Indudablemente el gobierno del presidente Michel Temer tomó a los brasileños por sorpresa. Río de Janeiro no había serenado todavía la euforia del multitudinario carnaval carioca, y cientos de soldados con armamento pesado se desplegaron en los puntos más calientes de la ciudad. El eco de las batallas políticas a principios de 2018 por la aprobación de la reforma previsional todavía no se había apagado y he aquí que el gobierno más impopular de los últimos tiempos anuncia una inesperada – e improvisada – intervención militar de la segunda ciudad de Brasil. Muy pocos en aquel momento conocían el alcance de la disposición que enviaba soldados a la calle ni los límites de protocolo y tiempos dentro de los cuales se concretaría. Después, junto con el ruido de los tanques que sacudían las calles de Río, llegaron las explicaciones.
La intervención de las Fuerzas Armadas es una medida mucho más amplia de la Garantia da Lei e da Ordem (literalmente Garantía de la Ley y en Orden), y se utiliza cuando un gobernador solicita al poder central que envíe tropas federales. Con la aprobación de esta ley, válida para todo el año 2018 y con un costo de 14.000 millones de reales (4.375 millones de dólares), el gobierno federal asume el control del Ministerio de Seguridad pública, la Policía Civil y Militar, el Cuerpo de Bomberos y la Administración Penitenciaria del estado de Río de Janeiro. En la práctica, Río de Janeiro tendrá dos gobernadores: el general Walter Braga Netto, designado por Michel Temer, quien estará a cargo de todo lo relacionado con la seguridad pública, la policía y la lucha contra el crimen, y Luiz Fernando Pezão, gobernador electo que está terminando su mandato, quien se ocupará del resto: educación, salud y finanzas.
Es la primera vez, desde que entró en vigor la Constitución de 1988, que en Brasil se implementa una medida extrema de esta envergadura.
La decisión de recurrir a la intervención militar federal se tomó al amanecer del viernes 16, durante una reunión de Temer con los ministros y el gobernador Pezão, quien apoyó la medida después de semanas de carnaval marcadas por agresiones, rapiñas y saqueos a mercados de toda la ciudad, signos de una violencia evidentemente fuera de control. Los miembros del gobierno encabezado por Pezão afirman que hace ya tiempo que el gobernador estaba considerando esta decisión. Lo pedían a viva voz los parlamentarios en la Asamblea Legislativa, apuntando el dedo contra la deteriorada relación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Civil y Militar. Un artículo publicado por la influyente revista Época atribuye en parte la crisis al boicot de la policía contra el equipo comandado por Roberto Sá, Secretario de Seguridad Pública, quien fue alejado del cargo después de la intervención de las tropas federales. La Policía se lamenta de la pérdida de poder de las delegaciones locales en la investigación de los casos de muertes ocurridas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, casos que fueron transferidos a la División Homicidios creada por José Mariano Beltrame, el antecesor de Sá.
El uso de las Fuerzas Armadas en las calles de Río no es una novedad. Desde fines de 2010 los militares ocupan las favelas controladas por traficantes de droga armados con fusiles, ametralladoras y granadas. Pero esos despliegues en las favelas siempre duraron poco tiempo y el poder de decisión en todas las áreas siempre había quedado en manos del gobernador – los militares nunca habían sido requeridos por un gobierno civil para controlar un área. Hasta ahora, todas las ocupaciones manu militari tuvieron también el mismo epílogo: cuando los militares se retiran, los delincuentes vuelven puntualmente a controlar el territorio. La ocupación más reciente, la del mes de septiembre en la favela de Rocinha, al sur de Río, duró una semana; después las tropas se retiraron dejando a sus espaldas una comunidad que sigue viviendo en medio de balaceras.
La intervención militar federal apuesta ahora a cambiar esa situación. El tema es que todavía no han quedado claros los términos de la intervención: ¿los militares conocen las características peculiares de la violencia en el estado de Río de Janeiro? ¿Qué estrategia piensan usar para combatirla? ¿En qué puntos será prioritaria y más severa la ocupación? ¿Cómo se comportarán con la banda criminal hegemónica en el estado, que en ciertas regiones está aliada con la milicia?
En las entrevistas concedidas hasta el momento, el general Braga Neto se limitó a decir que todavía se está discutiendo la planificación de la misión y no puede anticipar nada. El presidente Temer, por su parte, ha dado respuestas genéricas, como afirmar que el crimen organizado controla Río y se ha convertido en una metástasis que exige “respuestas duras”. Hasta el momento solo se anunciaron dos medidas: el bloqueo de los accesos a Río de Janeiro para impedir el flujo de armas y drogas, y el empleo de las tropas del Ejército para realizar allanamientos en las cárceles y en dos favelas de la zona norte. De todos modos, una encuesta telefónica realizada por el instituto Ibope pocas horas después del anuncio de la intervención, mostró que el 83% de la población de Río aprueba la medida, mientras el 12% está en contra.
