El primer paso se dio estos días. Un grupo de activistas de derechos humanos de la Universidad Nacional de Colombia, junto con representantes de los movimientos Marcha Patriótica y Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista, se encontraron con los líderes de las FARC Iván Márquez y Pastor Alape, para discutir el perfil del futuro partido. Después se dirigieron a las oficinas del Consejo Nacional Electoral donde registraron el sello “Voces de Paz”, que muy probablemente será la denominación de la nueva agrupación política que comenzará a conformarse cuando termine la desmovilización y el desarme.
“Las FARC, como un partido sin armas, podrá presentar y promover su proyecto político.Serán los colombianos quienes, con el voto, lo apoyarán o rechazarán” había declarado el presidente Santos durante la firma de los acuerdos finales el 24 de noviembre en el teatro Colón de Bogotá. “Ese es el objetivo de todo proceso de paz. Que los que estaban alzados en armas las abandonen, reconozcan y respeten las instituciones y las leyes y puedan participar en la contienda política en la legalidad”.
El gobierno ya ha preparado las modificaciones constitucionales que fijan las reglas del nuevo partido de las FARC, que podrá comenzar su actividad 180 días después de la aplicación de los acuerdos de paz. Según la nueva norma constitucional, que debe ser discutida y aprobada por el Congreso, una vez que la guerrilla haya completado el desarme, el Consejo Electoral “reconocerá personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal”.
La personería jurídica otorgará al nuevo partido de las FARC el derecho a recibir anualmente “una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento” en las elecciones regionales de octubre de 2015. También recibirá el 7 por ciento del promedio de lo que reciben los partidos políticos anualmente “para la divulgación de su plataforma ideológica y programática”. Además, recibirá “financiación preponderantemente estatal” para las dos próximas campañas a elecciones legislativas y presidenciales, es decir las del 2018 y las del 2022.
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