Dos Conferencias Episcopales, la de Argentina y Brasil, las más grandes del continente latinoamericano junto con la mexicana, se encuentran en rumbo de colisión con sus respectivos gobiernos sobre temas importantes de sus programas de gobierno. Hace pocos días, una nota de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) pone en tela de juicio la reforma de la Constitución que pretende el ejecutivo encabezado por Michel Temer “porque genera exclusión social y perjudica a los sectores más débiles de la sociedad”. Más adelante, hace un fuerte llamamiento “a las personas de buena voluntad a movilizarse para buscar lo mejor para nuestro pueblo brasileño, sobre todo para los más vulnerables”.
Algunos obispos brasileños llegaron un poco más lejos y pidieron abiertamente a los fieles de sus diócesis que salgan a la calle y adhieran a la huelga general.
La huelga fue convocada por todos los sindicatos brasileños para protestar contra la reforma laboral y jubilatoria propuesta por el gobierno del presidente Temer. Las reformas aprobadas tras duras discusiones parlamentarias apuntan a elevar la edad mínima para optar a la jubilación y suprimen numerosas leyes de protección de los trabajadores, presuntamente para reducir el déficit fiscal y favorecer la creación de puestos de trabajo. El obispo de Barra do Piraí-Volta Redonda, Francesco Biasin, un religioso italiano que pertenece al movimiento de los Focolares, se refirió con dureza a los sucesores de Dilma Rousseff: “Vamos a mostrar a nuestros gobernantes nuestra indignación en relación a las reformas impuestas a la población sin diálogo con la sociedad civil organizada” declaró, “y a expresar nuestro deseo de construir un Brasil mejor para todos”.
La petición de monseñor Biasin de participar en la protesta activa no es un hecho aislado. Fernando Antônio Saburido, obispo benedictino de la arquidiócesis de Olinda y Recife, en el nordeste de Brasil, también convocó abiertamente a sus fieles a participar en la manifestación nacional de protesta afirmando que “la clase obrera no puede perder los derechos que conquistaron con tanto esfuerzo”.
En el país vecino, Argentina, la crítica de la Iglesia apunta contra una medida del gobierno del presidente Mauricio Macri que reforma la ley inmigratoria con el propósito de acelerar las expulsiones y restringir el ingreso de extranjeros que hayan cometido delitos en sus países de origen. El decreto 70/2017 del Poder Ejecutivo justifica la medida en referencia a “hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento”, ante los cuales “el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera”. El obispo jesuita Manuel Hugo Salaberry, presidente de la Comisión Argentina de Migraciones de la Conferencia Episcopal Argentina, declaró que no existe dato alguno “que justifique la necesidad o urgencia de la reforma de la Ley de Migraciones a través de un decreto presidencial”. Como es sabido, la nueva ley aumenta las restricciones para el ingreso y permanencia de los extranjeros en Argentina, endurece los controles a los extranjeros que tienen antecedentes penales, sobre todo si están relacionados con la criminalidad organizada y el tráfico de estupefacientes, y acelera las prácticas de expulsión. Sin embargo, los obispos consideran que “Si bien el DNU está dirigido a enfrentar la criminalidad, vulneraría derechos de las víctimas de delitos y los derechos constitucionales garantizados por la constitución nacional y los tratados internacionales”.
La reforma de la ley migratoria es una de las tres cuestiones que enfrentaron en los últimos meses a la Iglesia con el gobierno de Macri. Otros temas fueron la reforma de la ley penal para los menores, con el propósito de bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, y la represión de un grupo de indígenas mapuches en la Patagonia que habían bloqueado un ramal ferroviario.
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