La papa caliente del muro en la frontera con México llega al Congreso Federal de Estados Unidos, quien deberá decidir si aprueba el pedido de Donald Trump que acaba de regresar del encuentro con el Papa y destina 2.700 millones de dólares para el proyecto insignia de su campaña electoral. El dinero, promete el texto enviado a los legisladores, servirá para reforzar la seguridad en la frontera, aumentar el personal de patrullaje y dotarlo de nuevas tecnologías. Si el Congreso aprueba la solicitud presidencial, el 1º de septiembre el presupuesto aprobado entraría en vigor y podrían comenzar a eecutarse los trabajos en la frontera.
La prensa estadounidense destaca que el texto enviado al Congreso no hace ninguna referencia al aporte mexicano para la construcción del muro, lo que constituía otro de los puntos claves de la campaña electoral. El Departamento de Seguridad Interior, dependiente del Departamento de Estado, comentó el pedido del presidente especificando que los 2.700 millones solicitados por la Casa Blanca serán destinados a la construcción de un primer tramo de barrera en “zonas de alto riesgo” de la frontera, para contener el ingreso de inmigrantes indocumentados y cargamentos de narcóticos ilegales. Los fondos se usarán también para el mantenimiento de algunos sectores construidos en cemento y acero que ya existen y para comprar terrenos que están en manos privadas en el lado estadounidense del límite. En los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas muchos estadounidenses son propietarios de tierras que limitan con el territorio mexicano y se encuentran dentro de lo que las autoridades denominan “zonas de alto riesgo”. Pero muchos de esos propietarios se muestran reticentes a la idea de ceder sus tierras al gobierno federal para construir el muro, o piden que se les pague mucho más que lo ofrecido.
Del monto total de la suma solicitada por el ejecutivo, 1.700 millones se concentra en la contratación de 5000 agentes para la Patrulla Fronteriza y mil oficiales para el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza, que irán a sumarse a los ya existentes. Otros 1.200 millones de dólares se destinarán a centros de detención temporal para inmigrantes indocumentados, cuya capacidad será incrementada con 47.200 camas. Y por último, 350 millones de dólares se invertirán en nuevos equipos biométricos, censores, cámaras de video y fotografía de largo alcance, más binoculares con visión nocturna para los agentes fronterizos.