La mayoría de los casi 7.000 guerrilleros concentrados en las zonas veredales no irán a ningún lado luego de dejar las armas. ¿Por qué y qué van a hacer?
Son pequeñas ciudadelas, no campamentos. Al entrar a los sitios que están construyendo las Farc en 26 veredas del país se siente que no serán temporales. Sobre terraplenes de cemento se levantan postes de madera, techos de eternit y habitaciones individuales de 24 metros cuadrados para los guerrilleros, cuya construcción en serie se asemeja a un barrio. Hay aulas, tanques de agua, plantas de energía, sanitarios y duchas móviles. Todo ello en medio de la selva, como en Putumayo, en la cima de las montañas, como en Miravalle, Caquetá, o en medio de la llanura, como en Charras en el Guaviare.
Cada una de estas ciudadelas ha recibido una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. En algunos casos ha sido necesario construir carreteras y reforzar puentes solo para transportar los materiales. Es un costo insignificante si se tiene en cuenta que se trata de terminar una guerra de medio siglo. Las construcciones están a medio camino, pero ya puede decirse que tienen vocación de permanencia. Es decir, a finales de mayo, cuando termine la dejación de armas, y las Farc se conviertan en partido político, la inmensa mayoría de los excombatientes permanecerá allí por varias razones.
La primera es que, según cálculos del gobierno, un 20 por ciento de los guerrilleros no tienen familias que los acojan luego del armisticio, dado que llevan demasiado tiempo en armas y han roto sus vínculos con el mundo exterior. Es decir, no tienen a dónde ir. La segunda, que según las propias Farc el grado de analfabetismo dentro de sus filas alcanza el 80 por ciento. Un grupo de universidades ha ofrecido apoyo a la reincorporación con un programa que podría permitirles validar primaria y bachillerato en algo más de un año. Esa es una medida mínima del lapso que muchos de ellos tendrían que permanecer concentrados. Al mismo tiempo, tendrían que aprender algunos oficios que les preparen para una vida productiva.
La tercera es que los combatientes de las Farc se reincorporarán a la vida civil colectivamente, bajo esquemas de cooperativas de trabajo asociado, y en forma muy ligada a los territorios donde otrora hicieron la guerra. Esto es algo nuevo en Colombia, donde los excombatientes, sean de las guerrillas o de las AUC, han terminado en una ruta individual de reintegración a la sociedad y el concepto que ha primado es el de la “salida” del territorio. Esto último no ocurrirá con las Farc.
Una cuarta razón para la continuidad de estos campamentos es que muchos, no se sabe aún cuantos, de quienes deben pasar por la justicia especial de paz, tendrían que esperar sus sentencias en ellos, entre otras cosas, por razones de seguridad.
Jean Arnault, jefe de la misión política de la ONU, dijo en entrevista reciente que nadie debería poner el grito en el cielo si las Farc se quedan en estos campamentos unos meses más. Meses que pueden ser realmente dos o tres años. Esa es la temporalidad que revela la infraestructura de las instalaciones. La teja, la madera, el terraplén. Ya un grupo de generales en retiro alzó la voz para señalar que esto sería un riesgo de seguridad nacional y evocaron de nuevo el ‘coco’ de las repúblicas independientes que originaron, de alguna manera, esta guerra.
Pero esa figura no tiene lugar hoy en día. Una vez las Farc dejen las armas, lo que ocurrirá a finales de mayo, desaparecerán las zonas veredales y la fuerza pública podrá ejercer su labor sin limitación en todas ellas. Los excombatientes de las Farc serán como los demás campesinos de la región. Ni más, ni menos. Y el verdadero problema de seguridad nacional sería expulsarlos a una sociedad sin estar preparados a vivir en ella.
Sin embargo, los militares hacen eco de un temor que han expresado algunos sectores en estas mismas regiones. Muchos de estos campamentos están en zonas en las que en los próximos años se pondrán en marcha los 16 Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, que deben atraer una gran inversión social. Estas zonas coinciden con las 16 circunscripciones especiales para la Cámara de Representantes pactadas en La Habana, y que si bien no son para las Farc ni para su partido, si lo son para las organizaciones y movimientos sociales locales, muchos de los cuales son de influencia fariana.
Al mismo tiempo la dinámica de la reincorporación de las Farc, que seguramente también conllevará inversiones y aportes tanto del gobierno como de la cooperación internacional y el sector privado, genera un contexto político favorable para su movimiento político. Esa coincidencia más que una gabela es un incentivo construido en La Habana para que una guerrilla antigua y terca pasara de las armas a los votos.
Quedarse en estas zonas es efectivamente el plan de las Farc. Pero no es un plan bajo la mesa, sino un propósito que ellas defienden abiertamente. Como lo dijo Benkos, uno de los líderes de las Farc en Vigía del Fuerte, en los límites de Chocó y Antioquia: “Vamos a quedarnos porque somos de aquí y aquí haremos política”. El propósito justamente es hacer coincidir la dinámica del desarrollo rural, del trabajo político y la reincorporación, con miras a construir su partido en estas regiones.
Como muchas iniciativas nuevas, esto genera temores y resistencias. Hay quienes temen que esto haga que las Farc mantengan influencia y poder en la región. Pero ese no es un problema, sino por el contrario, una solución. Las Farc dejan las armas, no su vocación de poder. Ahora, todo depende de cómo lo hagan. Que demuestren que así como transitan a la legalidad también lo harán hacia una cultura democrática. Que abandonen los métodos coercitivos usados durante décadas para constreñir la vida comunitaria. Ese es el reto que tiene su dirigencia, y el propio Estado.
El gobierno ha entendido paulatinamente que muchos guerrilleros se quedarán a vivir por un tiempo en estas ciudadelas. Y eso requiere de una planeación. Finalizadas las zonas veredales transitorias, tendrá que crearse alguna figura propia del posconflicto para darles una temporalidad relativa. En el gobierno hay quienes creen que esto tendría que ser bajo inspección de la misión de la ONU y con un enfoque netamente de reconciliación. Eso no tendría por qué ser amenazante, y, en cambio, si podría favorecer una reincorporación más pausada y sólida para los 7.000 guerrilleros que hoy ven su futuro como apenas una nebulosa.
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