A diario ocurren muertes violentas de civiles inocentes, incluyendo niños y bebés. El Estado, con la policía, no es capaz de ofrecer seguridad a los ciudadanos y, por el contrario, la ciudadanía le teme. Violando la Constitución Política, actúan paramilitares, un ejército irregular apoyado por la policía, que siembra el terror e impone, de hecho, el “toque de queda” todas las noches.
El Ejército de Nicaragua no cumple su función de defender la soberanía defendiendo al soberano, el pueblo, y permite violaciones a los derechos humanos y un cuerpo armado inconstitucional paralelo al suyo sin desarmarlo, alegando una estrecha y mal entendida condición de “apolítico y no deliberante”. La ley y la justicia no existen. La delincuencia impera impunemente, incluso con la complicidad de las autoridades, al punto de invadir y ocupar propiedades privadas urbanas y rurales a la vista de todo el mundo.
Cuando esto ha sido visto en innumerables medios del mundo entero, verificado, y condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sin que la situación mejore sino que por el contrario empeore cada vez más, es natural preguntarse si no sería conveniente la intervención de los cascos azules de la ONU para evitar una guerra civil, pues resulta evidente que ante cada acción represiva, ante la frustración por una paz que no llega y ante el aumento de la inseguridad y la situación económica precaria, la ira popular aumenta.
En el Diálogo Nacional con la Iglesia Católica como mediadora y testigo, tanto el Gobierno como la Alianza Cívica dicen buscar una solución pacífica, constitucional y electoral a la grave crisis nacional; pero el diálogo se traba en el momento de abordar el tema fundamental, las elecciones, y el Gobierno se niega a tratarlo hasta que no se levanten los tranques puestos por la población en ciudades y carreteras afirmando que son un medio para defenderse de policías y paramilitares.
La Alianza Cívica dice que no propiciará desmontar los tranques si primero el Gobierno no desarma a los paramilitares y deja de atacar y perseguir a estudiantes y población civil, pues temen quedar desprotegidos y vulnerables.
Pero el Gobierno no quiere dar ese primer paso, alegando que la violencia también viene del sector opositor. Entonces no se logra un consenso para que el Diálogo Nacional produzca los acuerdos necesarios para resolver el conflicto mediante elecciones anticipadas, lo que no solo se pide en Nicaragua sino que organizaciones como la OEA y la comunidad internacional consideran la única vía de solución pacífica.
Ante este impase cabe pensar que, si los mediadores del Diálogo Nacional y las misiones internacionales de Derechos Humanos de la OEA y la ONU no tienen capacidad para detener la violencia, a pesar de su buena voluntad, y resulta necesaria una fuerza de paz internacional como los Cascos Azules, entonces debe venir.
Según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede enviar una Fuerza Militar Multilateral de Paz a Nicaragua, conocida como Cascos Azules, que ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces a disposición de la ONU para ayudar a los países a transitar del conflicto a la paz, con capacidad para desplegar y mantener efectivos militares y de policía en cualquier lugar del mundo.
El último antecedente en nuestra región fue el envío de una Fuerza de Paz a Haití en 1994. Para que vengan es necesario el consentimiento del Gobierno, pero sería la forma de que este evite provocar una guerra civil que no conviene a nadie y destruiría al país. Así podríamos lograr la salida pacífica constitucional y electoral que el Gobierno también dice que desea.
Si el Gobierno se siente impedido o temeroso para detener los actos delincuenciales, desarmar a los paramilitares y ordenar a la policía el “cese al fuego” que los obispos católicos le han pedido reiteradamente, pues que autorice a venir urgentemente a los Cascos Azules para poner orden, dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, detener la violencia y proteger los derechos humanos. Ellos actuarían con imparcialidad, sin usar la fuerza excepto en legítima defensa y en defensa de su mandato. Así tendríamos un ambiente de tranquilidad para dialogar, acordar y realizar las elecciones anticipadas donde el soberano, el pueblo, decida su destino.
*Abogado, escritor y periodista. Nacido en Granada (Nicaragua), reside actualmente en Managua.
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