Colombia ha terminado la guerra con las Farc, pero todavía está lejos de ganarle al cultivo de coca, que en vez de disminuir, aumenta su extensión en el territorio nacional. En efecto, en 2016, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito que se acaba de publicar, el área cultivada se incrementó un 52 por ciento, volviendo a la extensión que tenía en 2001. Esto significa que, en hectáreas ocupadas para la producción, se pasó de 96.000 a 146.000. Ahora el gobierno del premio Nobel Manuel Santos se propone recuperar terreno y no solo en sentido metafórico, ofreciendo incentivos a los campesinos que opten por otro tipo de cultivos. El proyecto del gobierno, apoyado por las Farc en vías de disolución, se propone sustituir con planes de reconversión voluntaria 50.000 hectáreas actualmente cultivadas con coca y también asigna salarios para las familias que se aboquen a los nuevos cultivos, mientras otras 50.000 hectáreas estarán sujetas a erradicación forzada. Otra parte de la ofensiva contra la producción de coca pasa por el perdón judicial a pequeños productores que han alimentado el mercado clandestino, a cambio de que se comprometan a cultivar otro tipo de productos.
El gobierno colombiano hizo saber que 75.000 familias ya aceptaron el programa de sustitución voluntaria firmando acuerdos en este sentido. Ahora habrá que encontrar los recursos económicos para financiar el ambicioso proyecto. Para cubrir los requerimientos económicos del plan de sustitución voluntaria, el ejecutivo encabezado por Santos necesita 2.5 billones de pesos, una suma que equivale a cientos de millones de dólares.
Aunque la experiencia de Colombia en la lucha contra el tráfico de droga ha registrado momentos amargos, la nueva fórmula – consideran los especialistas – está empezando a dar frutos. Es sabido que las viejas fórmulas no funcionan, pero el rumbo elegido es correcto y forma parte de los acuerdos de paz negociados en La Habana. La apuesta no consiste solamente en desarticular la producción y el comercio de sustancias estupefacientes, sino la transformación del territorio y el desarrollo de áreas problemáticas.
El objetivo, en definitiva, es reducir 100 mil hectáreas dedicadas al cultivo de coca en 2017. Con las Farc desarmadas, las leyes que favorecen a los que cambian de producción y el territorio libre para operaciones represivas contra los productores ilegales, el Estado colombiano tiene una oportunidad única para ganar una batalla en la guerra contra la droga.
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