Al cabo de muchos años de aparente “calma y orden total”, severamente controlado por el régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, Presidente y Vice respectivamente, Nicaragua se encuentra sacudida desde el miércoles por una oleada de fuerte violencia en diversas ciudades del país, y hasta el momento se cuentan 25 muertos en los choques de la policía gubernamental con los manifestantes.
El lunes pasado el gobierno de Daniel Ortega anunció un aumento de las tasas de aportes al Seguro Social que los trabajadores deben pagar para sus futuras pensiones. Los empleados pasarán de dar al seguro el 6,25 al 7% de su salario y los empleadores pasarán de pagar el 19 al 22,5%. Los actuales pensionados también deberán contribuir a refinanciar el sistema, que se encuentra en crisis, con el 5% del monto que reciben.
Esta decisión dio origen a la formación de una insólita oposición que reúne bajo intereses concordantes a los trabajadores en general, los jubilados, los desocupados y los empresarios.
Ante la gravedad de la situación social en el país, según algunas agencias, el presidente Ortega habría declarado que estaba dispuesto a negociar con todas las partes involucradas.
Varios obispos así como las autoridades de la Conferencia Episcopal condenaron con dureza la represión policial y el comportamiento del gobierno. El arzobispo de la capital Managua, cardenal Leopoldo Brenes, hizo un encendido llamado al diálogo y la negociación, llamado que el gobierno de Ortega declaró que aceptaba, prometiendo crear las condiciones para encontrarse con todas las partes. La Iglesia local apoya decididamente las protestas sobre todo de los más jóvenes, que son el motor social de las manifestaciones que comenzaron el miércoles.
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