Cuando el Papa Francisco visite México, probablemente los primeros meses de 2016, ya es oficial que viajará por lo menos a dos ciudades: la capital, Ciudad de México, y Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua) en el límite con Estados Unidos. Así fue confirmado el domingo pasado por el arzobispo Constancio Miranda Weckmann.
Ciudad Juárez se encuentra a orillas del Rio Grande, exactamente al frente de la ciudad texana de El Paso y, de hecho, las dos ciudades forman una única área metropolitana binacional de aproximadamente dos millones y medio de personas (la mayor área metropolitana binacional después de Tijuana-San Diego). Esta ciudad, la quinta más grande de México y centro industrial con fuerte desarrollo, desde hace muchos años ocupa reiteradamente los titulares de los medios no solo por la dramática cuestión de los migrantes que desde América Latina intentan pasar a Estados Unidos (por lo general contratando la ayuda de bandas criminales del narcotráfico, del tráfico de armas y de la delincuencia común), sino también –y sobre todo- por una oleada de fimicidios misteriosos que desde 1994 hasta hoy le ha costado la vida a más de 500 mujeres. Un fenómeno idéntico se registra en otros lugares del Estado de Chihuahua y las cifras son siempre de varias decenas.
Lo que resulta más alarmante es la edad de las víctimas (todas entre los 13 y los 27 años) y la casi total indiferencia del Estado con respecto a lo que diversas asociaciones de mujeres mexicanas no dudan en definir un genocidio de género.
Hace años que realidades como “Justicia para nuestras hijas” luchan para buscar la verdad y denunciar a las autoridades locales por inadecuado desempeño y atención en la resolución de los delitos; muchas veces las mismas fuerzas policiales están involucradas con la criminalidad organizada o no investigan los casos que se refieren a personas de baja extracción social, y ese es precisamente el origen de las víctimas que están ensangrentando Ciudad Juárez desde hace veinte años.
La visita del Papa Francisco a estos lugares tendrá como objetivo, casi seguramente, manifestar la cercanía de la Iglesia a las familias de las víctimas y a las instituciones que hacen todo lo posible para aclarar estos hechos inquietantes; pero también con el propósito de apremiar a las autoridades para que demuestren su voluntad de poner fin a la matanza de inocentes.
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