Entre 2006 y 20014 Odebrecht, la mayor empresa constructora de Brasil, movilizó clandestinamente 3.000 millones de dólares bajo la cobertura de trabajos de construcción sobrefacturados y de contratos ficticios, y desembolsó por lo menos 700 millones de reales (220 millones de dólares) en sobornos y donaciones electorales no registradas por los diversos partidos y políticos brasileños que las recibieron. No existían límites que la Odebrecht no pudiera superar o facilitaciones que no pudiera comprar, como lo demuestran las declaraciones y delaciones de 77 directivos de la multinacional que decidieron hablar. Brasil está en shock por los descubrimientos que casi diariamente se van sumando.
Los brasileños la llaman “la delación del fin del mundo”. Las revelaciones de los directivos de la empresa que están declarando forman parte de un acuerdo firmado con el Ministerio Público Federal a fin de colaborar con las investigaciones de la Operação Lava Jato a cambio de una reducción de la pena. El Lava Jato comenzó en 2014 y está investigando una millonaria estructura de desvío y blanqueo de dinero que involucra a Petrobras, varias empresas de construcción y algunos personajes políticos.
Lo que resulta más impresionante es que todos los testimonios – más de 900 horas de grabaciones – muestran que Brasil vive bajo una cleptocracia de dimensiones inimaginadas pero que empiezan a perfilarse cada vez con mayor claridad. La empresa ha literalmente comprado a los más altos funcionarios del gobierno, de la Cámara de Diputados, del Senado y de los principales estados brasileños. Y lo que lo hace más dramático es que todo eso es el resultado de las operaciones criminales de una única empresa.
Emílio Odebrecht, patriarca de la firma y condenado a 5 años de arresto domiciliario, afirmó en su declaración: “La historia reciente del capitalismo brasileño, que se desarrolló durante las mismas décadas en que la Odebrecht nació y se expandió, nos muestra que esta interacción entre el poder público y los operadores privados solo fue posible porque ambas partes aceptaron jugar el mismo juego”. En el cual el intercambio recíproco de favores era una práctica generalizada. Tan es así que ocho ministros del gobierno de Temer – entre ellos Eliseu Padilha y Moreira Franco, los principales colaboradores de Temer -, 24 senadores (un tercio del total), 39 diputados, 12 gobernadores y cuatro ex presidentes, están siendo actualmente investigados.
Marcelo Odebrecht, hijo y sucesor de Emílio y condenado a 19 años de cárcel, habla en su exposición del departamento de Operações Estruturadas, nombre oficial de la oficina encargada de los sobornos de la empresa constructora creada en 2007: “Esta historia de que yo soy un gran donante ¿qué es en el fondo? A fin de cuentas se trata de abrir puertas. Todo lo que pedía generaba una enorme expectativa de retorno”, explicó Marcelo Odebrecht. El empresario explica que había dos tipos de sobornos: “El compromiso explícito”, cuando el político en cuestión recibía un pago que evidentemente era por un servicio, y la “expectativa de ayuda”, cuando el político ofrecía un servicio no retribuido, pero dejando en claro desde el principio que esperaba a cambio alguna forma de compensación.
El éxito de Odebrecht consistía precisamente en no estar subordinado a ningún partido. Tanto el gobierno como la oposición obtenían beneficios. Donaciones y sobornos llegaban a los que habían estado en el poder, a los que estaban y a los que tenían expectativas de acceder. En el Congreso Nacional, por ejemplo, ocho de los últimos doce presidentes aparecen en la lista de allegados a la empresa. La lógica era sencilla: la empresa quería tener buenas relaciones con todos, para no tener que preocuparse de quién estaba al mando en el país y que sus intereses tuvieran siempre las puertas abiertas. El Partido de los Trabajadores ((Partido dos Trabalhadores, PT) en el gobierno nacional y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB) en los gobiernos estatales fueron sus principales socios, junto con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB) que es el que manda y tiene la mayoría en el Congreso desde hace 30 años. Con su ayuda, la Odebrecht enterró dos Comisiones parlamentarias de investigación sobre Petrobras y garantizó sus necesidades en cuanto a leyes favorables.
