Condena de los obispos. Ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que de hecho ha disuelto el Parlamento donde la mayoría de sus miembros son contrarios al gobernante venezolano, en una larga y articulada declaración la Conferencia Episcopal manifiesta su preocupación y recuerda que los ciudadanos no pueden “permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados” y llama a la defensa de los derechos constitucionales. “Es hora” sigue diciendo el documento, “de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas”. Los obispos consideran que la situación que se ha creado demuestra que existe una grave crisis interna “que lesiona la democracia y la convivencia de los venezolanos”. La supresión del Parlamento (Asamblea Nacional, libremente elegida por el voto popular) atenta contra “la soberanía del pueblo”, afirman los obispos y llaman a “generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza, para construir una convivencia libre, justa y fraterna”. Las acciones represivas y arbitrarias, ilegales e inconstitucionales contra el Parlamento son “moralmente inaceptables… porque una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma” subraya el documento episcopal y denuncia que en el país existe una gravísima distorsión en el ejercicio del poder y se ignoran las necesidades del pueblo. Una vez más, los obispos denuncian el mal gobierno, incapaz de “dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas, la creciente violencia y la incitación al odio”. La declaración no utiliza la palabra “golpe” que en estas horas se reproduce en toda la prensa del país. La supresión del Parlamento venezolano ha sido definida casi unánimemente por la prensa internacional como un “autogolpe” de Maduro para salvar lo que todavía se puede salvar de su gobierno. Entre tanto, en el país continúan las protestas y manifestaciones públicas en calles y plazas contra la decisión del gobierno y en varias ciudades se han registrado gravísimos actos de violencia. El Presidente del Parlamento, Julio Borges, declaró que ahora “todo el poder está concentrado en las manos de Maduro, para hacer las leyes, endeudar al país sin el control del Parlamento y perseguir a los opositores”. Por su parte las Naciones Unidas expresaron su “grave preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional y pidió que lo reconsidere, porque “la separación de poderes es esencial para que la democracia funcione”. “Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos están protegidos”, declaró el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein. La oposición definió como “golpe de estado” los hechos ocurridos en Venezuela. La Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, condenó la decisión de la Corte Suprema que de hecho desautoriza al Parlamento, rompiendo así su alineamiento con el presidente Nicolás Maduro. Ortega, conocida como leal a la “revolución” socialista de Hugo Chávez, habló de “ruptura del orden constitucional”.
Advertencia de los militares. El lenguaje es burocrático y críptico pero la idea es clarísima: Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, instigador de la ilegítima decisión del Tribunal Supremo de Justicia en virtud de la cual se ha “disuelto” el Parlamento, debe dar marcha atrás inmediatamente y restablecer la legitimidad y operatividad del Parlamento (Asamblea Nacional).
La perentoria solicitud, bajo la forma de una “sugerencia”, fue enviada al gobernante de Caracas directamente por el Consejo de Defensa Nacional, es decir las Fuerzas Armadas. El comunicado del Consejo es claro: “exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”. El texto del Comunicado fue leído en un programa de radio y televisión obligatorio por el Vicepresidente Tareck El Aissami. El Consejo pidió asimismo que los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del Poder Público Nacional se encaucen “mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre poderes”. Por último, el Consejo rechaza “categóricamente cualquier intervención contraria a la independencia y la integridad territorial del país”.
El consejo de Defensa Nacional es un organismo de rango constitucional (artículo 323 de la Constitución) del que forman parte numerosos ministros, el mismo Maduro y algunos militares, entre ellos el hombre más poderoso de Venezuela, el Ministro de Defensa general Vladimir Padrino López, quien controla el Consejo.
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