Faltan justo nueve meses para que el Parlamento elija un nuevo Consejo de Estado y a otro mandatario. En el tiempo que se gesta esa criatura, una hornada de rostros más jóvenes accederá a la sala de mando del país. ¿Cuán reformistas serán? ¿Con cuánto poder contarán realmente?
Uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente el Gobierno cubano radica en el envejecimiento de sus principales figuras. Las críticas de que la nación está gobernada por una gerontocracia se escuchan con frecuencia dentro y fuera de la Isla, una situación que Raúl Castro parece estar dispuesto a revertir.
En el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en abril de 2016, quedó aprobada una política “en materia de plazos y edades límites para ocupar cargos de dirección en las instituciones estatales y gubernamentales”. Para la llamada Generación Histórica esta decisión no deja de ser arriesgada en cuanto a la continuidad del sistema.
La nueva política, pendiente aún de quedar reflejada en la Constitución de la República, limita “a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales” y establece “60 años como edad máxima” para ingresar en el Comité Central del PCC y “hasta 70 años para desempeñar cargos de dirección” en el Partido. La misma disposición debe también “ser aplicada en las instituciones estatales, gubernamentales y las organizaciones de masas”, donde abundan los septuagenarios y octogenarios que han labrado feudos de poder e influencias, más basados en su historial que en sus capacidades.
Anticipar la lista de nombres de quiénes integrarán ese próximo Consejo de Estado puede resultar un ejercicio apresurado, pero si se cumplen cabalmente los acuerdos, al menos desde ahora es posible señalar la relación de aquellos que tendrán que entregar las llaves de sus despachos en el Consejo de Estado. Por cuestiones de edad, deberán levantarse de sus sillas Raúl Castro Ruz (1931), los vicepresidentes José Ramón Machado Ventura (1930), Ramiro Valdés Menéndez (1932), Salvador Antonio Valdés Mesa (1945) y Gladys Bejerano Portela (1947). Con excepción de esta última, el resto ha cumplido en sus cargos dos periodos consecutivos de cinco años, algo que también los inhabilita para seguir.
Con los irrefutables datos que aporta el almanaque también tendrían que dejar de ser miembros de ese órgano de Gobierno, Guillermo García Frías (1928), Miguel Ángel Barnet (1940), Álvaro López Miera (1943), Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez (1945) y Leopoldo Cintra Frías (1947).
Sin embargo, el único que ha anunciado su retiro es Raúl Castro y las políticas aprobadas en el cónclave partidista no se han introducido en la Constitución ni en la Ley Electoral para convertir en obligatorio lo que solo ha sido “recomendado”. Este escenario despierta la suspicacia sobre lo que sucederá el próximo 24 de febrero. A eso se le añade que la presencia en el Consejo de Estado no es la única fuente de poder de la que disponen los condenados por el dios Cronos. Hasta el VIII Congreso del Partido, previsto para abril de 2021, podrán tomar parte en las más importantes decisiones desde sus posiciones en el Buró Político o el Comité Central del PCC.
Tampoco se ha especificado si los límites por motivos de edad o tiempo ejerciendo una responsabilidad elegible son aplicables a los cargos de ministro o jefe de alguna empresa o institución. Un posible destino para varios de los “jubilados” de las más altas posiciones. Los más optimistas apuestan a que los cargos dejados por los que se retiran serán ocupados por un torrente de jóvenes reformistas. Pero ni siquiera en ese improbable escenario la nueva camada instalada en el poder podrá zafarse fácilmente de la camisa de fuerza que significan la Conceptualización del Modelo, el Plan hasta el 2030 y los Lineamientos del Partido.
¿Qué se puede esperar de un rejuvenecido Consejo de Estado, esa criatura que verá la luz en nueve meses? Muchas tareas pendientes que resolver y menos pedigrí histórico al que apelar en sus discursos. En el plano económico le toca solucionar el fin de la dualidad monetaria, hacer nuevas concesiones que favorezcan la inversión extranjera y abrir mayor espacio a los emprendedores nacionales. El contexto internacional tampoco le será favorable, con una Venezuela que se hunde cada día más en los abismos del caos institucional y político, un presidente estadounidense que no parece interesado en acelerar el proceso de normalización diplomática con la Isla y la franca retirada de los gobiernos de izquierda en América Latina.
Esos sucesores recibirán un Gobierno que está presionado por varios flancos para que despenalice la discrepancia, autorice la existencia de otras fuerzas políticas, reformule la Constitución y apruebe una nueva Ley Electoral. Un excesivo control sobre esos benjamines los ataría de manos para hacer cualquier reforma. En cambio, una relajación del control de la vieja guardia hundiría el sistema.
Raúl Castro sabe que la criatura que nacerá en nueve meses puede provocar la continuación o la ruptura del sistema que comenzó junto a su hermano en enero de 1959. Le teme a esos jóvenes que se sentarán en su silla, pero los necesita.
*Periodista cubano
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