La Asamblea Nacional de Venezuela, elegida hace 13 meses y controlada por los partidos de la oposición, existe pero no puede actuar. Por lo menos esa fue la decisión del Tribunal Supremo Revolucionario, controlado por el gobierno, que declaró hace varios meses que esta Asamblea es inconstitucional y por lo tanto sus resoluciones no tienen ningún valor legal; por último, el Tribunal le quitó al Parlamento unicameral el financiamiento del Estado. La respuesta de la oposición no se hizo esperar y con un voto ampliamente mayoritario declaró que el presidente Maduro ha “abandonado sus responsabilidades” y por lo tanto ya no es presidente del país. Se debe nombrar un gobierno ad interim y convocar a elecciones. A su vez los colaboradores de Maduro respondieron: “¿Quieren guerra? Pues tendrán guerra”.
Y esta es la dramática situación de Venezuela en los días previos al tercer encuentro de diálogo nacional acompañado y asistido por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con la presencia y cercanía de mons. Claudio Maria Celli, Enviado especial del Papa. Las partes deberían encontrarse el próximo viernes pero la incertidumbre es cada vez más profunda y, a la luz de los últimos intercambios de acusaciones entre el gobierno y las oposiciones, casi nadie piensa que llegue a concretarse. Lo que ha ocurrido en las últimas horas parece especialmente pensado para boicotear un diálogo en el que ya no cree casi nadie pero todos consideran indispensable, la única alternativa para salvar al país de una crisis aún más grave que la que vive desde hace meses.
Entre tanto en América Latina crece a pasos agigantados el nivel de alarma, sobre todo en los países que tienen fronteras comunes con Venezuela. En realidad toda la región sudamericana está preocupada porque la crisis venezolana ha dividido la opinión pública interna en cada país, a favor o en contra de Maduro, y se teme que el conflicto venezolano pueda difundirse a otros países, con el riesgo de protestas violentas seriamente insidiosas, visto que en las naciones más grandes de la región la situación política e institucional también es bastante delicada debido a la fuerte polarización.
Para todos resulta claro que el agravamiento de la crisis venezolana no quedaría circunscripto a ese país porque, tal como se ha visto, Maduro tiene el apoyo o la simpatía de los gobiernos de Managua, La Habana, La Paz y otros del Caribe. En el frente opuesto, critican y condenan al gobierno de Caracas países como Argentina, que lo hace de manera abierta y agresiva, y otros que prefieren tonos más blandos y controlados pero no temen demostrar con claridad su desacuerdo, entre ellos Chile, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Algunos observadores y analistas consideran que una posible salida para esta situación cada vez más compleja reside precisamente en las naciones latinoamericanas, pero que deberían actuar en una sede que no fuera la OEA (Organización de Estados Americanos), inaceptable para Caracas – y no solo para ella -, con la cual, de hecho, ha roto relaciones. Una carta in extremis, piensan muchos, podría jugarla el Papa Francisco. En este sentido los defensores del diálogo confían en la gran capacidad de Francisco para construir puentes allí donde otros solo han dejado escombros.
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