El pleno año jubilar dedicado a monseñor Romero – termina el próximo 15 de agosto en ocasión de los cien años de su nacimiento – un juez salvadoreño ha decidido reabrir la causa del asesinato. La decisión del juez Ricardo Chicas se corresponde con la fundamental sentencia de la Corte constitucional de El Salvador que el año pasado decidió derogar la ley de amnistía que impedía procesar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos durante la sangrienta guerra civil de los años 1980-1992. El juez que reabrió el caso Romero anuló también la inmunidad de la que gozaba el capitán Álvaro Rafael Saravia, único procesado por el crimen de Romero y beneficiado por la amnistía, y solicitó que la Procuraduría se pronuncie al respecto. En pocas palabras, 37 años después del asesinato del actual beato y próximo santo monseñor Romero, El Salvador intenta nuevamente poner en claro las reponsabilidades por su muerte e iluminar las zonas de sombra que perduran sobre el delito, los ejecutores y los mandantes.
El pedido de reabrir el caso fue presentado por la Iglesia salvadoreña en septiembre de 2015. El obispo auxiliar de la capital, Gregorio Rosa Chávez, amigo en vida y uno de los más decididos promotores de la causa de canonización del arzobispo asesinado, declaró en la catedral metropolitana donde se conservan los restos de Romero que la Iglesia quiere “perdonar ciertamente, pero el elemento justicia es condición para el perdón”.
Interpelado nuevamente el pasado mes de marzo por Tierras de América, Rosa Chávez dijo: « Fue monseñor Rivera y Damas, gran amigo y primer sucesor de Romero, quien denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ese asesinato nunca fue investigado a fondo por el gobierno. El gobierno rechazó la denuncia y nunca asumió una responsabilidad explícita y pública. Después de años de litigio, en la última sesión que presencié junto con María Julia Hernández (trabajó con Romero y dirigió Tutela Legal hasta su muerte, ndr) el gobierno, por boca de su representante, concluyó más o menos en estos términos: nos hemos reconciliado, hemos firmado la paz, el caso ha prescrito, hay una amnistía, por lo tanto, archívese. Nosotros afirmamos la necesidad de perdonar, pero con verdad y justicia. Desde ese punto de vista nosotros consideramos que el mensaje de Juan Pablo II en 1997 “Recibe el perdón y ofrece la paz” es un documento clave para una Iglesia como la nuestra que fomenta la reconciliación. Plantea que hay dos líneas: una habla de perdón y olvido, la otra de verdad, justicia y perdón. En América del Sud se han aplicado ambas; donde se siguió la línea de perdón y olvido el resultado fue un fracaso; donde se siguió – como en Chile – una línea de justicia y perdón, se obtuvieron los mejores resultados. Personalmente agregaría un cuarto término: reconciliación, como en el esquema colombiano».
Rosa Chávezresumió en estos términos la nueva situación creada por la derogación de la ley de aminstía: «Hubo una amnistía que decretó el presidente Cristiani en 1993 según el criterio de perdón y olvido. Esta amnistía acaba de ser derogada. Se abrió de nuevo un espacio donde es posible investigar. Nos encontramos en ese punto. Pero sigue siendo una deuda pendiente. La sentencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) pedía tres cosas fundamentales: primero, que el presidente de la república reconozca públicamente la responsabilidad del estado salvadoreño en el asesinato de Romero, y el presidente Mauricio Funes lo hizo; segundo, que se rindan honores públicos al nombre de Romero, y eso también se hizo, por ejemplo dedicándole el aeropuerto internacional de San Salvador; y tercero que se enseñe a los niños en la escuela la verdadera historia de Romero, pero justamente aquí nos encontramos con la necesidad de aclararla».
En la entrevista a Tierras de América, Rosa Chávez habló del capitán Álvaro Rafael Saravia, identiicado como miembro del comando que planificó y llevó a cabo el asesinato.
«En la Comisión de la Verdad, el que hizo grandes progresos fue un grupo de abogados peruanos relacionados con monseñor Bambarín, fuertemente motivados en su trabajo. Eran tres, vinieron a verme y me dijeron: “tenemos todo claro, ahora necesitamos cruzar la información”. Yo tenía una carta de una persona involucrada de diversos modos en los escuadrones de la muerte, donde cuenta todo lo que sabía, entre otras cosas el modus operandi. Le entregué una copia a este grupo de abogados. Algunos días después vinieron a decirme que todo lo que habían investigado estaba confirmado por el documento. La carta era de una persona que hemos ayudado a salir del país. Monseñor Rivera y Damas también tenía una copia. Pasó el tiempo y este hombre volvió de incógnito a El Salvador y aceptó hablar con los abogados peruanos. En el verbal del diálogo solo falta un punto: quién disparó. Y eso sigue sin aclararse».
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