La semana pasada supimos del suicidio de dos migrantes salvadoreños. Capturados en México y en trámite de deportación, optaron por suicidarse antes que regresar a El Salvador. Uno se ahorcó en su propia celda y el otro, tras año y medio de detención en un centro de reclusión de migrantes, optó por arrojarse al vacío. En ambos casos se violaron gravemente sus derechos al no darles la atención médica y sicológica adecuada, pero el segundo fue más grave, pues encarcelar a una persona simplemente porque quiere ir a Estados Unidos sin los papeles adecuados es, dicho con las palabras exactas, un acto de brutalidad. Resulta fácil culpar a las autoridades mexicanas vinculadas a los acontecimientos, porque en ambos casos hubo descuido. La prisión, aunque el Gobierno mexicano insista en decir que los migrantes detenidos no están presos, es una injusticia grave, se vea como se vea, cuando se aplica a personas que no han cometido ningún delito. En todo caso, entrar sin papeles en un país no sería más que una falta que no amerita cárcel, que es lo que son los centros de detención de migrantes.
Pero además de insistir en la violación de derechos humanos cometida en México contra muchos de nuestros compatriotas y hermanos centroamericanos, hay que reflexionar sobre la realidad de los migrantes. Uno de ellos, el que estuvo más tiempo detenido, insistía en que no quería regresar a El Salvador porque vivía en una zona dominada por las pandillas, que le habían amenazado de muerte. La perspectiva de vivir bajo esa amenaza le llevó a suicidarse, en medio de una fuerte depresión sicológica debido a la angustia que le supuso la detención y la posterior decisión de deportarlo. La migración continúa incontenible en el país, y en general en el Triángulo Norte de Centroamérica, debido fundamentalmente a la pobreza y la violencia.
El Estado salvadoreño trata de proteger de un modo muy elemental a los que viajan por México o llegan a Estados Unidos, pero no se ven políticas públicas que ofrezcan acá una vida más digna y segura. Aunque todavía hay una amplia proporción de pobres en el país, se ha ido sustituyendo la pobreza por la vulnerabilidad. La seguridad y la estabilidad económica siguen siendo escasas. Las políticas de mano dura contra las pandillas están creando un ambiente especialmente violento. La facilidad con que la gente es asesinada, el alto porcentaje de impunidad y la posibilidad de obtener en Estados Unidos un salario que permita tanto el desarrollo de nuevas oportunidades como ayudar a la familia que se queda acá son estímulos irrefrenables para migrar.
Frente a esta realidad, es indispensable una política de mayor inversión social, así como estimular la productividad. El Estado debe hacer más, pero también la empresa privada debe abrirse a una mayor productividad, a mejores salarios y a una inversión que permita incluir en la economía formal a muchos más salvadoreños. No es demagogia decir que algunos empresarios mantienen niveles de vida de Primer Mundo gracias al trabajo de los salvadoreños. La responsabilidad social de la empresa privada es enorme. Y salvo algunos casos aislados, no parece que la mayoría de empresarios entiendan esa responsabilidad. Es cierto que debe propiciarse inversión extrajera. Pero es una vergüenza que algunos grandes empresarios, con la riqueza ganada con el sudor de los salvadoreños pobres, estén invirtiendo en otros países en vez de en el nuestro.
La corrupción, ese mal tan justamente denostado, no solo se ha dado en los Gobiernos y en los partidos políticos desde el tiempo de la guerra hasta el presente. Se ha dado también en la empresa privada cuando ofrece sobornos a cambio de un contrato, cuando evade o elude impuestos, cuando malgasta en lujos exagerados lo que otros necesitan para comer o para medicinas básicas. Cuando la riqueza de los poderosos, sean políticos o empresarios, no se utiliza para combatir la pobreza, se convierte en una especie de armamento de destrucción masiva. Con razón dice el Papa Francisco que hay una economía que mata. En este sentido, en el suicidio de esos dos hermanos en México hay abundantes responsabilidades en El Salvador.