El Parlamento chileno se apresta, tras la propuesta del Presidente de la República Sebastián Piñera, a discutir una ley que debería reemplazar definitivamente las leyes actuales sobre la prescripción en materia de abusos sexuales contra menores (lo que evitó a Fernando Karadima la condena a la cárcel). Y al mismo tiempo la Justicia del país sudamericano ha resuelto abrir un Registro Nacional para los casos de abusos sexuales contra personas menores de edad.
El anuncio fue hecho por el Procurador de la Nación, Jorge Abbott, quien explicó también que si después de los casos recientes sobre miembros del clero acusados de abusos en dos regiones – Maule e O’Higgins – se descubrieran otros casos en otras localidades (circulan noticias en San Felipe y Chillán) seguramente se adoptarían dos nuevas medidas: unificación de las causas y el nombramiento de un juez especial. Según la prensa chilena, la cuestión de los “abusos en la Iglesia” ya se ha convertido en una especie de emergencia nacional porque provoca una gran preocupación y alarma social, alimentada en buena medida por la importancia que han dado a estas noticias los medios de comunicación chilenos, especialmente la televisión. El Procurador Abbott considera que en esta materia la Justicia debe actuar con total e inmediata transparencia para distinguir culpables de inocentes, y sobre todo con mucha tempestividad porque la lentitud incrementa la alarma social.
Por último, Abbott destacó que “el Registro sobre abusos estará siempre actualizado, en la medida en que se acepte nuestra invitación, vale decir, que las presuntas víctimas hagan su denuncia en la sede correspondiente. Estamos convencidos de que lo que está saliendo a la luz en materia de abusos sexuales es extraordinariamente grave”.