Las áreas que dejó la ex guerrilla Farc-Ep en cumplimiento de los Acuerdos de paz con el gobierno del presidente Manuel Santos, que rigen desde el 1º de diciembre del año pasado, se han convertido en territorios de venganza y represalia “donde hace meses que corre sangre”. En estos lugares, casi siempre rurales, en pocas semanas fueron asesinados 26 líderes populares: defensores de derechos humanos, políticos, sindicalistas, animadores de Ong….
Para el titular de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, que anunció un informe completo sobre esta grave emergencia para fines de marzo, ciertas regiones del país se han convertido en “zonas de alto riesgo” para los líderes populares, y es necesario adoptar “medidas políticas apropiadas para proteger a esas personas”.
Las estadísticas oficiales son dramáticas. En 14 meses, desde enero de 2016 hasta febrero de 2017, asesinaron a 120 líderes sociales, algunos en atentados muy bien preparados (33) y otros en el curso de agresiones violentas (27). Los líderes asesinados en 2016 fueron 94 y desde el 1º de enero de 2017 hasta hoy hubo 26 víctimas.
Negret afirma que las áreas de donde se retiró la ex guerrilla han sido sistemáticamente ocupadas por paramilitares de derecha que han impuesto su autoridad a los pobladores locales, a menudo con métodos violentos. Al trágico número de víctimas de los últimos 14 meses (un promedio de 8,5 cada 30 días), el defensor de los derechos humanos considera que se deberían sumar 430 casos de denuncias por amenaza e intimidación.
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