36 años después de la masacre de El Mozote, un simple pero valiente juez de El Salvador, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, demuestra estar decidido a buscar justicia y verdad para las víctimas de la matanza que se realizó en ese y otros poblados del país entre el 8 y el 13 de diciembre de 1981, cuando el Ejército de la dictadura salvadoreña exterminó a cientos de campesinos, mujeres, ancianos, adolescentes y niños. Los temibles comandos antiguerrilleros del gobierno, tras ejecutar una verdadera masacre de inocentes, se retiraron del lugar de siete operativos (El Mozote, La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz) dejando escrito en las paredes “Por aquí pasó el Batallón Atlacatl, los angelitos del infierno”.
Las crónicas de la época. Las crónicas de la época relatan que «el batallón Atlacatl, cuerpo especial del ejército salvadoreño entrenado por la CIA de los Estados Unidos y comandado por el coronel Domingo Monterrosa, entró en el pequeño cantón (caserío) de El Mozote, al este del país. La gente de este cantón siempre apoyó a los guerrilleros del FMLN que luchan contra la dictadura salvadoreña con alimentos y ayudas. El coronel Monterrosa decide castigar esa traición. Los soldados entran en el cantón y obligan a los pobladores a reunirse en la plaza, separándolos en grupos de hombres, mujeres y niños. A los que se niegan, les disparan a quemarropa en la nuca y caen como muñecos de trapo; a los hombres que quedan los encierran en la iglesia y la hacen saltar con dinamita. Las mujeres son reunidas en el centro de la plaza, algunos soldados eligen las más bellas y las llevan detrás de los árboles, las violan y después las degüellan, ponen a las otras en fila y las matan con ráfagas de ametralladora. Los niños y los recién nacidos lloran aterrorizados por los gritos y los disparos, y por el viento frío que trae el olor de la carne quemada de los hombres en la iglesia. Algunos son arrojados a los hornos de pan que todavía están encendidos, a los más pequeños y livianos los arrojan al aire y los traspasan con la bayoneta. Exterminaron a todos, solo lograron escapar una mujer y un niño, que observaron ocultos la masacre de la que serán para siempre los únicos testigos».
El juicio recién volvió a abrirse el pasado mes de septiembre y ya se escucharon casi 30 testimonios, pero en realidad el proceso judicial comenzó con una denuncia que presentó Pedro Chicas Romero el 26 de octubre de 1990. Hasta 1993 se hicieron algunas tímidas investigaciones, pero después de la firma de los Acuerdos de paz (1992) se aprobó una Ley de amnistía que puso fin al avance de la Justicia.
Posteriormente, en 2012 y después en 2016, dentro y fuera del país se había solicitado la reapertura del proceso, pero recién con los testimonios del general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y del general Juan Rafael Bustillo Toledo, ex jefe de la Fuerza Aérea salvadoreña, el juicio adquirió un interés mediático relevante. El domingo pasado el arzobispo de San Salvador, mons. Luis Escobar Alas, en la tradicional conferencia de prensa después de la Misa, recordó la larga y complicada historia de este juicio y pidió que se llegara a la verdad y se hiciera justicia. El prelado agregó luego que la Iglesia está disponible para abrir sus archivos sobre el período de la guerra interna para que se pueda utilizar el material de extraordinario valor que contienen, en este y otros casos judiciales. Estas fuentes históricas de la época constituyen un verdadero tesoro, creado y defendido por el beato Oscar A. Romero, que en el pasado fue objeto de diversas maniobras para apoderarse de miles de documentos que preserva.
Archivo de la Oficina de Tutela Legal. El 20 de octubre de 2013 monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, declaró a la prensa con firmeza: «Los archivos de la Oficina de Tutela Legal no serán entregados a la Fiscalía General de la República». Estos archivos son propiedad de la Iglesia salvadoreña y conservan la memoria histórica documentada de no menos de 50.000 casos de personas que desde su fundación (1977) por deseo del arzobispo Óscar Romero, pidieron protección y ayuda a las autoridades eclesiásticas locales, sobre todo cuando los derechos humanos de los salvadoreños eran violados sistemáticamente, en especial por los regímenes de derecha.
En octubre de 2013 funcionarios de la Justicia intentaron realizar el inventario de estos miles y miles de documentos, la mayoría de los cuales están asentados en papel. Monseñor Escobar Alas se propuso dejar muy clara su posición afirmando: «Si alguien piensa que permitiremos que nos expropien estos documentos, debe saber que no lo permitiremos». En esos mismos días el arzobispo era objeto de numerosas críticas de diversos sectores porque había decidido cerrar las oficinas de Tutela Legal, organismo heredado de la obra pastoral de sus predecesores, Arturo Rivera y Damas y Óscar Romero.
El 3 de noviembre de 2013, cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema salvadoreña establecieron, con una sentencia clara y definitiva, que los archivos de la oficina de Tutela Legal, recientemente cerrada por decisión del arzobispo Mons. Luis Escobar Alas, que anunció una reorganización del organismo eclesial, son propiedad de la Iglesia Católica local y nadie está autorizado a sustraerlos ni a acceder a los miles de documentos y soportes de audio y video que integran este importante patrimonio de la memoria histórica del país.
Pocas semanas antes, la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Dirección de Patrimonio Cultural habían intentado apropiarse de estos archivos con el pretexto de la decisión del arzobispo de reorganizar la Oficina. La prensa local oficialista hizo circular la acusación, gratuita y sin fundamento, de que se pretendía hacer desaparecer esa documentación. La Corte Suprema ordenó a los dos órganos del Estado que detuvieran cualquier tipo de medida orientada a sustraer a la Iglesia local este archivo y declaró perentoriamente que el archivo no puede ser consultado por nadie y la Iglesia Católica de El Salvador, como hizo hasta ahora, tiene el deber de «resguardar y custodiar debidamente el contenido de dicho acervo documental» con imparcialidad y cuidado.
El arzobispo de San Salvador repitió hace pocos días con renovada firmeza que la Iglesia salvadoreña no está dispuesta a entregar o permitir que se hagan públicos los archivos de la ex Oficina de Tutela Legal del arzobispado, afirmando que estos documentos son propiedad de la Iglesia Católica y no permitiría que tuvieran acceso a los mismos personas que no tienen una legítima razón. Lo que está en juego es la confidencialidad de las víctimas que en el pasado confiaron en la Iglesia y solicitaron su ayuda. Afirmó que estaba dispuesto a dar la vida para defender la confidencialidad de las víctimas.
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