El que comienza el 16 de marzo no será un proceso como otros. Porque junto con trece policías será juzgado también el padre Eugenio Zitelli, un sacerdote católico que en la época de la Junta Militar fue capellán de las Fuerzas Armadas. Se lo acusa de haber participado en crímenes contra los derechos humanos.
Es el tercer capítulo de una extensa investigación sobre las aberraciones cometidas por la dictadura en el centro de detenciones clandestino del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de la ciudad de Rosario. El proceso investigará delitos cometidos en perjuicio de 155 víctimas de la represión. Entre ellos homicidio, privación ilegal de la libertad, torturas y abuso sexual.
Según el fiscal Adolfo Villate “es un juicio que se calcula que va a durar un año y medio o dos” sobre todo por el elevado número de testigos ofrecidos por las partes, que son más de 300.
La acusación considera que los imputados participaron en las actividades del principal centro de detención clandestino de la provincia de Santa Fe. Se estima que en ese centro se hicieron desaparecer cerca de dos mil personas durante los primeros años de la dictadura. Estos hechos, si bien cualquier comparación será planteada en el momento de la sentencia, recuerdan otros casos de sacerdotes acusados de haber cerrado ojos y oídos o de haber participado directamente en la maquinaria represiva.
Si bien es cierto que hubo casos de inaceptable gravedad, como el de Christian Von Wernich, el ex capellán de la Policía de Buenos Aires condenado a cadena perpetua, “hubo casos de complicidad, pero al mismo tiempo – recordó en el pasado Ángela Boitano, madre de dos hijos desaparecidos – hubo muchos curas que estaban en contra y combatían los horrores del régimen”.
La contabilidad negra de la “guerra sucia” registra al menos 18 sacerdotes y religiosos asesinados o desaparecidos, entre ellos monseñor Enrique Angelelli y el grupo de padres pallotinos, muertos entre 1976 y 1977, sin contar los numerosos sacerdotes arrestados e interrogados. Las culpas de los hombres de iglesia fueron resumidas en el dramático “Nunca más”, el informe final, aunque no definitivo, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en 1984. Vale la pena recordar que hay todo un capítulo dedicado a las “Actitudes de algunos miembros de la Iglesia”.
“El Episcopado Argentino condenó reiteradamente la modalidad represiva que investigó esta Comisión”, comienza diciendo el texto. “No habían transcurrido dos meses del golpe del 24 de marzo de 1976 cuando la Conferencia Episcopal, en Asamblea General, calificó de «pecado» los métodos empleados. En mayo del 77 publicó, en el mismo sentido, un severo documento precedido de comunicaciones a los miembros de la Junta Militar”. Pero si bien la posición asumida resultaba suficientemente clara, “lamentablemente, hubo miembros del clero que cometieron o avalaron con su presencia, con su silencio y hasta con palabras justificatorias – continúa – estos mismos hechos que habían sido condenados por el Episcopado”.
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