No están lejos los tiempos en que los nativos de Perú eran sometidos a esterilización para que no se reprodujeran en la proporción característica de su tradición y por la ignorancia en el uso de métodos anticonceptivos modernos. Más reciente es la preocupación de las Naciones Unidas para que la práctica de la esterilización de las mujeres no se repita en Perú ni en ninguna otra parte y al mismo tiempo la voluntad del organismo supranacional de punir las violaciones que se produjeron en este sentido en el curso de las últimas décadas. Tal como los 6000 casos que ocurrieron entre 1995 y 2001 en Perú, durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) y que ahora una delegación del gobierno peruano encabezada por el viceministro de Derechos Humanos Miguel Ángel Soria Fuerte ha reconocido ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en una audiencia que se llevó a cabo el pasado 25 de abril.
Según los especialistas en derechos humanos que presenciaron la audiencia, la esterilización forzada contra las poblaciones indígenas podría ser encuadrada entre los crímenes de genocidio desde el momento en que esa práctica clandestina puede llegar a impedir la perpetuación de un grupo étnico. El Comité para la eliminación de la discriminación racial de las Naciones Unidas, que controla el cumplimiento de la Convención internacional sobre el tema de la esterilización forzada, solicitó a Perú que adopte las medidas necesarias para asegurar que la investigación del caso de esterilización forzada se lleve al cabo sin demoras, de manera exhaustiva, y vele porque los responsables sean debidamente castigados y las víctimas tengan acceso a una reparación adecuada”.
El Comité, compuesto por 18 expertos independientes elegidos por el voto de los países que han ratificado dicha Convención, acogió con satisfacción “la creación del Registro” de las víctimas de estas gravísimas violaciones de los derechos humanos, así como “la noticia de la reapertura del proceso” que involucra a mujeres indígenas que sufrieron esterilizaciones forzadas, las que “continúan enfrentando dificultades para acceder a la justicia y al Registro” mencionado.
Los 18 especialistas que se reunieron a fines de abril provienen de los principales países asiáticos (China, Japón y Corea del Sur); entre ellos hay también un afrodescendiente de Colombia, un indígena de Guatemala, un ruso hispanoparlante, una gitana de Hungría, dos negros de ex-colonias francesas en África, un turco, un español, una estadounidense, un belga, un brasileño, una jamaiquina, una mauritana y un argelino que lo preside.
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