El ex coronel y ex ministro de Defensa de El Salvador Inocente Montano, acusado de haber asesinado a cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, durante la guerra civil en El Salvador, se encuentra en este momento con un pie en el avión que lo llevará a Madrid. El veredicto final fue emitido por el Presidente de la Corte Suprema estadounidense, John Roberts, rechazando un recurso de la defensa de Montano que había objetado que la medida podía “provocar la muerte” de su cliente debido a su edad avanzada (74 años) y las múltiples enfermedades que padece, entre ellas diabetes y cáncer. La defensa ha procurado impedir la extradición de Montano desde que fue aprobada en febrero de 2016 por un juez del Tribunal Federal de Carolina del Norte. Ahora la entrega del ex coronel a la justicia española puede producirse en cualquier momento, porque esa decisión no admite ninguna apelación y el Departamento de Estado ya ha firmado una orden en este sentido.
Montano está acusado de haber ayudado a orquestar la masacre que se llevó a cabo en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un comando de las Fuerzas Armadas salvadoreña irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana y asesinó al rector, el español Ignacio Ellacuría, junto con otras siete personas. El “escuadrón de la muerte” penetró en el Centro pastoral del ateneo, reunió a todas las personas que se encontraban en el lugar y las ejecutó después de hacerlas colocar boca abajo, sin dejar testigos. Los otros cinco sacerdotes asesinados eran los españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, junto con el salvadoreño Joaquín López. Mataron también a la cocinera Elba Julia Ramos y a su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.
Montano ha esperado más de dos años la decisión final sobre su extradición en una cárcel de Carolina del Norte, donde ya había cumplido una condena de 21 meses por haber mentido sobre su estatus migratorio en Estados Unidos, presumiblemente para no volver a El Salvador y responder por el homicidio. Montaño y otros 19 militares habían sido anteriormente juzgados en El Salvador, pero en aquel momento el juez de la Audiencia Nacional Española Eloy Velazco consideró en que se trataba de una farsa porque, a su criterio, los hechos no fueron objeto de una investigación profunda. Por esa razón, en 2011 reclamó la extradición de los acusados para que fueran juzgados en España.
Resulta oportuno recordar que numerosos crímenescometidos en El Salvador durante los años más cruentos de la guerra civil no llegaron a juicio debido a la promulgación de una ley de amnistía en 1993. Recién en el mes de julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia del país declaró la inconstitucionalidad de dicha ley, lo que implicó la reapertura de los juicios, como el de la masacre de los jesuitas y el caso del asesinato en San Salvador de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1980), quien ahora es beato de la Iglesia católica y está próximo a ser canonizado. El juez español Eloy Velasco volvió a pedir en 2016 a El Salvador la extradición de los ex militares, pero la Corte Suprema de Justicia de ese país anuló las órdenes de captura y los acusados de la masacre no fueron extraditados.
Con la decisión de las últimas horas, Montano será el primer militar salvadoreño que responde ante la Justicia española por el homicidio de Ellacuría y sus compañeros. El ex militar de 74 años, que ha sobrevivido a un tumor en la vesícula, comenzará un nuevo periplo judicial en el país ibérico por un crimen de lesa humanidad que marcó los últimos años de guerra en El Salvador y aceleró los acuerdos de paz, entre el gobierno y la guerrilla del FMLN, que se concretaron tres años después, en 1992. La llegada de Montano a Madrid permitirá dos cosas: que el caso siga su curso hasta llegar a juicio (aunque todavía faltan algunos pasos) y que durante el juicio se exponganante la Justicia todas las pruebas reunidashasta llegar a la sentencia. Sin la presencia de Montano, quien formó parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador entre 1963 y 1994, a la Audiencia Nacional de España le resultaba imposible avanzar, porque la Constitución española prohíbe procesar a una persona ausente y que esta sea condenada sin que haya sido escuchada en el aula de un Tribunal.
Como se trata de un juicio oral, como todos los juicios del sistema judicial español, en este caso también quedará derogado el carácter “reservado” de los elementos probatorios que se reunieron durante la instrucción, y la presentación de los mismos será de público dominio. También habrá espacio para nuevas pruebas que pudieran presentar las partes, incluyendo nuevos testimonios o procedimientos que fueron rechazados en las fases anteriores.
Según la Comisión de la Verdad de El Salvador las declaraciones de los testigos oculares, las investigaciones periodísticas y los pronunciamientos de los especialistas como el profesor de Stanford Terry Karl, que fue testigo perito en los juicios por violación de derechos humanos en El Salvador, existe una clara responsabilidad del Estado Mayor en la masacre de los jesuitas, Elba Ramos, la esposa del jardinero de la casa donde vivían en el campus de la UCA, y su hija Celina, de 16 años. La ONG española “Guernica 37” y la Asociación de Derechos Humanos de España también consideran que el caso llegará a juicio, por la cantidad de pruebas reunidas que apuntan a Montano y al Estado Mayor del Ejército salvadoreño. Para la ley penal española la suspensión del proceso solo puede ocurrir cuando no se ha demostrado la consumación del delito o cuando no hay pruebas suficientes para acusar a una persona de haber participado como autor, cómplice o facilitador. Pero los documentos desclasificados y el testimonio de diversos peritos que ya fueron incorporados al proceso demuestran que Montano participó en reuniones el 15 de noviembre de 1989 en el Colegio Militar y la sede del Comando Conjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de El Salvador, donde se autorizó la muerte de civiles considerados objetivos militares. Según estos documentos, Montano se encontraba presente cuando el ministro Ponce dio la orden al coronel Guillermo Benavidez de matar al padre Ellacuría asegurándose de no dejar testigos y de utilizar al batallón Atlacatl para realizar la operación.
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