por Alver Metalli
El más espinoso de los cinco puntos en cuestión ha quedado en el pasado. De él dependía toda la estructura del acuerdo de paz entre el gobierno de Manuel Santos y las Farc de Colombia. La guerrilla (éste es el núcleo del segundo punto, que se firmó ayer) acepta el desarme y la transformación en partido político a cambio de obtener un “Estatuto de garantías” para el ejercicio de la oposición política en general y, en particular, «para los nuevos movimientos que surgirán después de la firma del acuerdo final»; obtienen también espacios en los medios de comunicación, reformas institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y garantías de transparencia en los procesos electorales, especialmente en las zonas donde hay mayor peligro de fraudes.
Este, en síntesis, es el resultado del segundo ciclo de conversaciones que comenzó en junio, y representa la etapa más difícil para llegar a un acuerdo global. Un resultado histórico que podría poner punto final a medio siglo de conflicto armado.
Hay quienes hacen notar que se llegó a este acuerdo bajo el Pontificado de un Papa latinoamericano. Y no hay duda de que el Papa Francisco ha apoyado con convicción (y desde el primer momento) el diálogo y la negociación bilateral que se desarrolla en Cuba. Lo habló con el presidente Santos en mayo, en ocasión de la canonización de Laura Montoya, la primera santa colombiana; lo confirmó al presidente de Uruguay, José Mújica, en junio; lo ha repetido en diferentes ocasiones a los obispos que lo visitaron en estos meses. Por otra parte, la Iglesia colombiana ha pagado un precio muy alto por la paz, que ahora realmente podría ser inminente. Un total de 83 sacerdotes, 5 religiosas y 3 religiosos fueron asesinados desde 1984 hasta la fecha, junto con un gran número de catequistas.
Pero nunca cedió a la ilusión de la solución militar, ni en la década de los 90 (cuando la guerrilla tenía la iniciativa en grandes regiones del país y estaba en expansión) ni durante la primera década del siglo XXI, después de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, líder de las Farc, y los sucesivos golpes asestados por el gobierno a otros miembros del secretariado central de la organización guerrillera.
Un día antes del histórico anuncio, el martes 6 de noviembre, en la sede del episcopado colombiano, el cardenal Rubén Salazar Gómez presentó un texto de 92 páginas con los llamados “Ocho puntos minimales para un acuerdo nacional”. El texto era el fruto de una amplia consulta que comenzó en 2009 y que había involucrado a todos los actores de la vida social, económica, política y académica del país. El documento plantea las “condiciones necesarias para una reconciliación y paz estructurales y permanentes en la sociedad colombiana”. Una forma de ejercer cierta presión sobre las partes que estaban negociando en Cuba. Es importante notar que el contenido de los “ocho puntos” en su mayor parte quedó incorporado en el acuerdo de La Habana.
Una vez superado el obstáculo de mayor carga política, las delegaciones del gobierno y de la guerrilla decidieron una pausa de 10 días para reflexionar. Después comenzará la discusión sobre el tercer punto, sobre las drogas ilegales, por lo que se hablará sobre la indemnización a las víctimas del conflicto, antes de definir los mecanismos para someter a un referéndum el texto del acuerdo final.
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