Yendo en sentido exactamente opuesto a la sostenibilidad, Brasil está perdiendo su mayor patrimonio económico, científico y natural: la selva amazónica. En 2016 quedaron completamente destruidos 8000 kilómetros cuadrados del bioma. Es la mayor tasa de deforestación desde 2008 y significa un incremento del 29% respecto a 2015, según el relevamiento realizado por el Instituto de Investigación Ambiental de Amazonia (IPAM). La superficie destruida tiene una extensión equivalente a siete veces la ciudad de Río de Janeiro. Es la primera vez en 12 años que la deforestación aumenta dos años seguidos y la tendencia a empeorar continúa también este año: ya en mayo la deforestación de la Amazonia se duplicó en comparación con el mismo período de 2016. “La disminución de los fondos públicos destinados a actividades de fiscalización y monitoreo, sumado al desinterés de la población por este tema, es una combinación nefasta para el bioma”, denuncia André Guimarães, director ejecutivo del IPAM.
Un análisis histórico muestra que desde 1988 se ha verificado una reducción de 421.871 km2 de selva. La extracción ilegal de madera y la legislación menos estricta del Nuevo Código Forestal – que concede amnistía para los casos de deforestación ilegal hasta 2008 – así como la falta de ampliación de las áreas de protección ambiental son algunas de las principales causas de una realidad que resulta preocupante desde hace mucho tiempo. El incremento de las áreas desmontadas coloca a Brasil lejos del objetivo establecido en el Acuerdo de París, que prohíbe cualquier forma de deforestación ilegal en Amazonia hasta 2030. “Ya tenemos muchas áreas abiertas que solo deben ser mejor explotadas. No hay necesidad de abrir otras nuevas porque de esa manera estamos perjudicando nuestro clima, la biodiversidad y el régimen natural del agua”, comenta Cristiane Mazzetti, coordinadora de la campaña Amazonia de Greenpeace. Explica que la selva amazónica posee un gran potencial de productividad que hasta el momento es poco explotado por algunos sectores como la ganadería, por ejemplo. En vez de desmontar, lo ideal sería desarrollar los recursos que generan valor. El director ejecutivo del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia comparte esta idea y agrega que “además de incentivar la gestión de la selva y la producción de productos no madereros, como el aceite y las castañas, los sectores privados que operan en la región deben ser más eficientes y productivos en las áreas que ya se encuentran actualmente abiertas. Esto se puede llevar a cabo con tecnología agropecuaria, intensificación de la producción y prácticas que hagan más eficiente el uso del suelo”.
La deforestación en detalle. Todos los estados de Amazonia, salvo Mato Grosso y Amapá, han tenido un fuerte incremento de la cuota de deforestación en relación con 2015. Los estados de Amazonas, Acre y Pará han registrado los mayores aumentos respecto del año pasado: respectivamente 54, 47 y 41%. Estados como Amazonas y Acre, que en un tiempo se destacaban por sus políticas de conservación, ahora han tirado la toalla. El estado de Pará, como siempre, ocupa el primer lugar en el ranking de destrucción, con 3.025 km2 de selva borrados del mapa, el 37% del total. Las selvas del estado padecen diversas presiones: Pará es un gran productor ilegal de madera y posee el tercer mayor rebaño bovino de Brasil. En ese estado se está verificando un fuerte proceso de ampliación de infraestructuras que acarrea especulación y apropiación ilegal de tierras, como en el municipio de Altamira, donde aumentó la deforestación como consecuencia de la construcción del complejo hidroeléctrico de Belo Monto. El estado de Mato Grosso, aunque ha registrado una disminución del 6% de deforestación respecto del pasado, todavía es el segundo estado con mayor responsabilidad en la destrucción de la selva amazónica, con 1.508km2 arrasados. En ese estado se encuentra el mayor rebaño de bovinos del país (29 millones de cabezas en 2015) y es el mayor productor de soja. La creciente demanda de estos productos ha estimulado la expansión de áreas de cultivo en la selva. El estado de Amazonas sigue concentrando la atención porque ha registrado un aumento significativo de desmonte en los últimos años. Ya de 2014 a 2015 hubo un aumento del 42% y de 2015 a 2016, del 54%. Una reforma administrativa aprobada por el estado en 2015 ha debilitado la gestión ambiental. El sur del estado de Amazonas se convirtió en la meta de la expansión ganadera, con una intensa conversión de selva en pasturas. El estado conserva todavía una gran extensión de selva pública que no tienen un destino específico y actualmente está a merced de los apropiadores ilegales de tierras (grileiros). El Sistema de Alertas por Deforestación ya hace tiempo que estaba señalando un fuerte incremento de la deforestación en el estado de Amazonas, donde se ha registrado también un elevado número de incendios dolosos.
Noruega. Visto el aumento de la deforestación en Brasil, a comienzos de junio Noruega informó al gobierno brasileño que comenzará a disminuir la ayuda económica del Fondo Amazonia en 2017, pasando de un promedio de 125 millones de dólares a 62,5 millones. Además, amenaza con suspender completamente los fondos en 2018 o 2019 si la situación no se revierte. Noruega es el principal inversor del Fondo Amazonia y ya aportó 875 millones de dólares para ese proyecto – el equivalente al 97% de los fondos -, que ejecuta 89 acciones en áreas como la lucha contra la deforestación, la reforma agraria y la gestión territorial y ambiental de las tierras de los indígenas. El presidente Temer ha recibido fuertes críticas de las autoridades noruegas y de los brasileños en general no solo por el aumento de la deforestación sino también porque envió al Congreso Nacional una serie de medidas provisorias que reducirían las áreas de protección ambiental. El Congreso aprobó dichas medidas, pero después, debido a las fuertes presiones, fueron vetadas por el mismo Temer. Sin embargo, los organismos gubernamentales siguen estudiando el contenido de esas disposiciones para poder remitirlas al Congreso.
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