Los dos delincuentes que un día de mayo de 2012 entraron a un restaurante de Montevideo y asesinaron a un camarero que estaba trabajando, pusieron en marcha algo que en aquel momento no se sabía muy bien a dónde conduciría pero que se fue haciendo más claro cuando la ola de indignación pública llevó al gobierno del entonces presidente José Mujica a anunciar que en la lucha sin cuartel contra la droga y quienes la vendían tomaría medidas para regular y controlar el mercado de la marihuana, el estupefaciente más consumido por los uruguayos. El presidente de Uruguay de aquel momento se apresuró, en una entrevista concedida a la CNN en español, a dejar en claro que el problema realmente grave era el narcotráfico y la violencia que conlleva, no la marihuana en cuanto tal.
Seis años después de la decisión presidencial y a casi un año del comienzo efectivo de la venta legal de marihuana en algunas farmacias del país, el mercado ilegal de la droga comienza a mostrar algunos cambios, aunque no precisamente los que se esperaban.
En 2012, cuando se propuso por primera vez la reglamentación, se habían incautado 153 plantas de marihuana; en 2017 – según cifras del Ministerio del Interior – las plantas incautadas saltaron a 1.926. Por otra parte, los informes de la policía muestran inequívocamente que los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes por el control del mercado no solo aumentaron en la capital, Montevideo, sino que también se extendieron a otras ciudades del interior como Minas, Chuy y San Carlos.
El periodista Guillermo Losa, en una investigación que realizó el diario nacional El Observador, refiere datos del Ministerio del Interior uruguayo según los cuales el 60% de los homicidios actuales corresponde a enfrentamientos entre grupos criminales vinculados al tráfico de droga, el doble con respecto al 30% registrado en 2012. Y si bien el Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) estima que más de la mitad de los consumidores de marihuana adquiere la droga por canales legales, el objetivo por el cual se escribió y aprobó la ley para combatir el narcotráfico está muy lejos de haber sido alcanzado.
Mónica Ferrero, fiscal especializada en tráfico de droga, cree que el mercado ilegal ha sabido adaptarse a los cambios y ha introducido una nueva modalidad de venta de estupefacientes: del “prensado” paraguayo, una mezcla de tallos y hojas a la que se agregan agentes químicos, se ha pasado a plantas y cogollos que ahora se pueden conseguir con cierta facilidad. Estos últimos son la parte de la planta que contiene las propiedades psicoactivas y son un producto de mayor calidad que el preparado en el país limítrofe. Tan es así que una voz respetada del Ministerio del Interior, el subsecretario Jorge Vázquez, debió admitir ante El Observador que se está analizando la situación para tratar de determinar si las plantas y cogollos incautados en el mercado ilegal provienen del mercado legal, de clubes de cannabis o auto cultivadores autorizados, o si son introducidos en el mercado por productores no registrados. “Desde el punto de vista de la seguridad pública, la marihuana nunca fue un problema importante”, reconoció Vázquez. Pero las cosas han cambiado y una fuente de la policía afirma que el mercado ilegal ha sabido adaptarse muy velozmente a la ley sobre la reglamentación de esta droga, por ejemplo, reduciendo la venta de marihuana e incrementando la de cocaína, paco u otras drogas que constituyen un mayor incentivo para el delito.
El paco, acrónimo de “pasta base de cocaína”, es un residuo de la elaboración de cocaína que se mezcla con sustancias altamente tóxicas como kerosene, ácido sulfúrico, talco, vidrio molido de tubos fluorescentes, y hasta veneno para ratas. Una dosis puede costar incluso menos de medio dólar y resulta accesible para los sectores más vulnerables. El efecto es muy intenso y aparece alrededor de 20 segundos después de consumirlo, aunque dura solo unos minutos, y por esa razón resulta sumamente adictivo. El consumo del paco tiene dramáticas consecuencias ya conocidas, entre ellas la de excluir a los sectores más carenciados del mercado del trabajo.
Uno de los objetivos de la ley que regula la producción y el consumo de marihuana era alejar a los consumidores de cannabis de los lugares donde se ofrece paco o cocaína. Pero la reglamentación nunca llegó a los barrios más pobres. Baste pensar que de las 16 farmacias autorizadas para vender marihuana en Uruguay, la mayoría se encuentra en barrios de ingresos medios y altos. En Montevideo, la capital, solo hay una localizada en un barrio de menores ingresos.
Pero más allá de la manera como se distribuyen los puntos de venta, el número de farmacias habilitadas para la venta legal sigue siendo muy bajo, entre otras cosas debido a la amenaza de los bancos de cerrar las cuentas a quienes venden la droga, lo que hizo desistir de ese negocio a varios comerciantes. El Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis se propuso crear entonces una regulación que permitiera vender la droga a comercios cuyo negocio central sea el cannabis y que estén dispuestos a trabajar en efectivo para evitar el freno de los bancos. Sin embargo, todavía no hay novedades en este sentido y las autoridades del organismo prefirieron lo hacer declaraciones a El Observador.
En hecho es que el consumo de cocaína sigue creciendo en desmedro del paco. El fenómeno se explica probablemente por una mejora del poder adquisitivo de los uruguayos que ha llevado a los consumidores de esa sustancia a optar por una droga de mayor calidad. Eso también implica más dinero para los narcotraficantes y sin duda convierte en un éxito la ley proyectada en 2012. Para los narcos.
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