El descubrimiento. La semana pasada en Tumeremo, estado de Bolívar al Sur del país, desaparecieron 28 mineros venezolanos. El lunes se confirmó que habían encontrado 17 cuerpos. Probablemente fueron ajusticiados a sangre fría: todos los cuerpos presentan heridas de armas de fuego en la cabeza. Exactamente lo mismo que ocurrió en septiembre de 2014 en Iguala, México, aunque el horror en aquel caso fue –de ser posible- aún peor: después de ser asesinados, los cuerpos de los estudiantes fueron quemados y completamente destruidos, y por eso muchos de ellos todavía no fueron encontrados o identificados. Tanto en Venezuela como en México, se trata de fosas comunes. La que contenía los restos de los mineros era de 5 metros de profundidad; en Guerrero –el estado mesicano donde se encuentra Ayotzinapa, la localidad de la masacre- hay cientos de ellas y continuamente aparecen otras nuevas.
Dinámica de los hechos. Otro hijo rojo une a mineros y estudiantes: fueron víctimas de la red de complicidad y connivencia entre autoridades locales y bandas criminales. En el caso mexicano, los estudiantes fueron secuestrados y asesinados por el grupo narcomafioso de Guerreros Unidos, con la colaboración de la policía de Iguala que actuaba bajo las órdenes de la pareja criminal compuesta por el alcalde y su esposa. En Venezuela hay de por medio una banda mafiosa que lucha por el control de las numerosas minas ilegales que se encuentran en esa región, limítrofe con Brasil. Es un negocio que resulta mucho más lucrativo desde que el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció, precisamente la semana pasada, un nuevo plan para reforzar la explotación minera, medida con la cual Caracas intenta hacer frente a la debacle económica del país.
En Venezuela la banda mafiosa en cuestión responde a personajes cercanos a “El Topo”, jefe de uno de los cuatro grupos que se disputan el control de las minas en el estado de Bolívar. Al igual que en México, es probable que también esté involucrada la policía local: ayer las autoridades anunciaron el comienzo de una investigación dentro de la policía venezolana.
Primero el desconocimiento, después las acusaciones y por último la investigación. También es una constante en las dos historias de criminalidad, connivencia e impunidad de México y Venezuela. El gobernador de Bolívar, Francisco Rángel Gómez, aseguró, cuando ya había comenzado a circular la noticia de la desaparición de los mineros –y aunque después dio marcha atrás-, que “no hay ningún problema en Tumeremo”. Palabras muy semejantes a las que en su momento usó en México el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, que después debió renunciar arrastrado por el caso. Recién después de la negativa inicial llega, tardía y a menudo inútil, la reacción de las máximas autoridades políticas y judiciales. En este sentido, la orden de militarizar la zona con 1000 soldados que dio Maduro y el espectacular operativo de búsqueda de los estudiantes que lanzó Peña Nieto en 2014 son especulares.
Otra de las constantes es la inicial criminalización de las víctimas. Según algunas autoridades, los estudiantes eran peligrosos subversivos, así como los mineros velezolanos estarían de alguna manera involucrados en actividades delictivas.
Iglesia. Son asimismo semejantes las tomas de posición de la Iglesia. La condena de la mexicana llegó desde las columnas del semanario de la arquidiócesis de México “Desde la fe”; la venezolana se pronunció por medio de un comunicado que se propone “llamar la atención para que no sea un hecho más sin solución en la historia de Venezuela”.
Sin embargo, existe una importante diferencia entre las dos historias. En México, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se transformó muy pronto en un caso que potencialmente hizo tambalear el gobierno de Peña Nieto, con multitudinarias protestas en las calles y campañas virales en las redes sociales para pedir justicia. Sin duda en esa oportunidad jugó un rol importante para movilizar la opinión pública la rápida y decidida toma de posición y la campaña de sensibilización que llevaron adelante los padres, familiares y compañeros; mientras los mineros de Venezuela, que en su mayoría son personas solas y desarraigadas, no pudieron contar con una base igualmente compacta y capaz de hacer escuchar su voz. Pero no hay duda de que esa reacción fue una señal positiva para México, que demostró la vitalidad de una parte importante de su sociedad civil. En la Venezuela actual, que enfrenta la fase terminal del chavismo ahogada por una crisis económica y social sin precedentes, parece mucho más difícil esperar un resultado análogo.
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