Se acerca la fecha del próximo viaje internacional del Papa. Francisco viajará a México, el país de la Virgen de Guadalupe del 12 al 18 de febrero. Y si por una parte ya comenzaron los preparativos de la que será una visita que esperan millones de fieles en uno de los países católicos más grandes del mundo, por otra parte la Santa Sede está analizando las dificultades de un país que vive múltiples factores de crisis. La migración, la violencia endémica, las desapariciones, el tráfico de drogas, la corrupción, la pobreza, son solo algunos de los problemas que ha debido afrontar México durante las últimas décadas. Y el Papa recibió en el mes de diciembre un informe detallado sobre varios de estos aspectos; se lo entregó el obispo de Saltillo (capital del estado de Coahuila, en la frontera norte), Raúl Vera, quien desde tiempo se ha comprometido en la defensa de los migrantes y de los más pobres del país.
Los 43 estudiantes desaparecidos. Vera iba en compañía de Carlos Beristáin, uno de los investigadores de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) encargados de las pesquisas sobre la desaparición delos 43 estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa, a 120 kilómetros de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, que se verificó el 26 de septiembre de 2014. El caso de los 43 normalistas se ha convertido, durante el último año y medio, en el símbolo de una batalla por la legalidad y en contra del narcotráfico, la corrupción de los aparatos estatales y el fenómeno de las desapariciones forzadas, conducida por buena parte de la sociedad civil mexicana. Este caso, del que se han ocupado diferentes jueces en México y también el equipo de antropología forense argentino y la CIDH (ambas bajo una petición de los familiares de los desaparecidos), no ha sido resuelto; de hecho, los chicos que se dirigían en un autobús a una manifestación en la Ciudad de México (para conmemorar el aniversario de la masacre de estudiantes desarmados del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco) se encontraron con un cuerpo de policía municipal de la ciudad de Iguala y desde entonces se desconoce su paradero. Las investigaciones han puesto en el banquillo de los acusados tanto a las organizaciones criminales como a sectores corruptos de la policía. Lo cierto es que los familiares de los chicos, así como muchos otros representantes de organizaciones involucradas en cuestiones sociales delicadas (empezando por el fenómeno migratorio), han pedido un encuentro con el Papa durante su próximo viaje a México. Este caso es uno de los que aparecen en el informe que entregó mons. Vera «en las manos del Papa», como él mismo indicó al periódico «Reforma». «Se trata —dijo Vera— de informaciones sobre la realidad de México, relacionadas con los migrantes, los desaparecidos, los casos de tortura, las cárceles». Los documentos contienen testimonios de miles de víctimas y el obispo de Saltillo ha informado directamente al Pontífice, dado que diferentes grupos y asociaciones sentían la urgencia de informar a Papa Francisco sobre todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo en el país. Por otra parte, precisó Vera, se trata de cosas que «dije también durante una reunión de la Conferencia Episcopal de México». El informe entregado por mons. Vera no es el único que ha llegado desde México a las manos del Papa. En 2014, de hecho, mons. Ramón Castro Castro, nombrado obispo de Cuernavaca, en el violento estado de Morelos, por Papa Francisco en 2013 y actualmente Presidente de la Comisión justicia, paz y reconciliación del episcopado mexicano, habló con Bergoglio sobre la violencia en su estado. Durante su encuentro, mons. Castro entregó al Papa un informe de 80 páginas sobre los hechos sangrientos que se habían verificado en la región. Otros documentos también hablan de la violencia que han sufrido algunos sacerdotes.
Denuncias sin efecto. No hay que olvidar que Morelos es el mismo estado mexicano en el que acaba de ser asesinada, el 2 de enero de este año, Gisela Mota (del Partido Revolucionario Democrático, PRD), que había sido elegida alcaldesa de Temixco. Una vez más los carteles del narcotráfico que dominan la región y el país. Según mons. Castro, el homicidio de Gisela Mota es un ejemplo de lo que sucede en algunas regiones de su diócesis, como Puente de Ixtla, Coatlán del Río y Amacúzac, realidades en las que los miembros de la criminalidad organizada han cometido sistemáticamente sus crímenes sin que las autoridades hayan sido capaces de intervenir. Mons. Castro también explicó que muchas de las personas afectadas por la violencia han acudido a él para hablar sobre el terror en el que viven; también ha habido muchas denuncias a nivel estatal y federal, pero no se ha obtenido ningún resultado concreto. Es más, en muchas ocasiones, las denuncias que habrían podido llevar al arresto de los responsables (bien conocidos) de los mayores grupos criminales de la región (como los de los «Guerreros Unidos» o los «Rojos»), no surten ningún efecto. De hecho, la producción y el tráfico de drogas sigue expandiéndose por todo el territorio nacional (el cártel más poderoso en la actualidad es el de Sinaloa) y provoca todo un corolario de violencia y corrupción incluso en los más altos niveles institucionales. Una realidad que toca tocado también a la Iglesia, si se recuerda el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, en 1993. Su homicidio, catalogado durante mucho tiempo como una equivocación (versión oficial siempre criticada por la Iglesia de México), debe ser atribuido, por el contrario a los intereses polacos y económicos relacionados con el narcotráfico que el mismo Posadas había denunciado.
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