Redoblan los tambores de guerra de un madurismo acorralado por el aislamiento internacional y latinoamericano después del autogolpe de la Constituyente, con la cual el heredero de Chávez se dispone a eliminar los últimos restos de la división de poderes. Rafael Luciani los escucha desde su oficina en la Universidad Andrés Bello de Caracas e intenta interpretarlos con una frialdad poco común en estos tiempos y en este lugar del mundo. El pasado mes de febrero Luciani promovió un importante congreso en el prestigioso Boston College de Massachusetts sobre los desarrollos de la teología en lengua española “en tiempos del Papa Francisco”. El profesor Luciani identifica dos posturas de izquierda sobre el caso venezolano que le parecen representativas de otras tantas alternativas contrapuestas. «Para entender esto nos podemos referir a dos posturas de la izquierda sobre el caso venezolano. La que representa el ideólogo cubano Borón, quien sostiene que el conflicto venezolano tiene su origen en la agresión imperialista de Estados Unidos y “si una fuerza social declara una guerra contra el gobierno se requiere de éste una respuesta militar”. Otra postura es la que representa el sociólogo venezolano Edgardo Lander, quien reconoce que hay un cierre de vías institucionales para resolver el conflicto porque el gobierno desconoce a la Asamblea Nacional, no ha permitido el mandato constitucional de cambiar los rectores del Consejo Nacional Electoral, ha cancelado el referéndum revocatorio y pospuso todas las elecciones. Para Lander, “estamos muy lejos de algo que pueda llamarse práctica democrática. Se utilizan todos los instrumentos del poder en función de preservarse en el poder”. Esta es la posición de la Fiscal Luisa Ortega Díaz y de una buena parte del chavismo no castrista que se opone a Maduro y que debe ser integrado necesariamente en cualquier proceso de transición». Pero la magistrada acaba de ser destituida de sus funciones y el chavismo dialogante ha sido amenazado de traición a la patria. Rafael Luciani no se hace ilusiones sobre la posibilidad de que el Vaticano regrese a Venezuela para promover una salida no cruenta, aunque considera que la Santa Sede sigue siendo una de las pocas instancias internacionales que todavía “pueden contribuir a mover a la comunidad internacional para que presione al chavismo ideológico castrista a realizar algún tipo de negociación”. El pensamiento se dirige al Papa, cuya posición, para Luciani, siempre “ha sido coherente y ha actuado en comunión con las instancias eclesiásticas venezolanas”. Recuerda la posición más reciente del 4 de agosto, cuando el Papa envió un comunicado a través de la Secretaría de Estado diciendo que la Santa Sede esperaba que todos los actores políticos, y en particular el gobierno, se comprometieran a «asegurar el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento». Luciani subraya que las condiciones a las que se refiere la declaración pontificia son las mismas que el Vaticano había exigido en diciembre: «elecciones, restitución de la Asamblea, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos». Está convencido de que solo el chavismo menos ideológico y ajeno a Cuba, representado por la fiscal Luisa Ortega Díaz y el ex ministro Miguel Rodríguez Torres, pudiera estar abierto a un diálogo sincero para restablecer la Constitución de 1999, que es defendida también por la oposición a Maduro”.
Le preguntamos si todavía hay alguien con la fuerza suficiente para detener una escalation hacia el puro y simple aniquilamiento de la oposición.
La oposición no tiene armas ni ejércitos ni fuerzas paramilitares – responde. La salida a esta crisis ya comienza a verse por la vía de la implosión social y política, pero esto sólo llevará a una continua rebelión popular que profundice la anarquía. Por ello, el camino menos traumático es el de un acuerdo para la transición que incorpore a las fuerzas del chavismo político no castrista, a los militares —garantes de la Constitución de 1999—, y a la oposición democrática. Cualquier otra vía no sólo no será viable sino que correrá con el riesgo de generar más violencia y anarquía, y en pocos años tendremos al chavismo radical de nuevo en el poder.
