Los primeros que la abolieron fueron precisamente los venezolanos en 1863, y poco después los costarricenses en 1877. A principios del siglo pasado quedó abolida en Uruguay (1907) y Colombia (1910). El año 1981 fue bueno para los abolicionistas latinoamericanos. Un considerable número de ex territorios franceses la abolieron en esa fecha: Guadalupe, Guyana, Martinica y las islas de San Bartolomé y San Martín – seguidos diez años después por los que pertenecían a la corona británica, con las Islas Cayman a la cabeza. El gran México llegó a la frontera de la supresión de la pena de muerte recién en 2005. Los últimos que abolieron formalmente la pena capital en América Latina fueron los bolivianos en 2013, con Evo Morales en el gobierno, y pocos años antes los argentinos, que recién en 2009 eliminaron la sentencia capital de su ordenamiento jurídico. En homenaje, según parece, al argentino Jorge Luis Borges, quien era de la opinión de que “la vida debe ser respetada en cualquier contexto”. Su compatriota, Ernesto “Che” Guevara, tardó en aprender la máxima, y recién en 2003, después de la ejecución de tres secuestradores que trataron de desviar hacia Estados Unidos un avión lleno de turistas, Cuba comenzó la moratoria, pero sin eliminar la infame norma. El gobierno de Fidel Castro adujo para esa última matanza razones de fuerza mayor: erradicar los planes de secuestro de barcos y aviones cubanos que según los servicios de inteligencia del estado fueron por lo menos treinta. Desde entonces y hasta nuestros días nunca más volvió a aplicarse, más aún, en 2008 el presidente Raúl Castro le perdonó la vida a un grupo de personas condenadas a muerte conmutando la pena capital por 30 años de reclusión o cadena perpetua.
En 1999 se comenzó a hablar en Cuba de cadena perpetua como una alternativa a la pena de muerte, pero la verdadera moratoria comenzó en 2000, cuando las Naciones Unidas denunciaron la pena capital como una práctica cruel e inhumana, sin verdadera razón de ser en el siglo XXI. Con la moratoria solemnemente oficializada como política de estado, el presidente Raúl Castro declaró que todavía no estaban dadas las condiciones para decretar la abolición definitiva: “en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio que no cesa de acosarnos y agredirnos”, sentenció el sucesor de Fidel.
Actualmente la pena máxima sigue existiendo en la legislación de la isla y está prevista en casos graves de asesinato, violación, hurto con violencia e intimidación y crímenes con agravantes de corrupción, pero también por delitos contra la seguridad de la nación. La ley solo aclara que la condena “no se puede imponer a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encintas o que lo estén al momento de dictarse la sentencia”.
El panorama internacional de nuestros días muestra un contexto de buenas relaciones entre Cuba y los otros países de América del Sur, y en sensible proceso de mejora con la Unión Europea. Pero “la imagen de este país insular caribeño se vería fortalecida si de la moratoria de hecho vigente en estos momentos se avanzase hacia la abolición”, observa la agencia de noticias cubana Inter Press Service, que sin embargo señala que la reticencia para abolirla deriva de los continuos actos de terrorismo “organizados y financiados” desde territorio estadounidense a partir de los años ’60, que son exactamente 713, de los cuales 56 ocurridos a partir de 1990”. Las nuevas relaciones diplomáticas que comenzaron en diciembre de 2015 con Barack Obama entre Washington y La Habana hacían pensar en una inminente reforma que “limpiara” la legislación cubana de la mención formal de la pena de muerte, pero el triunfo de Donald Trump y “su cercanía con los sectores más conservadores de la emigración cubana” podrían alargar los tiempos de la abolición.
América Latina todavía no es “territorio libre de la pena de muerte”. La pena capital está vigente en Perú, Brasil, Guatemala y Chile, aunque no se la aplica. La última ejecución en Perú se remonta a 1979, en Brasil a 1988, en Guatemala al 2000 y en Chile a 2001.
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