Del desarme a una alianza virtuosa para erradicar del territorio nacional la mayor cantidad posible de lo que en la jerga del gobierno se denomina “cultivos ilícitos”: amapola y coca. La nueva “Santa Alianza” entre el ejército colombiano y los guerrilleros en vías de desmovilización se concreta por ahora en el programa denominado “plan de sustitución de cultivos ilícitos”, cuyo primer objetivo es reemplazar 50.000 hectáreas de plantaciones en el primer año de ejecución.
Es uno de los efectos positivos del acuerdo de paz – el punto 4 para mayor precisión – que se firmó en La Habana y se ratificó con no pocas dificultades en diciembre del año pasado después de ser rechazado en un referendo. Es notable el cambio protagonizado por las Farc que, como es sabido, se financiaban vigilando y transportando a lo largo de corredores prácticamente inaccesibles el producto de los cultivos de coca, los químicos necesarios para transformarla en droga apta para el consumo e incluso la venta al por mayor del estupefaciente a los narcos colombianos. Por otra parte, también hay que considerar que la ofensiva contra los cultivos de la planta se produce en un momento en que la producción registra un considerable aumento. En efecto, según los datos del Sistema integral de monitoreo de las Naciones Unidas, en 2015 las plantaciones de coca habían alcanzado las 96.000 hectáreas de extensión y previsiblemente llegarían a 100.000 a fines de 2016, lo que quedará confirmado cuando se conozcan los nuevos datos. Naciones Unidas también calcula que unas 74.500 familias viven actualmente en Colombia de la siembra de hojas de coca.
El programa de eliminación y reconversión que pusieron conjuntamente en marcha el gobierno del presidente Santos y las FARC tiene una primera etapa que consiste en incentivar la sustitución del cultivo en las zonas controladas por la guerrilla para extenderlo después a otros 40 municipios. El incentivo consiste en un millón de pesos colombianos, equivalente a unos 350 dólares por mes para los campesinos que aceptan preparar la tierra y sembrar con cultivos alternativos o que solo decidan abandonar definitivamente el cultivo de la coca para dedicarse a “trabajos públicos de interés comunitario”. El programa ofrece también la posibilidad de recibir un financiamiento de 9 millones de pesos colombianos (3.100 dólares aproximadamente) para proyectos productivos a corto plazo como piscicultura y avicultura, a los que se suman 3.800.000 pesos (unos 1.400 dólares) en asistencia técnica. Estas cifras, hacen notar las autoridades encargadas de implementar los acuerdos de paz, son de todos modos inferiores a los costos que debería afrontar el gobierno para la fumigación de los cultivos de coca.
El programa establece también que las Fuerzas Armadas Colombianas protejan a las comunidades que adhieran al plan de erradicación y sustitución de las represalias de las bandas de narcos.
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