“La Bestia” ya no volverá a atacar. El gobierno mexicano suspendió la concesión a la empresa de transporte Chiapas-Mayab y la sangrienta línea que conducía a Estados Unidos, a la que subían tantos centroamericanos en busca de una nueva vida – aunque muchas veces solo encontraban la muerte – pasará a ser un recuerdo. También lo llaman “tren de la muerte”, y no hace mucho habíamos contado la historia de algunos prófugos que no pudieron saltar a tiempo sobre los vagones en marcha y perdieron piernas o brazos. Para no hablar de los que terminaron en manos de las bandas de trata de seres humanos o de narcos que están a la caza a lo largo de las vías. El 23 de agosto se cumplieron seis años de la tragedia de San Fernando, cuando 72 migrantes fueron masacrados por la criminalidad organizada, once de los cuales todavía no pudieron ser identificados.
Precisamente debido a esos antecedentes, “La Bestia” ha sido jubilada “por causas de interés, utilidad públicos y seguridad nacional”, anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del gobierno mexicano. El comunicado se refiera de manera clara y directa al accionar de bandas criminales en las zonas a lo largo de las vías, desde el robo de materiales hasta el intento de subir clandestinamente a los trenes. Asimismo se afirma que las inversiones de la empresa, comenzando por las correspondientes a la seguridad, tampoco se han cumplido.
Por su parte, la empresa de transporte rechaza todas las acusaciones y contaba con conservar la concesión que tiene desde 1999, tal como estipula el contrato, hasta 2049. El abogado Paulo Diez afirmó que se trata de “una mala broma”, porque desde hace nueve años es el Gobierno federal (y no una empresa privada) el que ha asumido la responsabilidad de la línea ferroviaria, que se encuentra en pésimas condiciones. Esa situación es lo que obliga a los trenes a circular a velocidad reducida, facilitando los propósitos de los migrantes. El abogado insiste en que se trata de “una persecución política” e informó que su cliente iniciará acciones legales. “Si la compañía es incapaz de evitar que la gente se suba a los vagones, no es un problema solo de ellos, sino del Gobierno federal”, agrega Martín Barrón Cruz, un académico que elaboró un estudio sobre este tema, rechazando las razones de “seguridad nacional” que por otra parte, subraya, debería aplicarse también a los que administran las autopistas, en pésimas condiciones de mantenimiento. Evidentemente, concluye, el criterio de juicio no es igual para todos. Entre tanto, se intenta prever cuáles pueden ser las nuevas rutas para los desesperados. Algunas parecen ya establecidas, a través de la selva de Chiapas o siguiendo recorridos casi imposibles que cruzan por Tabasco, Oaxaca y Veracruz.
El tren de la muerte ya no volverá a matar. Pero el camino hacia la libertad está lleno de trampas para los centroamericanos que escapan de una vida sin futuro.
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