Después de la semana del turismo y la de la familia, como acostumbran llamar a las fiestas de Navidad y Semana Santa en Uruguay, el calendario del pequeño país de América del Sur engarzado entre Brasil y Argentina podría enriquecerse muy pronto con una nueva celebración, el “día de la laicidad”, si la comisión encargada de estudiar el proyecto legislativo del Parlamento nacional decidiera conceder el nulla osta a la propuesta de declarar como tal el 6 de abril. El proyecto tiene todo el aspecto de querer “poner las cosas en su lugar” ante lo que se considera una invasión excesiva de la Iglesia “en el espacio público”, debido a que en los últimos años ésta ha mostrado una inusual iniciativa en el país sudamericano de antigua tradición masónica. La última es del arzobispo de Montevideo Daniel Sturla, quien desearía que se colocara una estatua de la Virgen de 4 metros de altura en la espléndida rambla de Montevideo, frente al pequeño puerto turístico del Buceo. La solicitud fue acompañada por una verdadera campaña publicitaria de audiovisuales y spots en las redes sociales con el eslogan “por qué no darle un lugar en tu ciudad”.
Alzati cielo! La acusación de “violar el espacio público” con imágenes religiosas se desató con la furia de las tormentas tropicales que de tanto en tanto azotan las costas de Uruguay. Hasta llegar a la propuesta del “día de la laicidad” que oportunamente debería celebrarse el 6 de abril, fecha que conmemora la promulgación de la ley 3441 que en 1909 eliminó la enseñanza y cualquier tipo de práctica religiosa en las escuelas públicas.
El proyecto de ley fue presentado por un grupo de honorables parlamentarios que atraviesa transversalmente las principales agrupaciones políticas nacionales, desde el Frente Amplio, con más de diez años en el poder, pasando por el opositor Partido Colorado, hasta el Partido Nacional y el Independiente. En la fundamentación se afirma que “la laicidad uruguaya no es antirreligiosa sino antidogmática, porque consagra la libertad de culto sin limitarla”. Agrega que de ninguna manera es contraria a la idea de la divinidad que cada persona puede tener ni al ejercicio práctico de una religión, sino que las respeta a todas, pero garantiza al que no quiere creer en un dogma la libertad de hacerlo. Más adelante el lenguaje adquiere un tinte de logia cuando ensalza la laicidad como “espléndida manifestación de tolerancia para con todos” exaltando “la libertad de conciencia y la tolerancia” como “las dos grandes columnas que sostienen la laicidad”.
Retornan exactamente las mismas discusiones de treinta años atrás, cuando se colocó en un lugar destacado de Montevideo una gran cruz en recuerdo de la visita de Juan Pablo II en 1987. Sacudido por encendidas y vehementes polémicas, y con la opinión favorable del entonces presidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado – quien consideró que la cruz debía permanecer donde había sido provisoriamente levantada “en recuerdo de la circunstancia histórica”-, el símbolo religioso se tambaleó peligrosamente pero al final pudo conservar su lugar resistiendo los vientos adversos que soplaron después en varias oportunidades. Otro caso similar ocurrió en 2005 durante el primer mandato presidencial de Tabaré Vázquez, cuando murió Juan Pablo II y decidieron trasladar al exterior la estatua dedicada a él que se encontraba dentro de la iglesia de Tres Cruces, un punto donde se concentra el tránsito de la capital.
Sturla, cardenal arzobispo de Montevideo nombrado por el Papa y hombre de diálogo, respondió con serenidad a los últimos fuegos jacobinos: “Lo que pedimos es que María tenga el lugar que merece. Comprendo que haya gente a la que no le gusta. No comparto que se diga que invade el espacio público. Por ejemplo, está la fuente de la Plaza Matriz, tan bella y llena de símbolos masónicos. ¿Alguien piensa que la masonería invade el espacio de la Plaza Matriz? Nadie”. Y reiteró la propuesta de que se rinda homenaje a “la mujer más famosa de la humanidad”.
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