Un sacerdote argentino amenazado por los narco. Se llama Jorge Cloro y es titular de la parroquia del Espíritu Santo en una pequeña localidad a treinta kilómetros de la capital, Buenos Aires, donde lleva adelante un trabajo de prevención y recuperación de jóvenes toxicodependientes. Él mismo denunció los hechos con un breve mensaje en su página de facebook. En la filmación el sacerdote, conocido como Padre “Chicho”, cuenta que el martes pasado, 29 de agosto, dos personas en moto interceptaron a un colaborador de la parroquia para que le transmitiera un mensaje intimidatorio. Concretamente, le dijeron que no “se meta con la calle” – que en la jerga significa que no interfiera con los que venden y los que compran – y que “solo haga misa”. Para que quedara bien claro que no debía subestimar el asunto, a las palabras siguieron los hechos. Ese mismo día cortaron con una navaja tres de los cuatro neumáticos del automóvil que usa diariamente para trasladarse, como una pequeña muestra de lo que podría ocurrir. “Nuestros niños y nuestros jóvenes no son negociables y si tengo que morir por ellos seré el hombre más feliz del mundo”, afirma por toda respuesta en la grabación confiada a las redes sociales, transmitiendo a su vez el mensaje de que no tiene ninguna intención de dar marcha atrás en el trabajo que lleva a cabo en el barrio marginal donde se encuentra, para arrancar el mayor número posible de jévenes de las garras de traficantes y vendedores.
La reacción de la Iglesia argentina fue inmediata y recuerda claramente la del cardenal Bergoglio en abril de 2009, cuando amenazaron al sacerdote José María di Paola y él le dio resonancia nacional al episodio asegurando al cura de la Villa 21 la solidaridad de toda la Iglesia. En esa oportunidad, Bergoglio denunció el flagelo de la droga que ramificaba cada vez más la comercialización en las periferias de la ciudad y en las zonas más pobres, precisamente las “villas miseria” donde Di Paola desarrollaba su ministerio. “No tienen idea de lo grave de la propuesta tenebrosa de las drogas, esa corrupción que se reparte incluso en la esquina de las escuelas”, dijo en aquella oportunidad durante la homilía en la catedral, tratando de sacudir la evidente ignorancia que subestimaba el fenómeno y que ya siendo Papa lo llevó a hablar de “mexicanización de la Argentina”. Se refirió después al documento firmado por cerca de veinte sacerdotes comprometidos en las villas de la Capital, donde se denunciaba la liberalización de hecho de la venta de drogas en los sectores marginales y que constituía el antecedente inmediato de las amenazas narco, declarando que ese texto, esas palabras y esa denuncia no eran solo de los sacerdotes que lo habían escrito y lanzado a la opinión pública sino que era de todos, “mío y de los obispos auxiliares que apoyamos esta declaración. Aquel día y los que siguieron, 350 sacerdotes firmaron un documento de solidaridad con el amenazado, donde confirmaban su compromiso de intensificar las actividades de prevención y lucha contra la droga. Fue la mayor movilización que se había visto hasta aquel momento en la Iglesia argentina y que según los analistas elevó tanto el precio de un atentado contra el ahora famoso “padre Pepe”, que le salvó la vida.
En el caso del padre Jorge Cloro, el obispo de la diiócesis de Quilmes a la que pertenece, Carlos José Tissera, también asumió inmediatamente la defensa del joven sacerdote con un comunicado que denuncia las amenazas y revela que no es la primera vez que ocurre: “En meses anteriores, al realizar junto con un pastor evangélico de la zona y gente del barrio una marcha a favor de la vida y en contra del narcotráfico, tanto el pastor como el sacerdote recibieron mensajes de calumnias y de difamación”. El comunicado relaciona las últimas amenazas contra el padre Cloro con las que recibieron otros sacerdotes “que han sido amenazados en nuestro país y que han debido trasladarse para salvaguardar su vida y la de su entorno”, y nombra por último un caso que tuvo gran repercusión en Argentina, el caso del padre Juan Viroche, un sacerdote de 46 años que estaba a cargo de una parroquia en el centro norte del país. En octubre de 2016, la mujer que limpiaba la iglesia Nuestra Señora del Valle de la Florida, a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Tucumán, lo encontró ahorcado en la sacristía. La muerte nunca fue esclarecida, afirma el comunicado del obispo, aunque “sus filigreses sostienen que fue asesinado por sicarios del narcotráfico”.
ametalli@gmail.com
