuertes presiones de los productores rurales de Pará. Después del veto de Temer a la Medida Provisoria, los terratenientes de la región que limita con Jamanxim comenzaron a bloquear reiteradamente una importante ruta de ese territorio. Algunos activistas incendiaron también ocho vehículos nuevos que estaban destinados al IBAMA (Instituto Brasileño del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables) para protestar contra el veto, lo que fue considerado como un atentado por el organismo gubernamental. Pero la presión logró su objetivo. Cuando el proyecto de ley se envió al Congreso, los manifestantes levantaron los piquetes y la ruta quedó liberada para el tránsito.
En los últimos tiempos, Jamanxim ha sido escenario de recurrentes conflictos por la propiedad de la tierra y las actividades ilegales de tala de bosques y extracción minera, asociadas a la posesión ilegal de la tierra y a la falta de una reglamentación ambiental. Es también el lugar donde más ha crecido la tasa de desmonte en los últimos años, según el sistema de monitoreo de desmonte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. La situación se ha ido deteriorando progresivamente año tras año y el gobierno ha usado ese argumento para justificar su intervención. “Ante el aumento de la criminalidad y de la violencia contra agentes públicos, es necesario implementar políticas de gobierno adecuadas para estas problemáticas”, afirmó por medio de una nota el Ministerio del Medio Ambiente. Declaró que el objetivo de la nueva ley es resolver conflictos que ya existían cuando se creó la Selva Nacional de Jamanxim en 2006, delimitada en un área que incluía algunas propiedades que deberían haber sido indemnizadas.
Sin embargo, los ambientalistas afirman que al final la reducción de la selva puede ser más grave que lo previsto. Ellos consideran que el proyecto de ley supone una amnistía para los ocupantes ilegales de tierras (grileiros) que llegaron después de la creación de la Selva Nacional. “El gobierno está acorralado y está cediendo a las presiones de los ruralistas”, acusa Paulo Barreto, investigador de Imazon (Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de Amazonía). Junto con su colega Elis Araújo han calculado cuál podría ser la ganancia para los ocupantes ilegales de la región si se aprobara el proyecto de ley. Se ha considerado la posibilidad de regularizar la tenencia de la tierra en base a la Ley 13.465, recientemente sancionada por Temer, que permite legalizar grandes porciones de áreas públicas ocupadas abusivamente en el Amazonas. Según esta ley, solo se puede cobrar entre el 10 y el 50% de los valores aplicados por el Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), que ya son más bajos que los valores practicados por el mercado. De esa manera, en vez de pagar por una hectárea de tierra cerca de 1.800 reales (573 dólares), los ocupantes abusivos de tierras podrían pagar un importe entre el 10 y el 50% de 672 reales (215 dólares) la hectárea – el valor máximo cobrado por el Incra. “Considerando estos porcentajes y el área total que será reducida (349.000 hectáreas), los poseedores obtendrían un subsidio de entre 605 y 511 millones de reales (equivalentes a 193 y 163 millones de reales respectivamente)”, estima Barreto. “Tanto el proyecto de ley enviado al Congreso como la ley recientemente aprobada, refuerzan la idea de que el delito es rentable. Incentivarán el desmonte y aumentará la presión para reducir otras áreas protegidas”, afirma.
El Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam) también critica el proyecto de ley y apunta al problema del desmonte: los cálculos estimativos demuestran que en la región podría duplicarse e incluso más hasta 2030. El Ipam considera que el Área de Protección Ambiental permite prácticamente cualquier tipo de ocupación, y tomando en cuenta el ritmo de desmonte de los últimos años – que ya condujo a una pérdida de 113.737 hectáreas en el área de la Selva Nacional – hasta 2030 se puede producir una ulterior reducción de 138.549 hectáreas, con la consiguiente emisión de 67 millones de toneladas de anhídrido carbónico. “Además, puede sentar un precedente que podría difundirse a todas las unidades de conservación de la región que sufren una presión del mismo tipo. Es una pésima señal – como ocurrió con las modificaciones del Código Forestal – de que en algún momento el desmonte y la posesión ilegal de tierras se beneficiarán con una amnistía. Si este ciclo persiste, será muy difícil contener el desmonte”, alerta Paulo Moutinho, investigador del Ipam.
El Ministerio del Ambiente se defendió diciendo que el lugar transformado en área de protección ambiental “permitirá regularizar la posesión de la tierra en estos espacios”. “El área de la Selva Nacional, a su vez, comenzará a concretar los objetivos que motivaron su creación, orientados hacia una gestión forestal sustentable, y que en este momento resultan inviables en razón del conflicto instalado”. El Ministerio justificó también las dimensiones de la reducción de la selva. Aunque los primeros cálculos habían sugerido que una reducción de 35.000 hectáreas sería suficiente para resolver el conflicto, el proyecto de ley establece un área diez veces mayor. El Ministerio dijo que tomó como base nuevos estudios. “Se han elaborado diversos escenarios, considerando la relación entre el número de ocupaciones y la dimensión del área que debe ser excluida. En la propuesta actual hemos afinado el análisis manteniendo los mismos criterios, procurando excluir las áreas más ocupadas pero sin perder demasiado del área original de la unidad”, afirmó el Ministerio.
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