Tienen todo el tiempo que necesitan para armar las valijas: 18 meses a partir de este momento, pero más de doscientos mil salvadoreños han tenido que renunciar al sueño americano y deben volver a casa. Así lo decidió el presidente Trump al cancelar el programa – TPS por sus siglas en inglés – creado en 1990, por el cual Estados Unidos había autorizado cuotas de inmigrantes de los países afectados por conflictos armados o calamidades naturales. El Salvador, junto con Honduras, Nicaragua y Haití, era uno de los beneficiarios, pero ahora las cosas han cambiado y para aquellos que se radicaron en Estados Unidos ya empezó la cuenta regresiva. A fin de facilitar la partida, la administración estadounidense distribuirá – y ya empezó a hacerlo – un manual que ilustra los alcances de la medida revocatoria del TPS y ofrece datos sobre el país de origen, que en el caso de El Salvador se describe como uno de los más violentos del mundo, donde operan las bandas MS-13 y Barrio 18, y donde los robos y las extorsiones son delitos comunes. Ocho paginitas que recomiendan a los extranjeros, muchos de ellos nacidos en territorio estadounidense, que se despidan amigablemente cumplimentando los procedimientos necesarios antes de abandonar el país que desde 2001 les otorgó permisos de trabajo temporal.
El manual destinado a los salvadoreños expulsados contiene instrucciones para obtener un pasaporte salvadoreño en suelo estadounidense y para los ciudadanos estadounidenses menores de edad, nacidos en su mayoría en Estados Unidos, indicaciones para obtener el primer pasaporte o renovar eventualmente el vencido. El manual incluye también una lista de los documentos que los padres de niños estadounidenses deben llevar consigo cuando emprendan el regreso (certificado de nacimiento, de patria potestad, el carnet escolar y el de vacunación) y explica la manera de acceder a beneficios federales fuera de los Estados Unidos para los niños con esa nacionalidad cuyos padres son salvadoreños, que según el Registro Civil estadounidense son cerca de 192.000. En el manual – y ya parece una burla – se encuentran también recomendaciones sobre las medidas seguridad necesarias durante el viaje de vuelta, del tipo: evitar caminar de noche en cualquier parte de El Salvador, no detenerse en los puntos panorámicos y turísticos, viajar con las ventanillas cerradas y las puertas con seguro o evitar los medios públicos de transporte, especialmente los autobuses.
A fines de 2016 los salvadoreños que contaban con el beneficio del TPS eran 263,282, registrados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Desde que asumió Trump, muchos de ellos volvieron a El Salvador, pero la mayoría permaneció en Estados Unidos, donde reside la comunidad más numerosa fuera de las fronteras nacionales, con casi dos millones de personas concentradas sobre todo en California, Texas, Nueva York, Maryland y el distrito de Columbia.
El fin del TPS para los salvadoreños sigue los mismos pasos que la administración Trump ya había programado con Nicaragua, Haití y Sudán, en el sentido de poner fin a los programas temporarios de protección y dar marcha atrás con respecto a la política migratoria de los últimos 16 años, incluyendo dos administraciones republicanas. Los últimos cancelados fueron los beneficios concedidos a 5.349 inmigrantes provenientes de Nicaragua, mientras los de Honduras recibieron una postergación de seis meses y en julio perderán sus permisos para vivir y trabajar en el territorio estadounidense.
A partir de este momento empieza a correr el reloj para los salvadoreños, que antes de septiembre de 2019 deben salir de Estados Unidos. Pero corre también para el gobierno del país centroamericano, tierra del beato Romero, hegemonizado por la vieja guerrilla del Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que ahora tiene una nueva batalla por delante: acoger y reintegrar una masa de compatriotas que en este momento no está preparado para recibir. Baste pensar que los programas de reinserción implementados por el gobierno – según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador – solo alcanzaron a cubrir 5.000 de los 39.000 salvadoreños que deportó Estados Unidos entre 2016 y 2017.
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