El primer presidente que tomó esa decisión fue Bush (George) en 2006, después volvió a hacerlo Obama (Barak) cuatro años después, en 2010. Bush envió seis mil hombres a la frontera mexicana, Obama un poco menos, mil doscientos. Ahora, Trump (Donald) anuncia a América Latina, porque considera que es el origen de los problemas que tiene América del Norte, su decisión de desplegar las tropas de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México, para apoyar el trabajo de la patrulla fronteriza.
Cuántos hombres serán en este caso, todavía no se sabe. Podrían ser entre dos y cuatro mil, y muchos de ellos podrían permanecer en la frontera hasta que se construya el fatídico muro. Porque el problema sigue siendo el muro. La prueba es el mismo comunicado de la Casa Blanca con el cual anuncia el despliegue del ejército. La principal oficina presidencial afirma que diariamente cerca de mil personas violan la soberanía nacional cruzando ilegalmente la frontera. Lamenta que “con las leyes y los recursos actuales no podemos detener el cruce de extranjeros clandestinos ni podemos deportar a todos los que capturamos. De los más de 75.000 arrestados en 2017 solo se expulsaron 2.650”.
Un crítico de la decisión del presidente Trump, John Cook, durante los ocho años que fue alcalde de esta ciudad limítrofe asistió en dos oportunidades al despliegue de la Guardia Nacional en la línea que divide Ciudad Juárez de El Paso. Recuerda que en aquel momento “los militares se apostaban en lugares remotos con sus binoculares y los equipos de monitoreo. Apenas si los veía. Pero aun así tenía la percepción de que la frontera se estaba militarizando”. El ex alcalde y actual director de la Asociación de alcaldes de la frontera México-Estados Unidos observa que en aquella época las normas de intervención de los miembros de la Guardia Nacional eran claras: su trabajo consistía en apoyar con tareas de inteligencia y monitoreo; no podían arrestar, secuestrar drogas o portar armas pesadas. Pero ahora las reglas no parecen claras. “El presidente Trump no sabe lo que quiere, y ese es un grave problema”, dice Cook, después de agregar que el presidente podría incluso modificar las reglas y requerir que la Guardia Nacional se involucre más. “Desde un punto de vista político, no comprendo lo que está haciendo, porque en vez de decir “desde que soy presidente hay menos inmigración clandestina y estamos deportando más personas” decide militarizar la frontera y enviar un mensaje negativo a toda la región”.
Pero sí que tiene un objetivo, y una vez más es la construcción del muro.
Para las organizaciones pro-inmigrantes y de derechos humanos “el envío de nuestras fuerzas armadas a la frontera es irresponsable y contrario al rol constitucional del ejército”, protesta Astrid Domínguez en nombre de Border Rights Center, de la Unión Americana de Libertades Civiles en Texas. “No es necesario, porque no hay ninguna crisis de seguridad en la frontera y porque más de 15 millones de residentes en la frontera ya han padecido las estrategias de deportación cruel de esta administración”.
También hizo oír su voz la diócesis de El Paso, con un comunicado en el cual califica de irresponsable la decisión del presidente Trump y de peligrosamente ineficiente. “Como comunidad fronteriza conocemos las consecuencias de la militarización. Nuestros hermanos y hermanas no documentados se ven atrapados en las redes de leyes fracasadas; nuestros jóvenes dreamers siguen viviendo en la incertidumbre y la ansiedad, mientras los que buscan asilo viven en el terror, encarcelados y separados de sus familias”.
El actual alcalde republicano de El Paso, Dee Margo, se unió a las condenas y dijo que la ciudad no necesita la Guardia Nacional: “Somos una de las ciudades más seguras del país y ya tenemos una barrera limítrofe. Lo que me gustaría ver es una mayor comprensión de lo que ocurre aquí en la frontera… Vengan aquí si quieren entender lo que ocurre. Tenemos problemas, pero somos la ciudad más segura de Estados Unidos”, afirmó.
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