Pese al impeachment de Dilma Rousseff y el consiguiente retroceso del Partido dos Trabalhadores (PT) en las elecciones municipales de octubre, Brasil bajó tres posiciones en el ranking mundial de corrupción. Los resultados que dio a conocer la ONG Transparencia Internacional demuestran que la lucha contra la corrupción no se gana destituyendo simplemente a un grupo de poder, como parece creer una parte de la sociedad brasileña, convencida del discurso moralista de los que administraron el país el último año.
La clasificación de 176 países que elabora anualmente Transparencia Internacional ubica este año a Brasil en el puesto 79 con 40 puntos – el promedio global es de 43 puntos – junto con Bielorrusia, China e India. Dinamarca es el país que se considera menos corrupto del mundo, seguido por Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Singapur, Holanda, Canadá y Alemania. La última posición del ranking la ocupa Somalia, y a poca distancia se ubican Sudán del Sud y Corea del Norte.
El estudio de la ONG permite deducir dos conclusiones alarmantes para Brasil. La primera es que, considerando los últimos cinco años, es uno de los países que ha perdido más posiciones debido a los escándalos de corrupción que involucraron reiteradamente a políticos y empresarios de primer nivel. En 2014 Brasil ocupaba el puesto 69. “Los casos de corrupción a gran escala (como) Petrobras y Odebrecht en Brasil (…) muestran que la colusión entre empresas y políticos arrebata a las economías nacionales miles de millones de dólares de ingresos que se desvían para beneficiar a unos pocos, a costa de la mayoría”, dice el informe de Transparencia Internacional. La segunda conclusión es que el PT tiene una enorme responsabilidad en los casos actuales, pero la lucha contra la corrupción requiere mucho más que simplemente erradicarlo del poder.
Bruno Brandão, representante de “Transparência Internacional” en Brasil, reconoció en una entrevista para la BBC que el esquema Petrobras reproduce un modelo sistémico en las relaciones entre el sector privado y el poder público: “Por medio de la corrupción se crean las condiciones comerciales que privilegian determinados grupos y son contrarias a los intereses públicos y a la economía en general. En consecuencia, este fenómeno genera grandes distorsiones y desigualdades”.
Corrupción, desigualdad y violación de los derechos humanos. El informe de Transparencia Internacional pone de relieve que la desigualdad se refleja en varios ámbitos, desde la asignación de las licitaciones hasta la eliminación de la competencia entre empresas de diferentes dimensiones y la calidad de los servicios públicos afectados por la desviación de fondos. La competencia desleal, provocada por la venta de la exclusividad para la realización de una obra pública, influye significativamente en el crecimiento y desarrollo de un país. Brandão afirma que cuando no hay competencia para estimular el mejoramiento de la calidad y la búsqueda de la excelencia y de la eficacia, eso conduce a un deterioro de los servicios para la sociedad. “El desastre de la infraestructura en Brasil es el resultado de un ambiente completamente controlado por los carteles y la corrupción, lo que genera un impacto enorme en el desarrollo económico y, en consecuencia, en la distribución de las riquezas”.
El caso de Petrobras hace escuela: se calcula que el costo de la corrupción ha sido de 6.000 millones de dólares, fondos que se hubieran podido destinar a inversiones que no solo colaborarían con el desarrollo del país sino que supondrían un mayor ingreso impositivo a las arcas del estado y se reversarían en los servicios públicos.
El especialista de Transparencia Internacional en Brasil subraya que un impacto directo de mayores proporciones todavía en el campo de la desigualdad social se puede observar en el esquema de corrupción que salió a la luz en el curso de la investigación denominada Zelotes. En ese caso quedó al descubierto un cuadro de evasión fiscal que involucra grupos que operaban en el Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgano que depende del Ministério da Fazenda (Departamento del Tesoro). El objetivo de dicho esquema era eludir el pago de impuestos atrasados o de multas por medio del pago de coimas.
“Transparencia Internacional” llega incluso a establecer en su informe la relación que existe entre los altos niveles de corrupción en el poder público y la violación de los derechos humanos, y menciona como ejemplos las recientes masacres que se produjeron en las cárceles del país. “Una tragedia de este tipo solo puede ocurrir cuando hay corrupción en varios niveles, comenzando por el ingreso de armas a las penitenciarías y la connivencia de las autoridades con el crimen organizado”.
Mucho camino por delante en la lucha contra la corrupción. El documento de Transparencia Internacional menciona también los progresos logrados con las investigaciones que destaparon ese reducto de corrupción llamado Lava Jato. “El país ha demostrado este año que, mediante el trabajo independiente de los organismos encargados de la aplicación de la ley, es posible exigir que rindan cuentas personas que antes se consideraban intocables”, afirma la ONG en el informe que acompaña la clasificación de los países corruptos y virtuosos. A continuación, reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer. No es una buena señal “la completa ausencia del tema de la corrupción en los discursos del presidente (Temer) y en las acciones del gobierno”, afirma Brandão y advierte sobre “el riesgo real de seguir retrocediendo”.
Lo que se desprende con toda claridad es que el problema de la corrupción va más allá del impeachment de un presidente o de un partido, y la conciencia de ello se debe incorporar, lo antes posible, en el proceso de maduración política de la sociedad brasileña.
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