En Chile, donde la prensa y la opinión pública tienen la percepción de que el urgente y necesario proceso de renovación de la Iglesia local es muy lento y poco transparente, la Justicia en cambio camina con pasos agigantados y su acción tiene una velocidad supersónica. Es cierto que los tiempos de la Iglesia no son los mismos que los del Poder Judicial, pero también es cierto que si el juez llega primero, después las cosas se complican muchísimo más para el obispo, sobre todo si el primero que queda afectado es el mismo obispo.
En el país sudamericano, donde la totalidad de los obispos (32), salvo cinco, han pasado a ser desde el 17 de mayo simples ordinarios diocesanos renunciantes, se están llevando a cabo decenas y decenas de juicios que involucran a 158 miembros de la Iglesia, y los presuntos delitos abarcan un arco de tiempo muy amplio, desde 1960 hasta la actualidad. En estos juicios, el total de las presuntas víctimas son 266, de las cuales 178 eran menores en el momento del hipotético delito de abuso sexual.
Actualmente los miembros de la jerarquía incriminados, por ocultamiento de esos abusos, son tres obispos: Santiago Silva, obispo castrense y Presidente del Episcopado. Juan Barros, emérito de Osorno, discípulo de Karadima, quien estuvo en el centro de la crisis de los últimos meses, y Carlos Pelligrin, obispo de Chillán. La lista de los incriminados a la espera de ser interrogados en la primera mitad de octubre, incluye además al arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati. Según noticias de las últimas horas estaría por producirse ahora la incriminación de otro cardenal, emérito de la capital, quien actualmente es miembro del Consejo de los 9 cardenales (C9), Francisco Javier Errázuriz.
Se ha presentado ante el Tribunal de Santiago una querella contra los dos purpurados, Ezzati y Errázuriz, del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien acusa a ambos de haber encubierto los abusos sexuales del padre Jorge Laplagne, quien naturalmente también está incluido en la denuncia. La querella llama en causa asimismo al actual Administrador apostólico de Rancagua y ex obispo auxiliar de Santiago, Mons. Fernando Ramos, Secretario de la Conferencia Episcopal.
El pasado mes de julio el Arzobispado de Santiago comunicó que había abierto una investigación por abusos sexuales sobre este sacerdote, a raíz de una denuncia recibida el mes anterior. En aquel momento se dijo que, por razones de precaución, el sacerdote había sido alejado por 60 días de las funciones de su ministerio. Por lo tanto, el padre Laplagne debería haberse reintegrado ya plenamente a sus tareas.
La prensa chilena, que en estas horas atribuye relevancia a la noticia, considera que la situación del cardenal Errázuriz es muy delicada y en consecuencia estima muy probable una notificación oficial que lo incrimine por ocultamiento de abusos sexuales y que tarde o temprano sea sometido a un interrogatorio como imputado.