La intervención federal militar también ha recibido el apoyo de especialistas, como el investigador Christian Lynch, profesor de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro (UERJ), para quien “el estado calamitoso de la seguridad pública en la ciudad de Río de Janeiro y en la Baixada Fluminense solo tendrá una solución duradera con una nueva federalización del área”. Marcelo Itagiba, ministro de Seguridad Pública de Río de Janeiro entre 2004 y 2006, está de acuerdo con los poderes conferidos al general Braga Netto: “Tendrá amplio margen para manejar la maquinaria de la seguridad pública sin injerencias políticas que puedan perjudicar su trabajo”. Itagiba espera que las operaciones sean ejecutadas por grupos adiestrados, para evitar “efectos colaterales”, unidades altamente profesionales capaces de realizar “intervenciones quirúrgicas para extirpar el cáncer y retirarse”.
Las Fuerzas Armadas están adiestradas para aniquilar enemigos, no para luchar contra criminales, refuta Luiz Eduardo Soares, antropólogo, uno de los principales expertos en seguridad pública de Brasil. “La formación y el adiestramiento de las tropas son completamente diferentes. La misión de las Fuerzas Armadas es la defensa del país, del territorio nacional, no la vigilancia de la ciudad. Temo que veremos esfumarse otra ilusión”, pronostica sin demasiados matices.
Roberto Precioso Júnior, sucesor de Marcelo Itagiba en el Ministerio de Seguridad Pública de Río, considera “válida” la intervención militar para combatir la violencia “que crece en Río desde hace décadas”. Pero no cree que la resuelva: “Tenemos que luchar de manera sistemática durante dos o tres generaciones para ver mejoras en términos de criminalidad”, afirma. “Pero por lo menos están tratando de hacer algo y han adoptado una medida radical necesaria”.
Los cuatro expertos coinciden en que la medida de la intervención militar federal ha sido concebida de manera equivocada, porque sugiere que el problema de la seguridad pública es algo que debe estar limitado a los organismos del área, sin estar incluida en un contexto más amplio. Consideran que la falta de apoyo de los otros ministerios del estado es una de las razones por las cuales el programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que cumple una década este año, entró en una fase de retroceso, cuando todos pensaban que sería el camino maestro para un futuro con menos violencia en el estado.
Iglesia. La Conferencia de los Obispos de Brasil no se ha pronunciado de manera oficial, pero algunos obispos de Río de Janeiro han comentado a título personal la intervención de las tropas federales en Río de Janeiro. Para Mons. Orani Tempesta, actual arzobispo de la segunda ciudad brasileña, la situación en Río ha llegado a un nivel “tan absurdo que las personas tienen miedo de salir de su casa”. No duda en calificarla como “una guerra, considerando la cantidad de armas involucradas y la cantidad de policías muertos cada año”. “Pero creo que podremos ver los resultados recién cuando pase el tiempo”, afirma. Desde que asumió la arquidiócesis de Río de Janeiro en 2009, dom Orani Tempesta fue primero agredido con un arma apuntando a su cabeza, después consiguió escapar de una balacera en la calle y le robaron el anillo cardenalicio. Tampoco escapó de la violencia la Residência Assunção, donde se alojó el Papa Francisco en 2013 para la Jornada Mundial de la Juventud. Recibió el impacto de proyectiles disparados por algunos traficantes que escapaban de la favela Rocinha en septiembre del año pasado. Mons. Orani es cauteloso cuando se refiere a la intervención militar en Río: “No soy un técnico y por lo tanto no sé qué es mejor” afirma, pero es importante que haya una respuesta: “Que las Fuerzas Armadas hagan su trabajo, y al mismo tiempo nosotros, desde la sociedad civil, no podemos esperar hasta el próximo gobierno y tenemos que colaborar en el apoyo social de los jóvenes”. Mons. Mauro Morelli, obispo emérito de la diócesis de Duque de Caixas, es portavoz de los que están en contra de la intervención militar: “El problema de la seguridad pública en Río y en Brasil no se resuelve disparando contra los pobres. La solución pasa por aumentar la presencia del Estado con políticas públicas eficaces en temas de salud, educación, casa, trabajo, salario digno, jubilación, tiempo libre…”.
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