Personajes involucrados. Las delaciones ya anticipan grandes dolores de cabeza para el presidente Temer. Uno de los principales directivos de Odebrecht, Márcio Faria, con arresto domiciliario, habló sobre una reunión en 2010 que se llevó a cabo en la oficina política de Temer en San Pablo, durante la cual el actual presidente “bendijo” una negociación que condujo al pago de 40 millones de dólares en sobornos al PMDB. Después habló sobre otra reunión, en 2014, en la residencia oficial del entonces vicepresidente, donde se acordó un nuevo pago de 10 millones de reales (3.200.000 dólares). Por el momento las dos acusaciones no tendrán repercusiones jurídicas gracias a la protección legal de la que goza el presidente, que no puede ser indagado durante el ejercicio de su cargo por actos precedentes a la presidencia que ocupa. Sin embargo, constituyen un tema embarazoso para el gobierno actual.
El PT y el ex presidente Lula también aparecen involucrados en las delaciones. Marcelo Odebrecht confirmó la transferencia clandestina de 300 millones de reales (95 millones de dólares) al PT en los últimos años. Agregó que existe una cuenta bancaria destinada exclusivamente a las necesidades del ex presidente. El saldo llegó a los 40 millones de reales (doce millones y medio de dólares). Además, el delator afirma que Odebrecht financió la remodelación del lugar que suele frecuentar el ex presidente en Atibaia, una zona del interior del estado de San Pablo, que puso a su disposición los jet y que apoyó los negocios de la familia Lula da Silva. A cambio de ese “apoyo”, le pidió a Lula que facilitara un acercamiento entre los directivos de la empresa y la presidente Dilma Rousseff. Lula aceptó recibiendo algunos favores para la empresa de su hijo menor, lo que efectivamente se cumplió según el testimonio del delator. Incluso antes de la delación que lo involucra, Lula ya había sido imputado en cinco causas, acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y de haber recibido sobornos, además de los cargos de asociación criminal e intento de obstrucción de la Justicia. Lula acaba de comenzar sus declaraciones ante el juez Sérgio Moro y se considera inminente que sea enviado a juicio.
Aécio Neves, presidente del PSDB – el principal partido de la oposición durante el gobierno del PT – y segundo en las últimas elecciones presidenciales, también se encuentra involucrado. El delator Henrique Valadares, ex director de Odebrecht, afirmó que entre 2009 y 2011 la empresa entregó 45 millones de reales (15 millones de dólares) a Aécio cuando era gobernador del estado de Minas Gerais a cambio de su apoyo para la construcción de dos centrales y de la Ciudad Administrativa en Belo Horizonte, monumento de su gestión en el gobierno de Minas. Otros miembros del partido, como el senador José Serra y el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, también figuran en las declaraciones aunque en circunstancias de menor gravedad.
La cadena de delaciones del caso Odebrecht apuntan también contra las campañas electorales de los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) y Dilma Rousseff (PT), acusados de haber recibido donaciones ilegales y de haber pagado coimas por un valor de 800 mil reales (250.000 dólares) al ex presidente Fernando Collor.
Indignación. En los brasileños cunde una creciente indignación y se difunde una profunda desconfianza contra los políticos y las leyes. La gente percibe que hay un abismo entre la opinión pública y el sistema político y que no existe ningún proyecto serio para el país. Persiste la desolación, el escepticismo y la desesperanza respecto del PT y de Lula – actualmente el ex presidente es el político más rechazado del país, con un índice de 45%, según el Instituto de encuestas Datafolha, y a pesar de que todavía se encuentra a la cabeza en la competencia para las elecciones presidenciales de 2018, con el 30% de la intención de voto. Por otra parte, Brasil está fracturado en dos partes, sin diálogo entre los que exigen un severo castigo para Lula y el PT y los que piensan que todo esto solo es una operación orquestada para liquidar al Partido de los Trabajadores. Son las heridas más graves del escándalo.
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