Tras cuatro años de progresivas reducciones, las favelas volvieron a expandirse en Río de Janeiro. Los resultados del estudio que realizó el Instituto Pereira Passos (IPP) muestran el fenómeno a través de fotos aéreas que publica el diario O Globo. El relevamiento demuestra que el área total de las 1.018 comunidades de Río creció un 0,31% entre 2012 y 2016, aumentando 46,12 millones de metros cuadrados. No parece mucho, pero es como si, en cuatro años, hubiera surgido otra favela con 10.000 habitantes.
Los números sintetizados en el estudio muestran que el objetivo del ex alcalde Eduardo Paes de reducir un 5% el área total de las favelas entre 2008 y 2016 no se ha logrado: la disminución en este arco de tiempo fue solo del 1,8%. Tampoco se concretó la promesa de urbanizar cien comunidades por medio del programa “Morar Carioca”: solo comenzaron o concluyeron los trabajos en 27 favelas entre 2013 y 2016.
Según los resultados del Instituto Pereira Passos, en los últimos cuatro años la mayor expansión, tanto en valores porcentuales como absolutos, se produjo en la zona Oeste de Río, donde se encuentran seis de las diez favelas que registraron la mayor expansión. A la cabeza se encuentra Seu Pedro, una pequeña comunidad en Inhaúma, en la zona Norte, que creció un 78,58% entre 2012 y 2016. En términos de valor absoluto, en cambio la Vila Rica de Irajá, que comprende el Complexo de Acari, también en la zona Norte, fue la que más aumentó, extendiéndose 28.685 metros cuadrados. Entre las favelas que más crecieron se encuentran Nova Jersei, en Santa Cruz, y Vila Taboinha, en Barra da Tijuca. En la zona Sur de la ciudad carioca se verificó un aumento sobre todo en el famoso barrio de Copacabana y Botafogo, incentivado por el progreso de las construcciones en el Morro dos Cabritos (5,57%) y en la Ladeira dos Tabarajas (18,35%)
Las causas. Los especialistas consideran que la expansión desordenada de las favelas de Río de Janeiro depende en gran medida de la discontinuidad de las políticas públicas y de la falta de coordinación entre ellas. El director de la Câmara Metropolitana, el arquitecto y urbanista Vicente Loureiro piensa que “lo que se debe hacer es urbanizar, reconocer, regularizar, aumentar allí donde sea posible, reconstruir los cimientos donde se presente algún riesgo y trabajar con la producción formal, con más calidad, ofreciendo seguridad y acceso a los servicios fundamentales y a las infraestructuras”. Pero lamenta que eso es precisamente “lo que nunca se logró hacer bien en Brasil. Los trabajos son intermitentes. Hay mucha discontinuidad”.
El presidente del Instituto dos Arquitetos do Brasil, Sérgio Magalhães, es de la misma opinión. “En Río, las urbanizaciones de algunas zonas no se concretaron”, afirma. “Se pone en marcha una política de seguridad y después se abandona. No se mantiene lo que ya se ha construido. El poder público le da la espalda a la ciudad, tanto a la formal como a la informal”. La falta de una planificación uniforme, para Magalhães, hace que se pierdan muchos recursos durante el proceso de recuperación. “El costo para llevar agua y desagües a estos nuevos territorios insumiría cerca de 9 millones de reales (2,6 millones de dólares). La universalización de la red cloacal en todas las comunidades costaría 2,94 mil millones de reales (9,36 millones de dólares)”, afirma.
Conjugar las actuales políticas edilicias y de ocupación del suelo urbano con el transporte es la solución que el geógrafo Cláudio Egler considera más apropiada para invertir la tendencia a la expansión de las favelas. “Si no se regula el precio de la tierra y de los inmuebles urbanos, una parte de la población seguirá sin tener acceso a una casa. Y por lo tanto seguirá viviendo en construcciones irregulares, de alto riesgo”. Cláudio Egler está convencido de que si no hay una oferta de construcciones adecuadas en las áreas más cercanas a los lugares de trabajo y tampoco hay un sistema de transporte público que permita a los que viven en las favelas trasladarse de su casa al trabajo con un mínimo de comodidad y confiabilidad, estas personas preferirán habitar en condiciones precarias. “Es el precio que aceptan pagar para no verse obligados a viajar hasta seis horas por día para ir de su casa al trabajo y viceversa”.
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