En los últimos 30 años en Chile se han incendiado, y a veces arrasado, casi 40 lugares de culto cristianos: capillas, iglesias rurales y centros litúrgicos. El viernes 12 de enero, mientras el país se preparaba para recibir el lunes a Francisco, atacaron con la misma modalidad otros cuatro o probablemente cinco lugares de culto. Hasta hoy nadie, ni autoridades ni investigadores ni tribunales, ha podido demostrar con certeza indiscutible, y más allá de cualquier duda razonable, quién está detrás de este singular fenómeno, jamás resuelto y totalmente inédito en la región latinoamericana. Lo único concreto fueron los arrestos del 9 de junio de 2016, cuando recluyeron 4 “comuneros mapuches” en prisión, acusados de prender fuego a un pequeño templo evangélico. Desde entonces, el número de lugares de culto incendiados creció enormemente (más de 20), tanto en la Araucanía como en Biobío.
Diversos estudios e investigaciones sociopolíticos llegan desde hace tiempo a la misma conclusión: con toda probabilidad el “caso del incendio de iglesias” está relacionado con una especie de movimiento de reivindicación nacido, crecido – y encubierto – en ambientes del pueblo mapuche, que desde hace numerosas décadas lucha por el reconocimiento del genocidio sufrido desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, y sobre todo por la restitución – al menos en parte – de las tierras que especialmente a partir del 1800 en adelante les fueron sustrayendo legal e ilegalmente.
Todo lo positivo que han hecho en los últimos años, después de la dictadura de Pinochet (que fue feroz con los mapuches), los gobiernos democráticos para resolver los principales problemas y poner en marcha un diálogo constructivo, no ha sido suficiente. Por el contrario, en este contexto ha crecido, sobre todo entre las nuevas generaciones, jóvenes aculturados y con excelente preparación, un fortísimo sentimiento de “nacionalidad mapuche”, hasta el punto de que en diversos ambientes se insiste en que Chile es un país y un estado binacional, formado por chilenos y mapuches. Esa reivindicación, actualmente no reconocida ni aceptada, si el día de mañana pasara a ser reconocida y constitucional, conduciría a una forma institucional distinta de la actual (fuertemente centralista), incluyendo la cuestión de las tierras sustraídas y/o expropiadas.
Esa es, en síntesis, la situación: una especie de vanguardia político-intelectual mapuche, aguerrida y bien organizada, está operando con una táctica denominada “de propaganda armada” (posible preámbulo de una verdadera lucha armada, como ya se ha visto en otros países de la región), mientras otra parte del país, sobre todo en los sectores sociales y políticos conservadores, con la legítima cobertura de la ley, hace todo lo posible para negar el fenómeno y sus perspectivas no muy tranquilizadoras. Se discute mucho incluso si aplicar o no en estos casos la cuestionada legislación antiterrorista de Pinochet (1984)
Mientras tanto, entre esas dos posiciones una parte de la sociedad, desde el gobierno, los partidos, las iglesias cristianas, las ong y las instituciones de desarrollo, trata de identificar una tercera vía. En este sentido la palabra del Papa Francisco, que seguramente confirmará y actualizará la de Juan Pablo II, puede ser un valioso aporte al bien común de todo el país.
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