Ocho condenas a cadena perpetua, 19 absoluciones y seis extinciones por muerte de los imputados. Concluyó así el juicio en primera instancia que se llevó a cabo en Roma contra ex Jefes de Estado y miembros de las Juntas Militares y Servicios de Seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay en ejercicio en las décadas del ’70 y el ’80. Estaban acusados de haber llevado a cabo una feroz y sistemática represión contra los opositores a los regímenes militares.
Tras nueve años de investigaciones y más de 60 audiencias en Tribunales, los familiares de los desaparecidos y sobrevivientes obtuvieron parcialmente justicia.
Los condenados fueron Luis García Meza Tejada (ex presidente de Bolivia), Luis Arce Gomez (ex ministro del Interior de Bolivia), Juan Carlos Blanco (ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay), Hernán Jerónimo Ramírez (Chile), Francisco Morales Cerruti Bermúdez (ex presidente de Perú), Valderrama Ahumada (coronel retirado del Ejército de Chile), Pedro Richter Prada (ex primer ministro de Perú) y Germán Ruiz Figueroa (ex jefe de los Servicios Secretos de Perú).
El proceso en primera instancia comenzó el 12 de febrero de 2015 tras una larga investigación encabezada por el Fiscal Giancarlo Capaldo. La lista de acusados que presentó el Ministerio Público incluía casi 140 personas de nacionalidad argentina, uruguaya, peruana, chilena, brasileña, paraguaya y boliviana. Sin embargo debido al fallecimiento de algunos y las dificultades burocráticas, ésta se redujo a 33 nombres que posteriormente bajó a 27 durante el proceso debido a seis muertes, la última de las cuales fue la del teniente general Gregorio Álvarez, presidente y dictador de Uruguay entre 1981 y 1985, ocurrida el 28 de diciembre pasado cuando la fiscalía ya había pedido las condenas. El general se encontraba cumpliendo una condena por crímenes relacionados con la represión durante su régimen.
El procedimiento se centró particularmente en la desaparición y muerte de 42 jóvenes, entre ellos veinte italianos. Salvo el uruguayo Jorge Néstor Troccoli Fernández (absuelto), residente en Italia desde que abandonó su país escapando de la justicia, los otros imputados nunca se presentaron ante el tribunal y estuvieron representados por sus abogados. La asociación 24 Marzo Onlus que preside Jorge Ithurburu asumió la representación de los testigos y familiares de las víctimas. Durante el juicio se escuchó el testimonio de sobrevivientes y familiares de desaparecidos, entre ellos los ítalo uruguayos Bernardo Ardone, Daniel Banfi y Héctor Giordano, el ítalo chileno Omar Venturelli y el ítalo argentino Lorenzo Viñas. Se habló de torturas y homicidios y de la práctica de sustracción de hijos a las presas embarazadas.
En Italia se iniciaron numerosos juicios contra representantes de la junta militar argentina acusada de la desaparición de algunos activistas de nacionalidad italiana, pero los tiempos de la justicia siempre son largos.
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