¿Entonces no hay una salida electoral?
La elección de los nuevos constituyentistas se realizó por la vía sectorial y comunal, y no por medio del sufragio universal directo y secreto. Se siguió el modelo electoral cubano que no admite disidencia y en el que los representantes de los sectores del país están agrupados en organizaciones gubernamentales y son miembros del partido único. No existe el pueblo sin el filtro político del partido único. Este es el modelo que Maduro usó para la Asamblea Nacional Constituyente, pues como decíamos anteriormente, al no contar con el carisma de caudillo ni con el dinero del petróleo, sólo le queda el sostén militar y el fraude electoral. Esta segunda vía, junto con el fraude electoral, es la que usó para la elección sectorial de los constituyentistas. De hecho, la empresa Smartmatic, proveedora de la tecnología que se usa en el Consejo Electoral Nacional, confirmó al día siguiente de las elecciones que hubo manipulación de la data por parte del ente. Este hecho no sólo pone en cuestionamiento la actual elección, sino todo el sistema electoral venezolano desde que Chávez comenzó a implementar el sistema automatizado de votación. A esto debemos agregar que la mayoría de los partidos opositores se encuentran actualmente “ilegalizados” por decisión del Tribunal Supremo de Justicia y los líderes principales de la oposición se encuentran inhabilitados, detenidos o exiliados. Para ser honestos, haría falta una reforma integral del sistema electoral venezolano si queremos elecciones libres y transparentes. Al menos comenzar por el nombramiento de rectores que sean independientes y que permitan los procesos de auditoría correspondientes. El problema es que estamos en medio de un gran dilema. Si la oposición inscribe a sus candidatos para una elección, entonces, con toda seguridad la Constituyente suspenderá esa elección, porque Maduro tiene un rechazo de más del 80% del país. Pero si la oposición decide no participar, entonces tolerará las elecciones con la seguridad de que sus candidatos ganarán al no tener oposición alguna.
¿Se puede hablar de diferentes posturas dentro de la Iglesia venezolana sobre la manera de afrontar la dictadura madurista?
La posición de todas las instancias que hacen vida en la Iglesia venezolana están en plena sintonía entre sí. No hay fisuras. El 31 de marzo pasado, día en que se realizó el autogolpe del gobierno, la Conferencia Episcopal Venezolana denunció que para el gobierno «todo gira en torno a lo político entendido como conquista del poder, olvidando las necesidades reales de la gente» e instó a que «no se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados». Más aún. La Conferencia Episcopal llegó a plantear si no «es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas». A esto se le sumó la voz de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela, el 4 de abril, reconociendo «la falta de autonomía entre los cinco poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano», y subrayó «la indolencia del gobierno nacional ante la situación crítica que vive nuestro pueblo, demostrando una vez más que solo le interesa la lucha por mantenerse en el poder» en un contexto de «inminente dictadura». Tres días más tarde, el 7 de abril, la Compañía de Jesús en Venezuela, a través de la revista SIC del Centro Gumilla, que representa a la teología de la liberación en Venezuela, hizo pública su posición oficial: «nos enfrentamos a una dictadura como ciudadanos y como cristianos», dictadura que se consuma con «las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 28 y 29 de marzo que suponen un claro golpe de Estado». Hoy en día, luego del fraude electoral que llevó a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 4 de agosto, el jesuita José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica, se refirió a esta Asamblea fraudulenta como la “constitucionalización de una dictadura militar socialista”. El rector habló de “transformación de la Constitución para consolidar un régimen autoritario, muy centralizado en la figura del Presidente, con poderes omnímodos sobre el Estado y desde el Estado a la sociedad”. Como ha dicho el teólogo de la liberación Pedro Trigo SJ, hemos vivido, de Chávez a Maduro, el paso del totalitarismo a la dictadura. En conclusión, la posición de la Iglesia, tanto local como universal ha sido en realidad sumamente coherente.
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