Pablo Escobar, emblema de todos los narcotraficantes colombianos, fue abatido en la ciudad de Medellín hace quince años por agentes colombianos con la ayuda de la DEA estadounidense. Hace dos años, la principal guerrilla de Colombia, que construyó su fortuna con la producción de droga, firmó un acuerdo de paz y depuso las armas, liberando el territorio que ocupaba. Pero el cultivo de coca no disminuyó. Entre un hecho y otro, varios capos de cárteles colombianos fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos y el gobierno de Santos implementó diversos planes para la sustitución de cultivos antes de entregar el mando al nuevo presidente Iván Duque. A pesar de eso, la superficie cultivada con coca no solo no ha disminuido sino que siguió expandiéndose en forma acelerada. Hasta llegar a nuestros días, cuando la planta que da origen a la cocaína ha llegado a su máximo nivel histórico.
Así lo demuestra el último informe de las Naciones Unidas, cuya Oficina contra la droga y el crimen acaba de publicar datos según los cuales las plantaciones de coca ocupan actualmente una superficie de 171.000 hectáreas (datos de 2017), con un incremento del 17% respecto del año anterior. El dato confirma una tendencia que prácticamente no ha variado desde 2013 hasta hoy: la tierra utilizada para el cultivo de coca ha crecido a un promedio del 45% anual. No solo eso, sino que el informe señala que la cosecha de los últimos años es tres veces más productiva que en 2012. El negocio de la exportación de cocaína en 2017 llegó casi a los 2.700 millones de dólares, un mercado impresionante que supera, por ejemplo, al del café, cuyas exportaciones en 2017 fueron de 2.500 millones de dólares. Comparando algunos datos del informe con otras rentas legales de Colombia, se desprende que el mercado de la cocaína solo es inferior a la exportación de petróleo y de carbón.
Las cifras de las Naciones Unidas son bastante semejantes a las de un informe análogo elaborado en el mes de junio por Estados Unidos, en base al cual el presidente Trump pudo decir que Colombia debe esforzarse más en la lucha contra la producción de drogas, dando a entender no muy veladamente que de ello depende el futuro nivel de ayuda al país, que desde el año 2000 hasta la actualidad es de 10.500 millones de dólares anuales. No son buenas noticias para el país andino, considerando además el hecho de que el presidente estadounidense dedicará precisamente a Colombia, en diciembre, la primera visita al continente latinoamericano.
El informe de las Naciones Unidas constituye un duro golpe para la percepción de que Colombia estuviera ganando la doble batalla contra sus enemigos históricos: la droga y los grupos armados que comercian con ella. Los niveles de producción de coca demuestran en cambio que el gobierno nunca llegó a recuperar el control de los territorios ocupados por grupos rebeldes cuando firmaron los acuerdos de paz en 2016.
Hace pocos días el nuevo presidente Iván Duque anunció la presentación inminente de un nuevo plan para combatir el tráfico de droga cuyo propósito es reforzar “las capacidades de interdicción aérea, marítima y terrestre” de Colombia y “desarticular por completo las redes de suministro tanto de precursores como de insumos”. Los detalles del nuevo plan todavía no se conocen, en primer lugar si volverán a utilizarse las fumigaciones aéreas de sustancias químicas, técnica que fue suspendida por un tiempo por su antecesor Juan Manuel Santos por las preocupaciones de que el agente, el glifosato, pudiera ser cancerígeno.
El programa de sustitución de cultivos previsto por los acuerdos de paz tampoco ha dado los resultados que se esperaban y según los técnicos encargados de los controles habría incluso producido consecuencias imprevistas. Cuando los campesinos que se dedicaban a otros cultivos han notado los beneficios de los subsidios que recibían quienes anteriormente plantaban coca, empezaron a cultivar la planta prohibida solo para obtener del gobierno las subvenciones para reemplazarla. En los casos en que el gobierno no cumplió totalmente con el compromiso del subsidio, continuaron con el cultivo ilegal.
Un tercer nodo relacionado con la producción de coca tiene que ver con los líderes sociales de las comunidades. Según los mismos datos de las Naciones Unidas, habrían sido asesinados 295 entre diciembre de 2016 y junio de 2018, casi siempre por oponerse o denunciar el tráfico.
El cuarto problema lo constituye el impacto del cultivo de coca en el patrimonio forestal de Colombia. La expansión de las plantaciones es causa directa de deforestación, un fenómeno que en los últimos años se ha duplicado en el territorio nacional. El último informe de las Naciones Unidas muestra que el 34% de las plantaciones de coca identificadas se encuentran en áreas que hasta 2014 eran vírgenes.
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